El "clan" De la Torre y los negociados con la constructora EIDICO de Jorge O´Reilly

Patricia Stábile nació y vivió toda su vida en Bella Vista. Con la intención de comprar un terreno, inició las tratativas con el dueño de una finca que debía algunos impuestos municipales, por lo que la mujer se hizo cargo de ellos, que pagó religiosamente durante seis años. En 2017 y con la intención de cercar el predio llamó a una empresa para alambrar. 

No habían puesto el primer poste, cuando llegaron a la esquina de Lago Traful y Rafael Obligado dos patrulleros de la policía municipal y dos motos conducidas por lo que -luego Stábile sabría- eran funcionarios municipales que frenaron la obra y le reclamaron que se dirigiera a la Municipalidad para hablar con Héctor “Bebe” Calvente quien era, por entonces, Secretario General de Gobierno del Municipio, hasta asumir luego como Secretario de Seguridad.

Así lo hizo, y en la entrevista Calvente le dijo que ese terreno era de tenencia precaria del Municipio, que lo tenía bajo su órbita para desmalezar y limpiar por pedido de su dueño, un señor residente en Córdoba, que no tenía ningún interés en conservar la propiedad. Stábile puso al corriente que ella estaba a cargo del pago de los impuestos desde varios años atrás, cosa que irritó sobre manera al "Bebe", que empezó a maltratarla y a exigirle que deje de pagar.

Un año después Stábile firmó con el dueño la escritura de compra-venta y ya como titular del predio se dirigió a la Municipalidad para iniciar los trámites a su nombre, cosa que logró. Pero al querer construír, empezó la pesadilla. Una mañana agentes municipales rompieron el candado y pusieron un cartel que rezaba: "Predio en custodia municipal". La dueña legítima, entonces, retiró ese cartel y puso otro que decía: "Propiedad privada". Y comenzó una batalla en todos los órdenes cuyo fin era no solo evitar que la dueña del terreno construyera su casa -un viejo anhelo de casi tres décadas por la casa propia- sino que desistiera incluso de la propiedad.

Apareció un supuesto comprador, Ignacio Ramiro Malcorra, un empresario gastronómico, que se presentó con un boleto de compra venta diciendo que había pagado -no se supo a quien puesto que para entonces los dueños anteriores habían fallecido- por esa parcela. Eso detuvo la obra, porque empezó un litigio por titularidad.  Los documentos municipales aparecieron adulterados y con interlineados, y en una boleta impositiva agregaron la leyenda "Predio en custodia municipal" (lo hicieron en una sola, hay sesenta anteriores, pagadas, que no la tienen). Con todo eso, el Municipio armó un expediente. Stábile entonces recurrió a Manuel De la Torre, por entonces Secretario de Hacienda y hermano de Joaquín De la Torre, mandamás sanmiguelino.

Manuel la recibió amablemente, hojeo los papeles de la voluminosa carpeta que le presentó la vecina, y la cerró diciendo: "No te preocupes, nosotros lo que hacemos es cuidarte el terreno".

Desde ese momento, cada vez que Stábile fue a su predio, donde sueña aún tener su casa, llegaba algún funcionario municipal: Si no era Julián Segovia, de la Dirección General de Tierras, era Agustín González del Solar, de Asuntos Jurídicos, o Lorenzo González Devoto. O los dos juntos. O los tres con, además, personal de seguridad municipal como Hugo Lamera, con largo historial de aprietes.

Stábile sigue teniendo la titularidad del terreno, contrató un arquitecto pero los planos, que esperan ser admitidos en el Municipio, duermen el sueño de los justos a la espera de una firma. En el Juzgado Civil y Comercial nro. 6 de San Martín, Stábile -quien además es abogada- presentó una denuncia y probó sus dichos, aún no hay ningún tipo de resolución.

El suceso no es único ni aislado, parece ser la muestra de un esquema de negocios que incluiría a personal municipal y a empresas constructoras de alta gama, como EIDICO, de Jorge O´Reilly, quien además de empresario es un hombre fuertemente ligado a los sectores más conservadores de la Iglesia Católica y cuyo nombre sonó como posible embajador ante la Santa Sede en representación del gobierno de Javier Milei, un motivo más de coincidencia con los hermanos De la Torre, de quienes es amigo.

