Muy grave: se consolida el desmantelamiento de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación

El exjuez Alberto Baños, actual secretario de Derechos Humanos, siempre tuvo gesto adusto que reforzó voluntariamente con un bigote profuso, pocas palabras y una actitud de perpetua desconfianza ante cualquiera que hablase con él. Fue un estilo de la época en la que se inició en la carrera: entró al Poder Judicial en plena dictadura. Con el correr de los años y en los pasillos del Juzgado ganó la fama de "duro entre los duros". Todos sabían, además, que profesaba enorme admiración por las fuerzas de seguridad y por sus integrantes, al menos por los de alto rango. 

Quien no pareció ganarse su respeto fue el oficial de la policía metropolitana Arshak Karhanyan, el pibe de 28 años que también estudiaba ingeniería informática y que de un segundo a otro desapareció el 24 de febrero de 2019 luego de pasar por un comercio donde compró una pala de punta mientras estaba de franco. La causa en la que debía investigarse el destino de Karhanyan durmió en los cajones del despacho de Baños, quien además se negó sistemáticamente a correr de la pesquisa a la Policía Metropolitana, la misma fuerza a la que pertenecía el muchacho, a pesar de que había cometido un sinnúmero de irregularidades. 

Baños renunció a su cargo de juez en septiembre de 2023 sin resolver ese caso y luego de haber fallado en casos resonantes como la masacre de Cromañón o el robo de las manos de Juan Domingo Perón; cuando el por entonces candidato Javier Milei confirmaba sus grandes chances de llegar a la presidencia. 

A Milei lo unió desde ese momento un lazo poderoso que se consolidaría en diciembre cuando un viejo amigo asumió como ministro: Mariano Cúneo Libarona.  Baños entabló amistad con él en la década del 70, cuando los dos eran empleados que cosían expedientes. Ni bien se hizo cargo de la cartera, Cúneo decidió quitar un fragmento del nombre ministerial, hasta entonces llamado "de Justicia y Derechos Humanos" y pasó a ser solo de "Justicia". De la parte serruchada y desde el 10 de diciembre, se hizo cargo Baños que estrenó un rol en una repartición del gobierno: la Secretaría de DDHH a la que llegó para pasar, él también, una motosierra. Para la nueva administración, era el tipo preciso. 

En 2009 Baños fue parte de un episodio violento: junto a su custodia de la Policía Federal Argentina se tiroteó con delincuentes que aparentemente quisieron robarle cuando estaba estaba entrando a su casa en la zona sur del conurbano. A "El Duro" no le tembló el pulso y se habló del asunto por mucho tiempo entre la "familia judicial". Integraba el fuero ordinario por lo que Baños no tuvo actuación en las causas de lesa humanidad, pero aún así pudo torcer el destino carcelario de un genocida: en 2010 concedió un hábeas corpus que presentaron familiares del exministro de economía de la dictadura José Alfredo Martínez de Hoz. Gracias a Baños, el siniestro representante de la pata civil del Proceso dejó el Penal de Ezeiza, donde estaba preso, para poder internarse en la Clínica "Los Arcos", un beneficio negado al resto de los comunes mortales detenidos.

Un "duro" que llegó a la Secretaría a punta de pistola

Quince años después de ese suceso, el lobby de los genocidas y sus defensores es más intenso que nunca en pos de su indulto o prisión domiciliaria, porque nunca como con éste sintieron que un gobierno les era más afín. De hecho, uno de los reclamos de la "familia militar" es el cierre de la Secretaría de Derechos Humanos que desde diciembre, lidera Baños, por lo que la vida, como en un bucle, vuelve a ponerlo en un sitio desde el que puede favorecer, o no, los deseos de los criminales. Una de las formas de hacerlo es dinamitando desde dentro la Secretaría de Derechos Humanos, ese "curro" tan odioso para los reivindicadores de la dictadura. 

La llegada del exmagistrado a las oficinas de la Secretaría, en el tórrido verano pasado, fueron por todo lo alto. Al predio donde funcionó la ExESMA, uno de los centros clandestinos de detención y exterminio, arribó -vaya simbolismo- rodeado de patovicas enfierrados, algo que no se había visto desde hacía cuarenta años. Cuando se iniciaron los despidos y en medio de un "ruidazo" a modo de protesta, uno de los custodios de Alberto Baños amagó con desenfundar su arma. 

