Tras los distintos ribetes políticos que trajo la aprobación de la movilidad jubilatoria, el Gobierno decidió salir a marcar su propia agenda y concentrarse en lo que cree será uno de los éxitos de su gestión. La implementación del Régimen de Incentivo de las Grandes Inversiones (RIGI) fue confirmada hoy en el Boletín Oficial y allí se dice que tiene como objetivo brindar incentivos y “un sistema de protección de derechos adquiridos” a los titulares de un único proyecto de inversión, pero que deberá ser superior a los USD 200 millones.

El vocero presidencial Manuel Adorni aseguró hoy que la reglamentación significa “una garantía a la confianza a las inversiones” para que “generen trabajo y mejoren los salarios reales”, ya que “hay estimaciones que indican que en una década esto va a permitir triplicar las exportaciones que tiene hoy la Argentina, generando 185.000 millones de dólares por año en exportaciones sólo por lo que genera esta ley”.

Los detalles

Las empresas que quieran adherir tendrán dos años para hacerlo y el Poder Ejecutivo quedará autorizado a extender ese plazo por hasta un año. Son ocho los sectores que podrán formar parte del beneficio: forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía y el rubro de “petróleo y gas”. Para la gran mayoría se exige un mínimo de inversión de USD 200 millones, pero hay algunas excepciones.

Las inversiones de petróleo y gas destinadas a transporte y almacenamiento deberán superar los USD 300 millones, en tanto que las realizadas con fines de exploración y explotación tendrán que ser mayores a USD 600 millones.

Por otro lado, las empresas tendrán una exención del pago de Derechos de Importación para traer bienes de capital, repuestos, partes e insumos. “Las importaciones de bienes de capital nuevos, repuestos, partes, componentes y mercaderías de consumo, así como las importaciones temporarias efectuadas por los VPU adheridos al RIGI, se encontrarán exentas de derechos de importación, de la tasa de estadística y comprobación de destino, y de todo régimen de percepción, recaudación, anticipo o retención de tributos nacionales y/o locales”, dicta la normativa.

Durante los primeros tres años del proyecto no habrá tampoco derechos de exportación, o sea retenciones.

Adorni vs senadores

En otro tramo de su conferencia, el funcionario aseguró hoy que la aprobación de la Ley de Movilidad Jubilatoria en el Congreso de la Nación demuestra que “la irresponsabilidad fiscal de la vieja política conspira, otra vez, contra el equilibrio fiscal”. En su habitual conferencia de prensa, Adorni señaló que la ley aprobada ayer en el Senado “atenta contra el superávit fiscal”, porque el texto de la normativa “no tiene recursos asignados ni previstos, lo que implica que debería financiarse con emisión monetaria, que lleva a lo más a tener inflación, y significa que todos vamos a ser más pobres”.

El vocero dijo que los legisladores nacionales “están haciendo demagogia, porque ellos saben que lo que plantean es infinanciable”, e indicó que para el Gobierno nacional “no importa lo que pase, el equilibrio fiscal es absolutamente innegociable”.

En ese sentido confirmó que “el veto a esta ley será total” ya que “el único camino para aumentar el poder adquisitivo de los jubilados es exterminar para siempre el déficit fiscal, que es la causa madre de la inflación”.