El rol de la PFA, Milman y el financiamiento del ataque: los detalles de la recusación de CFK a la jueza Capuchetti
La querella de la vicepresidenta presentó el pedido de recusación contra la magistrada por supuesta "imparcialidad" y "falta de objetividad". Los ejes de la presentación y las principales críticas a la investigación a casi dos meses y medio del atentado.
Tal como lo había adelanto en sus redes sociales, la querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó este lunes el pedido de recusación contra la jueza federal María Eugenia Capuchetti, que tiene a su cargo la causa por el atentado ocurrido el pasado 1 de septiembre.
A través de su cuenta de Twitter, Fernández de Kirchner confirmó la presentación. "El apartamiento no se debe a una situación concreta, sino a un cúmulo de irregularidades que han hecho que nuestra poderdante pierda la confianza en la magistrada interviniente", señala el documento.
La querella de la exmandataria le atribuyó a Capuchetti "imparcialidad" y "falta de objetividad". "Así, es imposible seguir. Estamos ante una de las causas más relevantes de nuestra historia democrática, y necesitamos que la investigación esté liderada por alguien voluntarioso/a y que las decisiones las tome un/a juez/a imparcial, comprometido/a con la verdad y la justicia, y no con no molestar a quienes no hay que molestar", argumentó.
Sin embargo, la intervención de Capuchetti no cayó bien dentro del kirchnerismo desde el minuto uno de la investigación, entre otras cuestiones, por haber sido designada durante el Gobierno de Cambiemos al frente del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 5, que dejó vacante Norberto Oyarbide.
Las líneas investigativas y el rol de Milman
Los abogados de la querella que representa a la vicepresidenta cuestionaron a la magistrada por "impulsar una sola línea investigativa" y "bloquear toda hipótesis que vaya más allá de Brenda Uliarte, Fernando André Sabag Montiel y Gabriel Nicolás Carrizo", quienes se encuentran actualmente detenidos por el ataque. Y añadieron: "Esto, aun cuando hay numerosa prueba que señala otros caminos".
Parte de la presentación apuntó a Gerardo Milman, quien fue viceministro de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri y es diputado nacional por el PRO, a partir de la declaración de un testigo que declaró en la causa.
Se trata de Jorge Abello, quien declaró que había estado en el bar “Casablanca” y había escuchado a Milman decirles a dos mujeres -asesoras- “cuando la maten voy a estar camino a la costa”.
En la causa se comprobó que Milman estuvo ese día con las mujeres en el bar, que son sus asesoras y que efectivamente viajó, un día antes del atentado a la costa. Carolina Gómez Mónaco y a Ivana Bohdziewicz fueron citadas a declarar y al principio negaron la reunión y haber estado en Casablanca, pero luego lo reconocieron cuando les mostraron los videos que registraban su presencia en el lugar, cuando entraban y salían del lugar.
El papel de la Policía Federal
Entre los hechos, la querella señaló una serie de irregularidades respecto a la cadena de custodia y el peritaje del celular de Sabag Montiel. También hizo hincapié en lo sucedido con la detención de Uliarte: "En vez de dar la orden urgente de detenerla, la jueza esperó para materializar la medida, cuando no había nada que sopesar".
"Nos llama poderosamente la atención que, dadas las tres situaciones que acabamos de describir, la jueza no haya investigado en lo más mínimo a la PFA. Esta fuerza estaba presente el día del atentado, supuestamente perdió el contenido del celular de Sabag Montiel, tardó tres horas en interceptar las llamadas de Brenda Uliarte y la dejó escapar", advirtieron los abogados y añadieron: "La magistrada gasta sus (escasas) energías en investigar a la custodia vicepresidencial, mientras que no ha puesto la mirada en la PFA ni por un segundo".
La sospecha del financiamiento
Otro de los puntos de la presentación se relaciona con la investigación de todo aquello relacionado con el financiamiento y la causa que tiene el juez Marcelo Martínez de Giorgi contra los integrantes de Revolución Federal por difundir “mensajes de odio, actos intimidatorios y manifestaciones violentas” contra diferentes funcionarios del Gobierno, entre ellos, la expresidenta.
En esta causa, el fiscal Gerardo Pollicita busca profundizar la hipótesis sobre el posible financiamiento de la agrupación Revolución Federal y sus supuestos vínculos con la firma Caputo Hermanos S.A.
"Cada vez hay más vínculos entre Revolución Federal y Uliarte, que parece haber estado, como mínimo, en dos marchas de esta agrupación", concluyeron los abogados.