Por estas horas, el fiscal Gerardo Pollicita busca profundizar la hipótesis sobre el posible financiamiento de la agrupación Revolución Federal y sus supuestos vínculos con la firma Caputo Hermanos S.A.

Para el representante del Ministerio Público Fiscal, Jonathan Morel y Leonardo Sosa organizaron la agrupación Revolución Federal, de la que luego formaron parte Gastón Guerra y Sabrina Basile, y desde la cual llevaron a cabo un presunto “esquema delictivo que diseñaron para imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuera y el temor”.

Todos los integrantes de la agrupación fueron procesados por el delito previsto en el artículo 213 bis del Código Penal –aún no se encuentra firme- y excarcelados por decisión de la Sala I de la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal.

Pollicita cree que se valieron de manifestaciones “intimidantes” en redes sociales, medios de comunicación, repartiendo folletos y hasta mediante protestas autoconvocadas para difundir “mensajes de odio, actos intimidatorios y manifestaciones violentas” contra diferentes funcionarios del Gobierno, entre ellos, la vicepresidenta Cristina Kirchner. “Todos presos, muertos o exiliados”, fue uno de los lemas que utilizaron.

Pero mientras avanza la investigación, el fiscal quiere profundizar sobre el posible financiamiento de la actividad por parte de terceras personas y puso el foco en dos fideicomisos relacionados con la compañía Caputo Hermanos S.A. a partir de un reporte de la Unidad de Información Financiera (UIF).

El fiscal Pollicita pone la lupa sobre el financiamiento de Revolución Federal

Morel negó esta teoría y dijo que existía una relación comercial con su carpintería, con el objeto de amoblar las edificaciones construidas y comercializadas por estas firmas. Revolución Federal también pedía donaciones a sus seguidores de las redes sociales, según se desprende de la causa a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi.

Así, el fiscal quiere saber si se apoyó con dinero el accionar ilícito del grupo o si la versión de Morel es veraz, es decir, solamente fue una contraprestación por los servicios prestados por la carpintería, ubicada en Boulogne, provincia de Buenos Aires. Para ello, ordenó una serie de "ordenes de presentación con allanamiento en subsidio". 

Uno de los procedimientos se centró en el edificio construido por Caputo Hermanos en Vaca Muerta, Neuquén, a través del fideicomiso Espacio Añelo, es decir, el fideicomiso que hizo las transferencias millonarias, para constatar si los muebles que los Caputo dicen que le encargaron a Morel efectivamente están en el lugar y, de ser así, determinar si el precio que se pagó fue real. También puso la mirada en la firma IDERO, la empresa a cargo de la construcción y administración del edificio para el cual supuestamente contrataron a Morel.