El informe del Observatorio "Ahora Que Sí Nos Ven" advierte que en los primeros nueve meses del 2024 hubo un femicidio cada 33 horas. Se registraron 197 víctimas de violencia machista en el país, y Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba lideran la lista de provincias afectadas. El 74% de las víctimas conocía a su agresor y, a pesar de las denuncias previas, la justicia sigue fallando en la protección.

Durante el 2024, Argentina ha visto cifras alarmantes en cuanto a femicidios, con un total de 197 asesinatos de mujeres entre enero y septiembre. Esta realidad se ha traducido en un promedio devastador: una mujer es asesinada cada 33 horas en el país. El informe del Observatorio "Ahora Que Sí Nos Ven" detalla que las provincias más afectadas son Buenos Aires (incluida CABA), Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Chaco y Misiones, con Buenos Aires liderando los números con 79 víctimas.

De las 197 víctimas, el 74% tenía algún tipo de vínculo con su agresor. En la mayoría de los casos, la mujer era pareja o expareja del hombre que terminó con su vida. En cuanto al lugar de los hechos, la casa de la víctima sigue siendo el espacio más peligroso: más del 60% de los crímenes ocurrieron dentro de los hogares. Este dato evidencia que las mujeres y diversidades no están seguras ni siquiera en su propio domicilio, a pesar de haber medidas de protección judiciales en muchos casos.

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A lo largo de los primeros nueve meses del año, las armas blancas fueron el método más utilizado para perpetrar estos asesinatos (29,9%), seguido por armas de fuego y casos de asfixia. El informe destaca además la alarmante cantidad de intentos de femicidios: 231 en total, muchos de los cuales pudieron haber terminado en tragedias aún mayores de no ser por la intervención o la mera suerte.

Lo más preocupante de este contexto es la inoperancia de las autoridades para evitar estos crímenes. El 17% de las mujeres asesinadas había presentado denuncias previas, y el 9% contaba con medidas de protección judiciales activas al momento de ser atacadas. Pese a esto, la falta de acción por parte de la justicia deja en evidencia la desprotección a la que se enfrentan las víctimas. Además, al menos 191 niños y niñas quedaron huérfanos en lo que va del año como consecuencia de los femicidios.

El actual gobierno de Javier Milei ha sido fuertemente criticado por sus decisiones en torno a la problemática de la violencia de género. Desde la llegada al poder, su administración ha recortado y vaciado instituciones y programas diseñados para abordar esta crisis, dejando a muchas mujeres y diversidades sin los recursos necesarios para protegerse. Un ejemplo claro es el despido masivo del 80% del personal de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género y la posterior renuncia de Claudia Barcia, entonces ministra encargada del área.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, ha adoptado una postura polémica frente a estas críticas, negando la relevancia de la diversidad de género y promoviendo lo que él considera "valores familiares tradicionales". Según el funcionario, la familia y la biología deben ser los pilares de la sociedad, rechazando explícitamente lo que denomina "inventos subjetivos" en relación a las identidades sexuales.

La postura del gobierno, en lugar de abordar de forma urgente el aumento de la violencia machista, parece fomentar un discurso de rechazo hacia las diversidades y mujeres, sumando tensiones a un contexto ya de por sí alarmante.

A nivel internacional, organizaciones de derechos humanos y colectivos feministas continúan elevando la voz, señalando que la política de recortes y el discurso negacionista del gobierno no solo desprotegen a las mujeres, sino que también generan un caldo de cultivo para que la violencia de género se perpetúe. La falta de inversión en políticas públicas y la reducción de programas de asistencia no son una respuesta adecuada a una problemática que, evidentemente, sigue creciendo.

Mientras tanto, la sociedad civil sigue reclamando justicia y mayor protección para las víctimas, exigiendo que los discursos que desestiman la violencia de género cesen y que las acciones de protección se fortalezcan.