¿Quién es quién en esta trama?

Julián Segovia, de la Dirección General de Tierras

Campo Canale era un barrio de emergencia que empezó a florecer durante la dictadura militar. Desde hace alrededor de quince años y durante mucho tiempo, los vecinos resistieron los embates, veladas amenazas, extorsiones y finalmente las topadoras que Julián Segovia dirigió hasta demoler las viviendas. Los vecinos que aceptaron irse recibieron, en 2021, un millón de pesos en compensación. Los demás, nada.

Eran setenta casas de material que estaban en el lateral del campo propiamente dicho que luego de la demolición fue loteado por la empresa constructora EIDICO, que también tiene otros emprendimientos urbanísticos en San Miguel.

La constructora de O´Reilly loteó el predio en centenas de unidades y construyó el complejo "Pueblo Vista", que incluye dos barrios privados: "Village Joven" y "Village Plaza". Cada unidad ronda los 600 mil dólares de valor comercial.

Las acciones de los funcionarios del intendente Jaime Méndez fueron ejecutadas sin intervención del poder judicial y de un modo por lo menos sospechoso en términos del método aplicado desde el municipio. El responsable de esta acción fue Segovia, Director General de Tierras y también, según él mismo se jacta, un amigo personal de Joaquín De la Torre. 

Agustín Sánchez Sorondo, Secretario de Planeamiento Urbano y ¿testa de EIDICO? 

Agustín Sánchez Sorondo es abogado, e integrante de una familia patricia que incluye a reconocidos integrantes del clero. El tío de Agustín, Ignacio Sánchez Sorondo fue también abogado y  el representante legal de la constructora de O´Reilly.

El vínculo de Sánchez Sorondo con los De la Torre es religioso, amistoso y político. Cuando Joaquín fue Ministro de Infraestructura en el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se llevó a Agustín para cubrir el puesto de Director provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial. Fue, además, vicepresidente de "Autoridad del Agua" (ADA) y mientras cubría ese rol tuvo severas denuncias junto a otros funcionarios por no haber controlado, por ejemplo, la situación de los humedales y el cauce del Río Luján alterados por la construcción indiscriminada de la Constructora EIDICO.

La denuncia por "asociación ilícita, crímenes hidrogeológicos e hidrológicos" incluye también, entre otros funcionarios provinciales, a Sánchez Sorondo y a De la Torre, y que señalan al primero como "testaferro de Eidico y cabeza visible de la asociación ilícita que urde esta felonía agravada".

Sanchez Sorondo, previamente, había sido el responsable del Departamento General de Irrigación  de la provincia de Mendoza, a donde llegó de la mano de la "Fundación Contemporánea", organización de la mas rancia derecha católica. desde su puesto facilitó también algunas excepciones en las leyes de cursos de agua para que EIDICO pueda construír sus barrios cerrados en esa provincia.

Terminado su paso en la provincia de Buenos Aires, volvió a San Miguel, siempre acompañando a De la Torre, y se hizo cargo durante la gestión de Méndez de la Secretaría de Planeamiento y Desarrollo Urbano. Esta es la repartición que lidera las acciones de control, por ejemplo, de los terrenos como el de Stábile.

José Enrique Richards, el funcionario que logró excepciones para EIDICO

Es un abogado que trabaja en el Estado desde 2006. Es parte, también, de la “Fundación Concordia” que dirige Pablo de la Torre. Actualmente es parte del Consejo Consultivo de San Miguel en temas de Educación, consejo que también integra  Pablo de la Torre como asesor en Infancia y Salud.

Empezó su carrera política en 2012 y con los De la Torre, como Secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Miguel. Cuando Joaquín pasó a la provincia, Richard fue con él y lo nombraron Subsecretario de Gobierno. En ese puesto fue el encargado de facilitar la legalización de los barrios cerrados, pues en 2011, cuando se desempeñaba como subsecretario de Legal y Técnica en San Miguel, Richards logró imponer en el municipio un mecanismo de “excepción” que permitió saltear una ordenanza y permitir la construcción y comercialización de 327 viviendas –que pertenecían a la familia Macri- en el barrio cerrado Buenos Aires Village, un barrio construido por EIDICO. 

