Negocio atomizado, disputa entre bandas y regulación policial fallida: las claves de la tragedia de Puerta 8
Un número aún indeterminado de muertos por aspirar cocaína "cortada" con fentanilo pone nuevamente en discusión el rol de la policía en el control del narcomenudeo y obliga a un replanteo integral del abordaje estatal al problema del consumo de estupefacientes. Los perejiles detenidos y los verdaderos dueños del negocio. El "doble pacto" que une a la política con el crimen organizado. ¿Quién es quién en la disputa de bandas detrás de esta masacre?
El número de muertes aún es incierto. Oficialmente, hasta el cierre de esta nota, eran 20 las víctimas fatales por intoxicación generada a causa del consumo de cocaína adulterada con un opiáceo (probablemente fentanilo) que cayeron "como moscas" tras haber inhalado esta sustancia letal para cualquier ser viviente; y 49 los que se encontraban internados, 21 de ellos "en estado desesperante" con asistencia respiratoria mecánica en hospitales de San Martín, Tres de Febrero y Hurlingham.
Según el parte oficial distribuido en las primeras horas del jueves "durante la madrugada del jueves 3, los ingresos y consultas al sistema de salud fueron en su mayoría casos leves que quedaron en observación y no se requirió interconsulta con el Centro Provincial de Toxicología. Estos casos refirieron alteración del estado de conciencia, vómitos, mareos y cefalea".
Sin embargo, las fuentes consultadas por Data Clave dan cuenta de una magnitud mucho mayor. "Esto es un caos, los muertos son muchos más, pensá que en una sola noche en las villas de Puerta 8 y Lanzone (ubicadas en la zona de Campo de Mayo, Loma Hermosa), se pueden llegar a vender hasta cinco mil dosis tranquilamente, si la cortaron con este veneno, los muertos se van a contar de a cientos", apunta una fuente policial que trabaja en la zona desde hace más de veinte años.
"En los pasillos del asentamiento hay varios cadáveres que nadie declaró todavía y los que se reportan como graves, ya no tienen retorno, se van a morir, esto va a ser una masacre que va a quedar en la historia triste de nuestro país", completa el informante absolutamente ganado por la angustia que le genera la situación desesperante.
La tragedia alcanza ribetes nunca antes vistos. Entre las principales hipótesis investigativas, aparece un ajuste de cuentas entre bandas dedicadas al narcomenudeo que se disputan el control del territorio, esbozan las fuentes de la la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 9 especializada en Drogas ilícitas de Morón, a cargo de los fiscales Antonio Ferreras y Ernesto Lovillo, que trabaja en el caso. Pero la explicación no alcanza para comprender la magnitud que puede suponer tamaño accionar criminal por parte de grupos ávidos por retener un negocio con dividendos incalculables.
Acá comienzan a cruzarse las historias de los narcos históricos del Oeste, como "Mameluco" Villalba, sus lugartenientes como el "Rengo" Pacheco y los herederos de las paradas tras la detención de ambos por causas ligadas a la comercialización de estupefacientes. El personaje clave en esta trama se llama Maximiliano Alegre, más conocido por su apodo: "Alicho".
"Alicho laburaba para Mame en San Martín hasta que cayó preso, después quedó bajo las órdenes del Rengo, pero desde que lo detuvieron al Rengo el negocio se desmadró. Como ahora Alicho cayó preso, otro grupo le quiere comer la parada", confirma la fuente. Aparentemente este grupo pertenece a una banda que opera en la famosa Villa 18, en la localidad bonaerense de Billinghurst, que "se quieren comer Puerta 8, Lanzone y todo este corredor y se vienen cagando a tiros cada dos por tres", relata un ex integrante de la Brigada de San Martín.
