El Gobierno nacional, a través del decreto 747/2024 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, derogó cuatro decretos que desde 2012 y 2021 obligaban al Estado a contratar servicios de empresas públicas como YPF, Aerolíneas Argentinas, Banco Nación y Nación Seguros. Esta medida, firmada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, marca un cambio de rumbo en la gestión pública, alejándose de las prácticas de contratación exclusiva con empresas estatales.

Hasta ahora, las diferentes jurisdicciones del sector público nacional estaban obligadas a utilizar los servicios de estas empresas para diversas funciones: la adquisición de combustibles debía realizarse a través de YPF; los pasajes aéreos para funcionarios y empleados debían ser comprados en Aerolíneas Argentinas o Austral Líneas Aéreas; el pago de haberes se debía efectuar mediante Banco Nación, y las pólizas de seguros debían contratarse a través de Nación Seguros. Estas obligaciones quedaron sin efecto a partir de la derogación de los decretos 1187/12, 1189/12, 1191/12 y 823/21.

El argumento del Gobierno para esta medida se sustenta en la necesidad de eliminar las prerrogativas de las empresas en las que el Estado es accionista. En este sentido, se citó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, firmado por el presidente Javier Milei en diciembre pasado, en el cual se establecía que dichas empresas "no gozarán de ninguna prerrogativa de derecho público ni podrá el mismo disponer ventajas en la contratación o en la compra de bienes y servicios".

El decreto 747/2024 subraya que "la compulsa de diferentes ofertas para la adquisición de bienes o la prestación de servicios aumenta las posibilidades de obtener aquella que sea más conveniente para satisfacer las necesidades del Estado Nacional". Este enfoque pretende promover una mayor competencia en las contrataciones del Estado, buscando así “obtener mejores condiciones económicas y de calidad en los servicios contratados”.

Horas después de la publicación del decreto, el ministro Sturzenegger utilizó sus redes sociales para defender la medida y aclarar su propósito. "Las empresas públicas deben SERVIR a los ciudadanos y NO SERVIRSE de ellos", expresó en su cuenta de X, en una clara alusión a la necesidad de eliminar prácticas que, según su visión, podrían facilitar la corrupción o perpetuar beneficios a una "casta política".

X de Fede Sturzenegger

La decisión del Gobierno ha generado un debate en torno a las implicancias de esta desregulación. Por un lado, se argumenta que permitirá una mayor transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos, al eliminar los monopolios estatales en ciertos servicios. Sin embargo, críticos de la medida sostienen que podría debilitar a las empresas públicas al quitarles una fuente de ingresos asegurada, en un contexto donde estas entidades ya enfrentan dificultades financieras.

El decreto también abre la puerta a que el Estado explore opciones más competitivas en el mercado, lo cual podría incluir tanto a empresas nacionales como extranjeras. Esta movida se alinea con la visión de desregulación que el gobierno de Milei ha venido impulsando desde su asunción, buscando reducir el rol del Estado en la economía y promover una mayor participación del sector privado.

A futuro, se espera que esta medida impacte en los procesos de contratación de las diversas entidades del sector público, que ahora deberán evaluar ofertas en el mercado antes de decidir con quién contratar servicios o adquirir bienes. Este cambio podría tener un impacto significativo en la dinámica del mercado, especialmente en sectores donde las empresas públicas habían mantenido una posición dominante gracias a las normativas previas.