En un contexto de creciente tensión por el conflicto de coparticipación, los principales actores políticos de la Nación y la Ciudad de Buenos Aires se preparan para la audiencia clave convocada por la Corte Suprema el próximo 22 de agosto. La disputa, que tiene sus raíces en la decisión del gobierno de Alberto Fernández de reducir los fondos destinados a la Ciudad en 2020, sigue siendo un tema espinoso que enfrenta a ambas administraciones.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, intentó suavizar el conflicto al declarar en el marco del Council of the Americas que existe "una excelente relación con Jorge Macri", el actual jefe de gobierno porteño. Estas declaraciones fueron realizadas frente a un público de grandes empresarios y buscan descomprimir el clima previo a la audiencia, que será un punto de inflexión en la disputa.

Por su parte, Jorge Macri reconoció en el mismo foro que "tenemos tensiones con Nación, pero gobernar se trata de eso". El jefe de gobierno porteño también subrayó que, a pesar de las diferencias, existe una voluntad de trabajar en conjunto y destacó la actitud del presidente Javier Milei en la búsqueda de puntos en común. Sin embargo, Macri no dejó de mencionar los desafíos que enfrenta su administración respecto a la autonomía y la distribución de fondos.

El conflicto por la coparticipación se originó en septiembre de 2020, cuando Horacio Rodríguez Larreta, entonces jefe de gobierno porteño, presentó una demanda contra el gobierno de Alberto Fernández por la reducción de los fondos coparticipables asignados a la Ciudad de Buenos Aires. El decreto 735/20, que estableció esta reducción, fue considerado inconstitucional por la administración porteña, dando inicio a una prolongada batalla legal.

En las semanas previas a la audiencia, la Procuración porteña ha insistido en que la Nación sigue incumpliendo con la medida cautelar dictada por la Corte, que ordena el "goteo" automático del 2,95% de los fondos coparticipables. La administración de Jorge Macri sostiene que los pagos discrecionales realizados por Nación, como el reciente desembolso de $20 mil millones, no son aceptables, ya que podrían ser interrumpidos arbitrariamente.

Mientras tanto, desde el entorno de Uspallata, la sede del gobierno porteño, se desliza que la intención es llegar a un acuerdo a través del diálogo político, evitando un enfrentamiento judicial directo. Sin embargo, la postura de la Nación, que interpreta de manera diferente la Ley de Coparticipación, ha complicado las negociaciones, y el escenario de un acuerdo amistoso parece cada vez más lejano.

Luis Caputo, ministro de Economía, será el encargado de representar a la Nación en la audiencia del 22 de agosto, donde se espera que las partes expongan sus argumentos ante la Corte. La audiencia será un momento decisivo para determinar el futuro de la distribución de fondos entre Nación y la Ciudad de Buenos Aires, y podría sentar un precedente importante para las relaciones fiscales entre el gobierno central y las provincias.

La situación sigue siendo delicada, y aunque ambos lados muestran gestos de disposición al diálogo, las tensiones subyacentes continúan. La proximidad de la audiencia judicial añade presión a las negociaciones, y el resultado de la misma podría tener implicancias significativas no solo para la Ciudad de Buenos Aires, sino también para el federalismo fiscal en Argentina.

En este escenario, el rol de la Corte Suprema será crucial. La decisión que tome en los próximos días no solo definirá el destino de los fondos en disputa, sino que también podría influir en el equilibrio de poder entre la Nación y las provincias, en un momento en que las tensiones fiscales se encuentran en su punto más álgido.