Vale recordar, además, que El Museo Sitio de Memoria Esma fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad, y un lugar de "valor universal excepcional", tal lo dicho en sede de la Unesco durante la sesión del comité del organismo que calificó a la ex Esma del mismo modo que al centro nazi de exterminio de Auschwitz. 

A mediados de año Baños redobló la apuesta: sumó más decenas de despidos que sostuvo con integrantes de la Policía Federal, armados y con escudos formando cordones contra los trabajadores que, ignorando aún que habían sido echados, llegaban a cumplir sus funciones en el Espacio de Memoria. 

Durante todo el año hubo despidos por goteo pero en vísperas de Navidad, 2400 familias de trabajadores de la Secretaría fueron anoticiados de su despido. Desde el 1º de enero ya no se cuenta con ellos. En un espacio en donde no sobraba nadie, la política deliberada de desmantelamiento se llevó puesta también el sustento de miles de personas. 

Las actividades que van desde los juicios de lesa humanidad y las querellas que encara la Secretaría, el acompañamiento a las víctimas de violaciones de derechos humanos, el sostenimiento de los espacios de memoria en todo el país, hasta otras áreas de Justicia como la línea 137 de asistencia a víctimas de violencia familiar y sexual, los centros de acceso a la justicia, los equipos de abogados, el ex Programa Verdad y Justicia, el Archivo Nacional de la Memoria, la Dirección Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional y el Centro Cultural Haroldo Conti, entre muchos otros organismos, quedaron en suspenso. Hace un año que se hace poco y siempre es por iniciativa de los mismos empleados, que se cansan de proponer y pedir reuniones sin respuesta. Ahora, ya ni eso. 

Preocupación en organismos de Derechos Humanos

Es obvio que la pérdida de estos puestos de trabajo pone en riesgo la conservación, clasificación y guarda de la información sobre el terrorismo de Estado y dificulta la posibilidad de aportar pruebas a los juicios de lesa humanidad, algo muy conveniente para algunos fogoneros de indultos y libertades a genocidas, de los que en Data Clave dimos cuenta. 

En una carta abierta, distintos organismos de derechos humanos insisten en la restitución de 2400 trabajadores que perderán su fuente de trabajo a partir del 1º de enero. 

“El despido de cientos de trabajadores, trabajadoras, profesionales, operadores y administrativos terminará por destruir la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación”, se titula el comunicado firmado, entre otros, por Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, H.I.J.O.S. Capital y la APDH. Allí exigen la continuidad de los trabajadores debido a que el cese de esas contrataciones impactará "de manera brutal en los distintos programas y servicios vinculados con la defensa de los derechos humanos y las políticas de Memoria Verdad y Justicia".

“Desde los organismos de Derechos Humanos afirmamos que continuar violentando los derechos laborales y las políticas de Memoria constituyen delitos gravísimos, pasibles de ser considerados incumplimiento de deberes de funcionario público y por los cuales, ministros y secretarios deberán responder, tanto en el nivel local como internacional”, dijeron.

El documento, firmado también por la Liga Argentina por los Derechos Humanos, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) y el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH), adelantó que llevarán estas decisiones ante los poderes Legislativo y Judicial para "hacer cumplir la Constitución y el estado de derecho, amenazados por personajes políticos que desprecian los valores acuñados en la vida democrática". 

“Desde la recuperación de los gobiernos constitucionales y el pacto democrático consensuado en la Constitución de 1994, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los Crímenes de Lesa Humanidad, son políticas de Estado con jerarquía constitucional que ningún gobierno puede soslayar”, agregaron.

Mientras tanto, los genocidas presos en cárceles VIP, que suman solo el 20% de todos los condenados -el resto cumple prisión domiciliaria- hostigan y persiguen a periodistas de Data Clave. En ese sentido, iniciaron una causa por “atentar contra su buen nombre y honor”. Entre sus múltples actividades están las reuniones con diputados oficialistas; hacer lobby en la justicia a través de organizaciones como "Justicia y Concordia";  y descansar felices sabiendo que buena parte de los funcionarios de gobierno, como Baños, no solo los reivindican, sino que harán todo lo posible por una política de silencio y olvido de los crímenes más atroces. Deberían comprender, todos ellos, que cuando se dijo "Nunca Más", era "Nunca Más".