El Ministerio de Seguridad presentó una denuncia penal contra miembros de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y de Intercargo por los presuntos delitos de privación ilegítima de la libertad, extorsión y entorpecimiento del transporte aéreo. 

La cartera que encabeza Patricia Bullrich detalló que la medida se debe a una serie de asambleas gremiales que mantuvieron a 2.100 pasajeros en los aviones durante varias horas en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery y en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

El escrito presentado por el abogado y Director Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto, destaca que el accionar sindical mantuvo a más de 900 personas a bordo de seis aviones en Aeroparque, y a otras 1.300 en vuelos detenidos en Ezeiza, ocasionando un grave perjuicio a los pasajeros y a la operativa aeroportuaria.

“Nos encontramos ante un ‘piquete aéreo’ que impidió a miles de personas descender de las aeronaves, entre ellos mujeres embarazadas y niños, quienes debieron soportar más de dos horas en cabinas sin ventilación adecuada, situación que derivó en complicaciones de salud para algunos pasajeros”, señala la denuncia. 

El gobierno denunció a APA y a Intercargo por privación ilegítima de la libertad y extorsión

Esta mañana, el personal de Intercargo encabezó una inesperada asamblea que paralizó sus operaciones en Aeroparque, generando retrasos en los vuelos de varias aerolíneas que dependen de sus servicios. La razón detrás de la medida fue el despido de un coordinador acusado de "demorar la operación" el fin de semana, algo que el sindicato no dudó en calificar de "injustificado y arbitrario".

Desde Flybondi lanzaron un comunicado advirtiendo que sus vuelos podían registrar demoras debido a la medida sindical. "Lamentamos las molestias ocasionadas a nuestros pasajeros por medidas de fuerza adoptadas de manera irracional y sin la mínima consideración del impacto negativo que generan", expresaron en la nota oficial, sumando así un nuevo capítulo de tensión en un clima laboral ya caldeado.

Por su parte, la Asociación de Personal Aeronáutico (APA) no tardó en pronunciarse con contundencia. Según el sindicato, la desvinculación del empleado representa una “provocación directa” en el marco de un conflicto más amplio. “No vamos a permitir este tipo de atropellos, menos aún en medio de la irresponsabilidad de Fernando Montes, presidente de Intercargo, y sus gerentes, que han congelado intencionalmente las negociaciones salariales para perjudicar económicamente a los trabajadores”, lanzaron desde el gremio.

El trasfondo del conflicto parece remontarse a los planes de privatización del actual gobierno. En las últimas semanas, la administración de Javier Milei ha dado varios pasos para abrir el mercado aéreo. Uno de ellos fue habilitar a Flybondi para que realice servicios de rampa, un área hasta ahora controlada por Intercargo. La medida, ejecutada por la ANAC a mediados de septiembre, convirtió a Flybondi en la primera aerolínea autorizada en el país para ofrecer servicios de rampa a otras empresas.

La posibilidad de que Intercargo pierda su monopolio sobre los servicios de "handling" ha aumentado la fricción en el sector. Esta empresa estatal se encarga del manejo en tierra de las aeronaves, incluyendo carga y descarga de equipaje, provisión de escalerillas y remolque de aviones. Para el gobierno, el paso hacia la privatización responde a una necesidad de modernización y eficiencia; para los gremios, es un golpe directo a la estabilidad laboral de cientos de trabajadores.

La protesta de hoy es, según APA, una respuesta a un gobierno que intenta "abrir paso a una privatización sin escrúpulos", y aseguran que no cederán hasta lograr la reincorporación del trabajador despedido. Este hecho ocurre justo cuando la administración de Milei está decidida a avanzar con su agenda de recortes y privatizaciones, poniendo en el centro de la escena a Aerolíneas Argentinas e Intercargo.

Según el escrito presentado por el Ministerio de Seguridad, las acciones del personal sindical también violarían el Código Aeronáutico Nacional, que considera la actividad aerocomercial como un servicio esencial. La cartera que conduce Patricia Bullrich confirmó que ampliará la denuncia con información adicional proporcionada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria y testimonios de los pasajeros afectados.