El juicio que se sigue en los Tribunales Federales de Córdoba por la apropiación de la constructora Mackentor, perpetrada durante la última dictadura cívico militar, entrará esta semana en una etapa decisiva, cuando la querella solicite sentar en el banquillo de los acusados a las empresas -una de ellas vinculada al grupo Macri- que se beneficiaron con esa maniobra fraudulenta cometida hace 48 años bajo el amparo del genocida Luciano Benjamín Menéndez, quien comendó el III Cuerpo del Ejército en los tiempos del terrorismo de Estado.

Se trata de un Proceso Especial de Cumplimiento y Ejecución que se desarrolla después de un largo trámite judicial que incluyó una sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y un fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó la realización de un nuevo juicio para analizar este caso.

“Esto es el Papel Prensa cordobés, pero con pruebas más sólidas. La intervención de la dictadura para concretar la apropiación de la empresa es clara y está expuesta”, señaló en declaraciones a Data Clave el abogado Juan Carlos Vega, quien representa a la querella que siguen las víctimas, descendientes de Natalio Kejner (ya fallecido), quien era el principal accionista de Meckentor al momento de la usurpación.

La empresa tenía su sede en Córdoba y realizaba también operaciones en Buenos Aires y todo el país. Tenía además una fábrica que producía caños de alta presión y había ganado una licitación para realizar la obra de un acueducto entre las localidades de Villa María y San Francisco. Esa operación puso a la empresa en la mira de sus competidores y de los esbirros de Menéndez.

En la madrugada del 25 de abril de 1977, efectivos armados a órdenes del III Cuerpo del Ejército irrumpieron en las oficinas de Mackentor, en Córdoba y Buenos Aires. Secuestraron documentación e impidieron el ingreso de los empleados. Los accionistas de la firma habían sido acusados de “financiar a una organización guerrillera”, algo que nunca se probó en sede judicial.

El entonces titular del Juzgado Federal Número 1 de Córdoba, el magistrado Adolfo Zamboni Ledesma, a pedido de las autoridades castrenses que mandaban en Córdoba, el control jurídico de Mackentor, y designó como interventor a un coronel, Rodolfo Batistella.

Los directos de la firma terminaron en prisión, previo paso por los centros clandestinos de detención de La Perla y La Ribera, a cargo del III Cuerpo, donde fueron torturados y padecieron simulacros de fusilamiento.  

La excusa para acusar a la empresa fue el vínculo que Kejner mantenía con el abogado Gustavo Roca, síndico de Mackentor y abogado defensor de militantes políticos. Tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, el letrado dejó Argentina, pero desde el exterior denunció las atrocidades de Menéndez en Córdoba. El genocida se la tenía jurada y apuntó donde podía hallar alguna vinculación para golpear, y de paso asegurar un negociado.

Alertado de que se vida corría peligro, Kejner dejó el país tras la asonada militar y conducía la empresa desde el exterior. El empresario quedó a salvo del cautiverio ilegal, pero no podría escapar de la rapiña planificada por los cómplices civiles y empresariales de la última dictadura militar.

La empresa Supercemento, cuyos principales accionistas eran por entonces Franco Macri (padre del expresidente Mauricio Macri), Filiberto Bibiloni y Julián Astolfoni, se quedaron con la obra del acueducto Villa María-San Francisco –un negocio de más de 8 millones de dólares— y la fábrica de caños. Otros bienes, quedaron en manos de la empresa La Forestal-Suncho Ganadería.

El Consejo de Guerra de las Fuerzas Armadas no encontró vínculos de los directivos de Mackentor con la guerrilla, y los absolvió. Pero la justicia continuó con la causa y la intervención de la firma hasta el final de la dictadura.

En 1986, los propietarios de la empresa intentaron revertir la usurpación, pero la justicia de la democracia convalidó las acciones de Zamboni Ledesma y ordenó que lo que quedaba de Mackentor se hiciera cargo de las costas del proceso. Cuatro fiscales, Carlos Otero Álvarez, Humberto Vidal,  y Luis Roberto Rueda reclamaron honorarios por haber intervenido en el proceso y en función de ello, la jueza Verónica Francisca Martínez declaró en 2002 la quiebra de la constructora. El despojo quedó consumado.

“La justicia concluyó que las acciones y reclamaciones por este caso estaban prescriptas desde 1979, cuando los directivos estaban ilegítimamente detenidos”, recordó Vega.

Recién en 2016, el caso de esta usurpación fue analizado en el juicio de la megacausa "La Perla”, por parte del Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba, que dio por probados los secuestros y torturas de los directivos, pero avaló las actuaciones de la Justicia Civil en el caso.

Las víctimas recurrieron a instancias internacionales, y la CIDH les dio la razón. El organismo ordenó la realización de un proceso reparatorio en base al estatuto de Roma de crímenes de lesa humanidad, y la Corte avaló ese dictamen con un fallo en el cual determinó la realización de otro proceso con la conformación de otro tribunal.

El pasado 31 de mayo, el Tribunal Oral Federal Número 1, conformado por los jueces Facundo Zapiola, Carolina Prado y Cristina Giordano dieron inicio a este proceso en el cual se analizará la forma en la cual se subsana el despojo sufrido por los propietarios de Mackentor.

La querella representada por Vega y el abogado Eduardo Barcesat basan su postura en el fallo de la CIDH. La causa analiza un hecho de lesa humanidad que fue encubierto. En esa línea, solicitaron ya que se declaren como nulos todos los actos administrativos relacionados con la empresa que fueron dictados desde 1977. Algo que la Fiscalía acompaña.   

“Vamos a pedir que sean citados los propietarios de Supercemento y La Forestal para que respondan por sus responsabilidades en este hecho. Queremos terminar con el Estado bobo que se hace cargo de todo. Tiene que pagar los que se beneficiaron con esta apropiación”, subrayó Vega.

Los jueces deberán decidir en la próxima audiencia, que se realizará el miércoles 13 de junio, si hace lugar al pedido de la querella. En tanto, los abogados del Estado, que responden a las directivas del procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, creen que debería realizarse un nuevo juicio, que analice el caso desde foja cero.

“Hace 47 años que las víctimas esperan justicia. Esto es algo que no puede dilatarse más. No se puede esperar más para reparar todo esto”, razonó Vega.

El letrado consideró que este proceso podría extenderse hasta agosto, cuando podría darse un veredicto en este caso de complicidad civil con la dictadura genocida.