“En los últimos días, cuantiosas publicaciones periodísticas han dado cuenta de una serie de revelaciones que tienen como presunto protagonista al Sr. D’Alessandro, Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, relacionándolo con serios hechos que, de corroborarse, podrían tener relevancia penal, ya que podríamos estar frente a graves hechos de corrupción y/u otros delitos contra la administración pública”, sostiene la denuncia que este mediodía presentó el ministro de Justicia y Derechos Humanos Martín Soria contra el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D'Alessandro, actualmente en uso de licencia.

La presentación judicial incluye una posible acusación por los delitos de "incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho y peculado" debido a lo que se desprende de los supuestos mensajes filtrados de manera ilegal del celular de D'Alessandro. Si bien fue presentada en una fiscalía de los tribunales de Retiro, por el horario no fue sorteada, por lo que aún no se determinó qué juzgado actuará en el caso.

En la denuncia del Gobierno se citan una serie de notas periodísticas que transcribieron los mensajes que supuestamente habría recibido y redactado el ministro porteño, donde se habla de licitaciones con distintas personas, entre ellas Silvia Majdalani, ex Nº2 de la Agencia Federal de Inteligencia.

“El material periodístico publicado expone de un sinnúmero de delitos de acción pública cuya comisión deberá ser investigada pero, además, dan cuenta de un lastimoso problema para la sociedad que tiene que ver con las relaciones espurias entre determinados sectores de la política con sectores económicos concentrados”, se sostiene en la denuncia.

“Las relaciones impropias entre el funcionario de la CABA con funcionarios judiciales, muestran otra cara de la corrupción: la que es servil a los grandes grupos económicos de este país, los mismos que buscaban arreglar licitaciones y conseguir concesiones en detrimento de los intereses de los vecinos de la CABA. Esta promiscuidad entre sectores del poder político, sectores de la justicia y grupos empresarios debe investigarse en profundidad a fin de garantizar el cabal cumplimiento de la Constitución y salvaguardar nuestras instituciones democráticas”, se recalca.

En el escrito, se pide el secuestro del celular del funcionario, así como también que se habilite la feria judicial para el caso, con el objetivo de que el expediente avance durante enero.