Este jueves, en el marco de un operativo dispuesto por el juez Juan Manuel Culotta de Tres de Febrero, fue detenido Joaquín Aquino, “El Paisa”, ligado a “Alicho”, cuyo nombre surge en la causa por crimen de un inspector de la Policía Federal cometido meses atrás. Los procedimientos, esta vez, se realizaron en Ezeiza, Esteban Echeverría, Villa Loyola y Villa Sarmiento. “El Paisa” fue arrestado en José C. Paz, y se le encontró una Glock 9 milímetros con la numeración limada y tres celulares.
Custodios del negocio
Son muchos los hombres de la fuerza de seguridad bonaerense que observan el deteriorio de lo que, alguna vez, supo ser "la regulación del mercado de los estupefacientes". Es que, históricamente, el modelo punitivo instalado desde principios de la década del setenta cuando Richard Nixon declaró "la guerra frontal contra las drogas" cuenta con la inestimable colaboración de los dispositivos policiales de control que se trasformaron en reguladores del negocio.
"El Estado, a través de las prácticas ilegales de sectores activos y poderosos de sus policías, no sólo forma parte del narcotráfico, sino que ha sido el factor determinante de su expansión y configuración actual" asegura el ex ministro de Seguridad santafesino y especialista en delito complejo Marcelo Sain. Un factor que agrava la situación es que la dirigencia política gambetea el debate de fondo. Incluso, algunos dirigentes han llegado a señalar que los polinarcos "son funcionarios deshonestos institucionalmente aislados que no comprometen al resto de la organización ni, muchos menos, a sus responsables políticos".
Lo que se intenta ocultar es que el involucramiento policial en el narcotráfico "es la consecuencia inevitable de una modalidad de gestión del crimen inscrita en un doble pacto de gobernabilidad de la seguridad pública que se impuso en Argentina desde los años 80 y que se transforma en la base del problema actual", añade Sain. Este doble pacto implicó, por un lado, la delegación del gobierno de la seguridad por parte de las sucesivas autoridades gubernamentales a las cúpulas policiales (pacto político-policial). Y, por otro lado, el control de los delitos, y en especial de la criminalidad compleja, por parte de la policía a través de su regulación y su participación (pacto policial-criminal).
La regulación policial ha permitido la generación y posterior expansión de los principales mercados ilegales de bienes y servicios, tan rentables como peligrosos. En ese amplio espectro se ubican desde las drogas ilegales, hasta la venta de repuestos obtenidos del desguace de automóviles robados, y el de los servicios sexuales provistos a través de la explotación de personas.
Lo particular del caso argentino es que la regulación policial del crimen apuntó básicamente a evitar que las reglas formales sean efectivas, es decir, suspender la aplicación de la ley y crear espacios con una “regulación interna sui generis” que resulten propicios a los emprendimientos criminales.
"La cana vende la protección al narco que cotiza según la magnitud del negocio del puntero, las puestas pueden ir desde las doscientas lucas hasta el palo por semana", aporta un referente barrial de la 18 en diálogo con Data Clave. Esto significa, no solo liberar la zona para no detener a ningún puntero que responda al traficante local, sino también la detención o liberación de presos, la protección de informantes, entre otros "servicios adicionales".
O sea, va mucho más de una "coima" que pide el policía de calle para llevarse un mango más al bolsillo y compensar los magros salarios que perciben. "Se trata de una serie de transacciones ilegales estructurantes del propio negocio criminal mediante las cuales la fuerza de seguridad brinda estabilidad y protección a la trama criminal, garantizándole previsibilidad", explica el experto Matías Dewey en su trabajo “Illegal Police Protection and the Market for Stolen Vehicles in Buenos Aires”, publicado en el Journal of Latin American Studies.
Acción y reacción
El primer reflejo del gobierno bonaerense ante la crisis provocada por el caso de la cocaína adulterada, fue enviar a su mejor bombero, el ministro de Seguridad Sergio Berni. Resistido por muchos, ponderado por otros, el funcionario más indómito de la administración Kicillof organizó un operativo que rápidamente "encontró" el búnker del que presuntamente había salido la droga en mal estado. "Evidentemente la policía sabía que en ese lugar se vendía falopa, porque llegaron enseguida y rompieron todo", le dijo a este cronista un vecino de Puerta 8.
