El Ministerio de Justicia de la Nación, que conduce Mariano Cúneo Libarona, anunció el cierre de 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), que- según precisaron en un comunicado -“brindaban de manera ineficiente servicios propios del Poder Judicial y otras dependencias”.

El Gobierno indicó que la decisión fue tomada tras una auditoría interna realizada en la cartera desde diciembre. “El Poder Ejecutivo determinó que los CAJ acumulaban empleados de distintas gestiones anteriores en dependencias alrededor de todo el país, sin demostrar resultados y duplicando funciones”, señalaron en el comunicado.

“Éstos le costaban a los argentinos más de $8 mil millones por año, algo que en la nueva etapa que vive nuestro país ya no puede ocurrir más. Este Gobierno cuida el dinero de los contribuyentes”, agregaron. 

Por último, indicaron que “todos los ciudadanos tienen garantizado el acceso a la justicia a través del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Defensor del Pueblo, y/o el Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos” y que por lo tanto “es injustificable la financiación de más oficinas, más empleados, y más recursos dedicados a la misma función”. 

X de Ministerio de Justicia

Los Centros de Acceso a la Justicia son espacios que asesoran, asisten y acompañan de manera gratuita a personas con problemas legales o que tienen dificultades para acceder a sus derechos. Hay en total 105 en todo el país, ubicados en todas las provincias. 

“En la Secretaría de Justicia ya tenemos, hasta el momento, 270 despidos desde el mes de diciembre. Ahora, con estas resoluciones, existe el peligro de que tengamos 400 despidos más”, explicó Silvina Silva, trabajadora del Centro de Acceso a la Justicia Padre Bachi de La Matanza y Delegada de ATE de la Secretaría de Justicia. 

Además, desde ATE precisaron que “no existe en el territorio nacional organismo municipal o provincial que realice la misma tarea que los CAJs” y consideraron que la propuesta del Gobierno de que el ciudadano concurra directamente a Fiscalía o a Defensoría “es ampliamente improcedente, e inaccesible para la ciudadanía en general” ya que “un amplio sector poblacional no dispone de recursos simbólicos, materiales ni económicos para acceder a una mínima llamada o mensaje por celular”. 

Asimismo, desde el gremio denunciaron que nunca existió un revelamiento de los CAJ a fin “de evaluar su estado, capacidad de funcionamiento y el logro de sus objetivos” como indicó el Ministerio de Justicia. 

“Desde el 10 de diciembre del 2023 estás dependencias se encuentran acéfalas de autoridades, no habiendo recibido orden alguna sobre metas y objetivos, no habiendo recibido visitas, ni pedido de informes a los equipos”, señalaron y remarcaron: “Aún así los equipos siguen trabajando incansablemente en el acceso y restitución de derechos de la comunidad: atendiendo distintas problemáticas de inquilinos, jubilados, pacientes oncológicos , mujeres en situaciones de violencia de género, despidos de trabajadores, diversas problemáticas habitacionales, escolares, de salud mental, responsabilidad parental, conflictos vecinales, etc”.