El juez federal Marcelo Bailaque procesó ayer jefe narco Esteban Lindor Alvarado, por lavado de activos y le trabó un embargo de 100 millones de pesos. Lo hizo el mismo día en que se conoció que un hijo del contador del clan trabajó en su juzgado varios años.

El magistrado federal está acusado frente al Consejo de la Magistratura por haber evitado investigar al jefe narco, cuando en 2013 un alto jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria le pidió intervenir sus teléfonos. 

“Sebastián Mizzau confirmó a LA NACION que desde 2017 ingresó como contratado al juzgado de Bailaque y que tres años después fue nombrado por la Cámara Federal. Reconoció que su padre tiene una antigua amistad con el juez. Bailaque y Gabriel Mizzau, padre del sumariante, fueron compañeros de la secundaria en el colegio Dante Alighieri y tienen una relación cercana", dijo el periodista Germán de los Santos. 

Mizzau hijo trabajó en ese juzgado hasta el mes pasado, momento en que fue ascendido como integrante de la dotación del Tribunal Federal Oral 3 de Rosario.

Si bien se aclara que ni el contador ni su hijo se encuentran en este momento imputados en causas en trámite, no deja de llamar la atención el vínculo con Alvarado detenido en el penal de Ezeiza, condenado por nacotráfico y homicidio.

Según consigna la prensa local, además de Alvarado, Bailaque procesó con prisión preventiva a Patricio César López Coronel, Lucas Fabián González y Nahuel Yamir Clavero como presuntos integrantes de la asociación ilícita y coautores de las maniobras de lavado investigadas. Cada uno de ellos fueron embargados por la suma de 100 millones de pesos.

Por su parte, procesó por lavado –y no como miembros de la asociación ilícita– a Germán Darío Lauretti, Gustavo Armando Cárdenas, Diego Emanuel Fraietta y César Humberto López Sena, a quienes otorgó la excarcelación bajo el pago de una caución real de 15 millones de pesos. También les trabó un embargo de 30 millones de pesos a cada uno.

Hace dos meses, el Consejo de la Magistratura decidió abrir un proceso contra el juez Bailaque, luego de que fuera denunciado por fiscales rosarinos que llevaron adelante las investigaciones contra Alvarado.

El sumario se habilitó dos años después de que los fiscales Luis Schiappa Pietra, Matías Edery y María Eugenia Iribarren pidieran durante los alegatos finales del juicio que tenía como principal imputado a Alvarado que se investigara al juez.

Entonces pidieron, "la remisión de las actuaciones al Consejo de la Magistratura para que se evalúen posibles responsabilidades de Marcelo Bailaque contra Esteban Alvarado entre los años 2013 y 2015 en función de la declaración que realizó durante el juicio el Comisario General de la Policía de Seguridad Aeroportuaria Emilio Maximiliano Lencina. De dicha declaración surgiría que el magistrado se habría negado a intervenir teléfonos de tres personas en tres oportunidades, y recién luego de 11 meses hizo lugar a la misma".