Ya en la provincia, replicó el mismo esquema lo que le valió integrar la causa que comprende también a Sánchez Sorondo y a Joaquín De la Torre por “Asociación Ilícita”. Cuando Pablo de la Torre fue a Capital Humano, se llevó a Richards que pasó a la función pública nacional en el área de educación. Fue despedido esta semana.

"Bebe" Calvente, Ricardo Rojas, Hugo Lamera: seguridad, aprietes y mentiras

El secretario de Seguridad del municipio, hasta diciembre de 2023, fue Héctor “Bebe” Calvente. El subsecretario es Ricardo Rojas, y el director general en la repartición, Hugo Lamera. Rojas fue miembro del Ejército bajo el mando de Jorge Rafael Videla, dato de su currículum que resalta con jactancia, mientras que Lamera era domador de caballos en la Gendarmería.

Junto con Calvente, formaron la tropa que aprieta a los trabajadores de seguridad para que se endurezcan frente a sus vecinos y, cuando alguno se niega a acatar una instrucción, lo tildan de “vago” o de “zurdo”, le descuentan la jornada o lo rigorean con presión psicológica según numerosísimas denuncias del personal policial y de seguridad contra ellos.

Héctor Seballes piloteaba el vehículo de la Policía Municipal de San Miguel (PMSM)  cuando sufrió un accidente cerebro vascular (ACV) que le hizo perder el control de la camioneta y terminó chocando contra un auto en la cuadrícula que le había tocado patrullar. “Llevaba dos semanas y media trabajando 16 horas por día”, contó el ex Policía Federal retirado con cuatro condecoraciones. Venía desde hacía un tiempo siguiendo las actividades de una cocina de droga que funcionaba frente al Cementerio Municipal San Antonio de Padua" pero, al informar a sus superiores de que, por caso, frente al bunker de drogas solía pararse un móvil de la policía municipal, lo cambiaron de destino y le sumaron horas, que terminaron con el ACV.

Cuando todavía era precandidato a gobernador por una de las fracciones de PRO, Joaquín De la Torre organizó un acto para mostrarle a Patricia Bullrich la organización de su patrulla municipal en el predio que funciona como Centro Operativo Logístico de la PMSM en Barrio Obligado. Pato comparó el compromiso del Municipio de San Miguel en el combate a la inseguridad con la presunta impericia de la Intendencia de Moreno en la materia, algo que salió en todos lados y fue un escándalo por la maliciosa comparativa. “San Miguel es el distrito que más ha bajado el delito en todo el país y eso es gracias a todo este trabajo que han hecho”, expresó.

En una oportunidad, el agente José Alberto Berrastro junto al sargento Guillermo Mereles recibieron la orden de detener a dos vendedores de lombrices. Consultó el motivo y antecedentes y al ver que eran dos menores sin ninguna supuesta peligrosidad, no los detuvo. A partir de ahí, denunció, empezó a padecer tratos inhumanos de sus superiores, incluyendo al subsecretario de Seguridad de San Miguel, Rojas, y el director general en la repartición Lamera.

Seballes también denunció que Rojas y Lamera le exigían que "estampara su mocha" por un coche que supuestamente había volcado y, por el incidente, había resultado herido un grupo familiar. Para eso, pretendían obligarlo a admitir que había patrullado una cuadrícula que no le habían asignado y él mismo y el Centro de Monitoreo tenían la prueba de que su recorrido había sido por otros barrios. “Si querés cortar un auto, firmá vos pero a mí no me jodan”, habría respondido Seballes en una discusión picante con Rojas.

Este modo de ejercer el control de la "seguridad" parecen una constante, y comprenden a toda la línea municipal de San Miguel. Lamera acarrea también denuncias de particulares: en 2019 la Asamblea Feminista Conurbano Noroeste denunció que atacaron con gas pimienta y huevazos a las mujeres que participaban de la marcha "Ni Una Menos" en la localidad de San Miguel, recordemos que De la Torre, además y por el mismo tiempo, no solo era el líder de las marchas en defensa de "Las dos vidas" sino que había declarado al municipio todo como portador de esa bandera. Lamera reincidió y una semana después los agentes bajo su mando volvieron a arrojar gas pimienta a una nueva concentración de mujeres.

