El secretario de Justicia, Sebastián Amerio, anunció el envío de 150 pliegos al Senado para la designación de jueces, fiscales y defensores, con la intención de cubrir las vacantes en el Poder Judicial. En una conferencia de prensa en Casa Rosada, detalló que los pliegos serán enviados “a la brevedad”, pero los tiempos administrativos y parlamentarios complican la situación para el gobierno. 

Acompañado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, el funcionario de la cartera que conduce Mariano Cuneo Libarona afirmó que desde el inicio de la gestión de Javier Milei se estableció como prioridad la designación de jueces idóneos para cubrir las vacantes que hoy existen en todo el país. A su vez, dijo que el actual sistema heredó un déficit del 30% en cargos de jueces y del 50% en fiscales, lo que dificulta su correcto funcionamiento.

“Con esta medida inédita, el gobierno se animó a meterse donde otros hicieron la vista gorda. Los 150 pliegos enviados superan la cantidad que se envió durante el primer año de los mandatos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri”, apuntó Amerio. 

A pesar de los dichos del funcionario, de esos 150, el gobierno había decidido retirar 62 propuestas de jueces, fiscales y defensores oficiales que ya habían sido enviados al Senado durante el gobierno de Alberto Fernández. Según datos oficiales del Consejo de la Magistratura de la Nación, hasta septiembre de 2023 había un 27,3% de cargos sin ocupar en el Poder Judicial.

Respecto a sus implicaciones, el secretario de Justicia aseguró que “esto le cambia la vida a la gente porque los jueces son los que meten presos a los delincuentes”. En ese sentido, agregó: “Para que el que comete un delito vaya preso, necesitamos que haya un juez para condenarlo. Para que el que incumple un contrato pague las consecuencias, necesitamos que haya un juez dictando sentencia. Para que un proceso de adopción llegue a que un niño encuentre una familia, necesitamos un juez que lleve adelante el proceso”.

”Todos los candidatos a jueces que enviaremos al Senado pasaron previamente por una selección que realiza el Consejo de la Magistratura en la que se juzga su idoneidad para ocupar el cargo”, aclaró Amerio.

Por último, señaló que “ahora la aprobación de estos jueces requiere de la aprobación del Senado, es decir, del acuerdo de los distintos partidos políticos que conviven en esa Cámara y en la que el partido del Poder Ejecutivo es minoría". En ese sentido, agregó: "Esperamos por parte del resto de los partidos que se tomen este proceso con responsabilidad, ya que no se trata de sacar ventajas políticas sino de tener un Poder Judicial con las herramientas y los recursos necesarios para resolver los problemas de la gente”. 

Cabe aclarar que, como se trata de cargos nacionales y federales, el Ejecutivo necesita de una mayoría simple, a diferencia de lo que ocurre con la Corte Suprema, donde es necesario una mayoría especial. Desde el gobierno especulan con algunos de los jueces que podrían interesarle a los gobernadores y juegan con la posibilidad de conseguir votos para llegar al número mágico de los dos tercios que le abrirían la puerta a Ariel Lijo y a Manuel García Mansilla al Máximo Tribunal.

Al escenario de negociación constante se suma que el 30 de noviembre finaliza el periodo de sesiones ordinarias y, según contó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, no está previsto convocar a extraordinarias. Esto es importante porque más allá de que envíen a la brevedad los pliegos, deben cumplir con ciertos requisitos administrativos, como la publicación de antecedentes, el tratamiento en la Comisión de Acuerdos y su posterior dictamen. 

El envío de los pliegos se da en medio de fuertes rumores por una posible salida del gobierno del ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cuneo Libarona. Más allá de las pocas gestiones con los sectores judiciales, el gran punto de incompatibilidad del funcionario con el gobierno sería los clientes que mantiene su estudio, principalmente en juicios por defraudación al Estado, como el caso de la minera NRG, elevada a juicio por una operación de rulo financiero y sobre facturación de importaciones con aportes de Homeland Security de Estados Unidos, donde los Cúneo lograron frenar el inicio del juicio oral.