Luego de una feria judicial donde se presentaron varios amparos contra la habilitación de actividades de exploración sísmica y explotación petrolera frente a las costas del Partido de General Pueyrredón, la justicia federal de Mar del Plata está en condiciones de avanzar y definir si dicta una cautelar para frenar cualquier tipo de avance, por lo menos hasta que se defina si la decisión estatal es constitucional.

Al filo de la feria judicial, el 30 de diciembre pasado, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación emitió una resolución donde se habilitaron una serie de permisos de exploración hidrocarburífera sobre el Mar Argentino. El proceso comenzó en 2018, cuando el por entonces gobierno de Mauricio Macri llamó a un concurso público internacional para la adjudicación de los permisos. El proceso siguió adelante en 2019 y ya en 2021, bajo la presidencia de Alberto Fernández, se realizó la audiencia pública.

Debido a la publicación de la resolución, se presentaron en la jurisdicción de Mar del Plata distintos amparos donde se busca invalidar todo el proceso y evitar que se lleve adelante la explotación. Desde un particular hasta el intendente Guillermo Montenegro, pasando por organizaciones como Ambientalistas Autoconvocados, Greenpeace, Surfrider, Asociación de Surf Argentina, Patagonia Natural, MAR, Kula Earth, Surfistas de Necochea, Asociación Gral Alvarado de Surf y Ecos del Mar coincidieron en el reclamo.

La exploración sísmica es el método que utilizan las empresas para encontrar petróleo en el fondo marino y funcionan efectuando disparos submarinos con cañones de aire. Las ondas sonoras de los disparos viajan son captadas por sensores remolcados detrás del buque de exploración y luego se crean mapas que se utilizan para determinar las ubicaciones para la perforación y las características del yacimiento.

“Esta práctica es muy dañina para el Mar Argentino ya que impacta sobre su biodiversidad de manera sistémica. La sísmica amenaza la vida de organismos de todos los tamaños, desde la base de la cadena trófica como el zooplancton hasta predadores tope como la orca. Se ha descrito que puede comprometer la viabilidad de peces e invertebrados en la fase larval, así como también provocar desorientación, cambios de comportamiento, estrés, discapacidad auditiva, lesiones masivas y hasta la muerte a mamíferos y aves. Dentro de este grupo cabe destacar a la ballena franca austral, el delfín común, las orcas, los lobos marinos y los pingüinos de Magallanes, que cuentan con intereses de protección especiales a escala internacional”, dice una de las presentaciones a la que tuvo acceso Data Clave.

Tweet de Rafael Colombo

La cantidad de reclamos judiciales, sumado a la repercusión pública que tuvieron las manifestaciones y la relevancia que actualmente manejan las causas donde se ponen en foco cuestiones ambientales hizo que existieran movimientos durante enero, etapa en donde en general los expedientes no tienen actividad debido a la feria judicial. Además de los amparos, se presentaban en ese mismo acto cautelares para que suspenda la resolución del Ministerio y se paralice cualquier actividad hasta que se resuelva el fondo de la cuestión.

En esa línea, a mediados del mes pasado la titular de la Fiscalía Federal N°1 de Mar del Plata, Laura Mazzaferri, consideró que había que conceder la cautelar para que se suspendan las actividades hasta que se realice una evaluación ambiental estratégica. Marcó que se debía hacer foco en la contaminación sonora de la actividad de exploración sísmica y “en la falta de un estudio de impacto ambiental imparcial en relación con la exploración y eventual explotación, que contemple además todos los ribetes potencialmente dañosos de la actividad denunciada”.

Una vez que la fiscal se expidió, el juez Santiago Martín le pidió una respuesta al Ministerio de Ambiente. En el medio, el magistrado que estaba de feria durante la segunda quincena determinó que se debían unificar todos los expedientes. “Todas las causas están acumuladas y entendemos que eso fortalece el reclamo”, manifestó el abogado ambientalista Rafael Colombo a Data Clave y agregó: “nuestra acción tuvo la suerte de poder reunir organizaciones de base, territoriales y comunitarias, de la costa atlántica, con las que veníamos trabajando”.

Tweet de Rafael Colombo

Dentro del expediente están presentadas incluso planillas con las firmas que las distintas organizaciones fueron recolectando en distintas manifestaciones realizadas en la Costa Argentina y en otros puntos del país. La semana pasada, el Ministerio de Ambiente envió las respuestas a los reclamos, que van desde los análisis realizados por la Subsecretaría de Hidrocarburos hasta el contenido de la Audiencia Pública.

El juez Martín tiene la definición sobre el otorgamiento de la cautelar y bajo qué alcances para recién después definir sobre el fondo de la cuestión y una posible nulidad de la resolución ministerial. Cualquier decisión tendrá que ser revisada por la Cámara Federal de Mar del Plata.

En los distintos amparos -ahora unificados- se hace foco en la protección de los derechos a un ambiente sano, equilibrado y apto para las generaciones futuras, a la participación ciudadana y al acceso a la información ambiental.

“Además de ser la principal causa del calentamiento global, la historia de la industria petrolera es la historia de explosiones, derrames, filtraciones, escapes y múltiples desastres, dónde millones de barriles de oro negro degradan territorios y contaminan mares y océanos”, marcó el abogado Colombo e hizo referencia a lo sucedido en Nigeria con la explosión de un “buque- plataforma”. “Este caso que nos interesa especialmente por ser la "tecnología" que quieren utilizar en nuestro país”, explicó.