Producto de los operativos hubo 10 detenidos y se secuestraron alrededor de 6 mil dosis de droga, cuyas muestras fueron enviadas a La Plata para ser analizadas y determinar su composición química. De acuerdo a las palabras del propio Berni, “los detenidos no son narcotraficantes importantes, no son personajes relevantes, pero pueden aportar información valiosa en la investigación, nunca en un lugar así están los peces gordos, siempre se encuentran ‘soldaditos’, que por lo general son menores de edad que entran por una puerta y salen por la otra”, lamentó.
Tras romper un par de casas precarias y secuestrar algunas dosis de lo que se presume, era la sustancia cortada con fentanilo, Berni apeló a la conciencia ciudadana y lanzó una frase que generó muchas polémicas. "En este momento estamos tratando de ubicar la sustancia tóxica para sacarla de circulación. Es importante la promoción de lo que está pasando por parte de los medios para advertir a quienes hayan comprado droga en las últimas 24 horas que tienen que descartarla", dijo.
Durante la jornada el Ministerio de Salud provincial constituyó un Comité de Emergencia para seguir la evolución de los casos en tiempo real y en articulación con los servicios de toxicología de la red bonaerense. Por otro lado se reforzó la distribución de medicamentos para el adecuado tratamiento de los pacientes, se sumaron dos unidades UTIM para el sistema de traslados y se emitió un alerta epidemiológica a todos los hospitales bonaerenses.
El propio Axel Kicillof monitoreó desde Moscú -donde se encuentra participando de una gira internacional junto a la comitiva que encabeza Alberto Fernández- la situación junto a sus principales colaboradores. "A raíz de los hechos de público conocimiento sobre fallecimientos y hospitalizaciones producto del consumo de cocaína envenenada en el AMBA, nos reunimos con el comité de emergencia provincial para abordar la situación de forma inmediata", explicó a través de su cuenta de twitter el gobernador. Durante la madrugada de este jueves Kicillof evaluaba la posibilidad de adelantar su regreso y retornar a la Argentina en las próximas horas.
Momento para debatir el tema de fondo
Para el Director del Observatorio de Política Criminal Ariel Larroude "ante casos como estos, es necesario debatir una nueva ley de drogas en la Argentina, ya que la actual quedó obsoleta es un debate pendiente de la democracia, de magnitudes similares a temáticas como el aborto". Abrir esta discusión -algo siempre propuesto, pero nunca concretado- supondría no solo "dejar de perseguir al consumidor sino, principalmente, darle una mirada de salud a dicho consumo", agregó el especialista.
La razón es simple:para poder saber qué se consume, quién produce el estupefaciente y cuáles son las advertencias sobre la salud de manera clara y concreta, es necesario que el Estado ejerza una regulación más estricta sobre la producción y distribución de estas sustancias, máxime en un contexto donde a la sociedad argentina consume cada vez mas más drogas. "Ya no solo somos un país de tránsito hacia Europa, sino un pais con elaboración y consumo propio, uno de lo más altos del mundo", completó el experto.
De acuerdo a la mirada de Larroude, "episodios como estos, donde deliberadamente se comercializó cocaina adulterada con el fin de matar gente, nos pueden hacer pensar que los acuerdos tácitos con parte de la policia y la clase política que se financia del delito, están bajo observación".
Por último, el director de la organización especializada en el análisis del delito complejo sostuvo que "es necesario evitar que esto sea la punta de un iceberg como sucedió en Rosario en 2013, donde hasta el día de hoy la policia perdió el control de la calle. No porque eso sea bueno en términos de seguridad, sino porque lo contrario demostró ser peor. Si las bandas criminales, en un tejido social roto por la pandemia, comienzan a autoregularse, vamos a acercarnos a tener oligopolios violentos. Lugares donde las bandas criminales tienen allanado el camino para resolver sus problemas al margen de la ley sin consecuencias reales".