Otros funcionarios de la estructura

Todos los mencionados tienen vínculo directo con los hermanos De la Torre, algunos de ellos claramente amistosos, o ligados por la religión. La mayoría, en sus redes sociales, lo primero que muestran es su lealtad y admiración por el clan de hermanos. La misma actitud que tienen todos los que fueron contratados para acompañar a Pablo y Manuel al Ministerio de Capital Humano.

Es una red de lealtades e intereses comunes que parece inquebrantable, incluso traspasada por el fervor religioso, la defensa "de las dos vidas", el desprecio hacia el "feminismo", y el odio hacia "zurdos y kirchneristas". Son lazos casi familiares: muchos son padrinos y madrinas de bautismo de los hijos de otros, comparten mesas familiares, misas y numerosas proles. También, posiblemente, comparten ambición de poder y negocios no del todo claros.

Muchos de ellos son parte de la Organización política “Frente Joven”, que dirigió el actual diputado Santiago Santurio -el mismo que acompañó al presidente Javier Milei al foro de VOX en España y que dio un discurso acerca de la importancia de la familia y contra la ley de despenalización del aborto – y que actualmente conduce el marido de Ana Belén Mármora, otra de las eyectadas del Ministerio de Capital Humano, Agustín “El Chino” Caulo.  Esa organización tuvo un rol preponderante en las marchas de defensa “de las dos vidas” e incluso fueron severamente cuestionados por sus maneras violentas contra todos aquellos que consideran “aborteros”.

Otros, son parte de la Fundación “Concordia”, también de enorme peso religioso. Los nexos de estas personas y fundaciones con Jorge O´Reilly son claras: además de los negocios los une una postura clara contra la izquierda política, el feminismo, y en defensa de valores tradicionales ligados a lo más ortodoxo del catolicismo. 

De hecho, O´Reilly comulga con el lefrebvrismo y es padrino financiero y político del sacerdote cuasi fascista Javier Olivera Ravassi, hijo del genocida condenado a perpetua por delitos de lesa humanidad Jorge Olivera. El cura, que reza con un rosario hecho con balas, vive y es sostenido dentro de uno de los barrios cerrados de O´Reilly, y fue quien ayudó al empresario en el lobby con la canciller Diana Mondino y con la vicepresidenta Victoria Villarruel, ambas de su amistad, para conseguir que O´Reilly fuese embajador ante la Santa Sede, cosa que no logró, entre otras cosas, por las publicaciones que oportunamente hiciéramos en Data Clave.

La Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) dice que San Miguel es el municipio menos transparente de la Provincia de Buenos Aires.

No se respeta la Ley Organica de las Municipalidades, no hay acceso al sistema RAFAM, un sofware implementado por la Provincia que permite discriminar al detalle y claramente módulos de presupuesto, contabilidad, tesorería, créditos, contrataciones e inversiones; lo que imposibilita analizar las rendiciones de cuentas; lo que posibilitó que rindieran sin demasiadas precisiones gastos por 60 mil millones durante 2023, cuando aparentemente la cifra rondaría el doble, sin que haya cuenta de nada. 

Del mismo modo, discriminaron en su balance “inversiones temporarias” por 150 millones e "inversiones financieras" por la exorbitante cifra de  42mil millones sin que se sepa cómo, en qué, cuándo y porqué. Mientras, recordemos, la sede de CONIN San Miguel, liderada por Rosario De la Torre, la hija pediatra de Joaquín, será la encargada de la distribución de los kilos de alimentos que sus tíos tenían retenidos en los galpones de Capital Humano, sin contemplar que más allá de sus "inversiones financieras" millonarias a pocos metros del Municipio hay gente con hambre.

Como además cuentan con la mayoría de concejales en el Concejo (24 sobre 13 opositores, sin contar los dos pertenecientes a La Libertad Avanza), tienen asegurada la mayoría por lo que cualquier reclamo, cae en saco roto.