El jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, aseguró hoy que le Gobierno nacional tiene la intención de apelar ante la Corte Suprema la decisión de la Cámara Federal que ordenó distribuir las cinco toneladas de alimentos que el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, acopiaba en depósitos de Villa Martelli, en la provincia de Buenos Aires, y en Tafí Viejo, Tucumán. El funcionario defendió la política social del Ejecutivo que encabeza el presidente Javier Milei, al recordar que en los últimos meses “se dinamizó” la Asignación Universal por Hijo (AUH) con “el aumento de sus montos”.

“Los alimentos se están repartiendo conforme a un plan. Pero hay una discusión sobre la actitud de la Justicia respecto a una decisión administrativa del Ejecutivo. El Gobierno seguramente va a apelar esta medida de la Cámara ante la Corte Suprema”, aseguró ayer Francos en declaraciones radiales. 

No obstante, el funcionario aclaró que Capital Humano presentó un plan de distribución para no “caer en desobediencia” ante la Justicia.

“Estos alimentos eran para situaciones de emergencia. No eran para distribuir entre los comedores, porque eso camina por otro andarivel. Ahí el Gobierno dinamizó la asignación universal e incrementó sus montos”.

Sin embargo, Francos no aclaró que, para solicitar la intervención de la Corte Suprema de Justicia, debe solicitarse un “per saltum” para que el expediente por el acopio de alimentos en los depósitos de Capital Humano se saltee una instancia.

En primera instancia, la causa estuvo a cargo del juez federal Sebastián Casanello, quien le ordenó al Gobierno diseñar un plan para distribuir los alimentos. El Gobierno apeló ante Cámara Federal que ratificó esa decisión. Ahora, el expediente debería ser analizado por la Cámara de Casación y luego llegar a la Corte. Pero según Francos, el Gobierno pretende saltarse una instancia para llegar al máximo tribunal. 

Casanello había ordenado al Ministerio de Capital Humano elaborar un plan de distribución inmediata de los alimentos almacenados para comedores populares y merenderos.

Ese cautelar incluía un plazo de 72 horas, algo que el gobierno no cumplió. En el fallo de la Cámara, difundido este miércoles, se dejó en claro que la investigación no pretende delimitar la política alimentaria la gestión libertaria, sino que "intenta establecer si los funcionarios públicos incurrieron en hechos delictivos al haber suspendido la entrega de alimentos a los comedores comunitarios".

“Las leyes penales otorgan las herramientas preventivas concretas que el juez utilizó para intentar, o bien el cese de la comisión del hecho presuntamente delictivo que se investiga, o bien evitar que se agraven sus efectos”, consideró la Cámara, con el voto de los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico.

No obstante, Capital Humano le informó a Casanello que distribuirá los alimentos almacenados en dos depósitos en Buenos Aires y Tucumán entre escuelas con alumnos vulnerables y no a los comedores populares y merenderos.

Así se desprende de una notificación enviada en las últimas horas del jueves al magistrado, en cumplimiento –con algunas horas de retardo- del plazo que le había dado la Cámara Federal para que elaborara un plan de distribución de la comida.

Ni el documento y ni sus planillas adjuntas con el inventario de los alimentos precisan cuáles serán las escuelas que recibirán la comida.

“Se comunicará a la brevedad acerca de las escuelas receptoras como así también las cantidades de productos y fechas exactas de entrega de los alimentos”, informa la comunicación, firmada por Yamila Nano Lembo, quien asumió la titularidad de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia en reemplazo del despedido Pablo De la Torre.

De la Torre debió dejar su cargo tras difundirse una investigación de Data Clave, que reveló el rol que jugó el funcionario en el armado de un sistema irregular de contrataciones que se utilizaba para pagar sobresueldos en Capital Humano.

En medio de las repercusiones por ese hecho de corrupción, se supo que parte de los alimentos acopiados en los depósitos estaban por vencerse, en base a un pedido de información pública formulado por el periodista Ari Lijalad.    

Ante el revés en la Justica, el Gobierno informó que los alimentos serán repartidos entre “escuelas vulnerables”, lo que excluye a los comedores y merenderos que dependen de organizaciones sociales y eclesiásticas.

“Los alimentos restantes existentes en los depósitos van a ser distribuidos a las escuelas vulnerables de todo el país. Se considera escuelas vulnerables aquellas que presentan estudiantes con altos niveles de riesgo infantil y bajos índices de desempeño educativo y socioeconómico”, expresa la comunicación.

Pettovello le asignó la entrega de los alimentos a CONIN, una fundación encabezada por el médico Abel Albino, quien se pronunció en contra de la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo al exponer en una reunión de una comisión del Congreso que analizaba el proyecto. Para fundamentar su postura, el facultativo había dicho incluso que el preservativo no servía para evitar la propagación del virus de HIV, puesto que “el semen es capaz de traspasar la porcelana”.     

Sin embargo, Francos reiteró su defensa a la política social de Pettovello y apuntó contra el referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, quien fue citado a declarar ante la Justicia por presuntas irregularidades en la entrega de facturas en el marco de un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social.

“El Gobierno está haciendo política social de manera diferente a la que venía realizando. La Justicia detectó facturas truchas de este señor (Eduardo) Belliboni, que tanto protesta en los medios. Ese trabajo también lo hizo la ministra de Capital Humano. Separar la paja del trigo: esto es curro y esto es real”, explicó Francos. 

Y enfatizó: “Lo que es real se mantuvo y se incrementó, y lo que es curro, se cortó. Por eso protestan, porque se cortó el curro”.

Lo concreto es que Belliboni está imputado en una causa relacionada con la administración de planes sociales que no está relacionada con la distribución de los alimentos a los comedores que tienen las organizaciones sociales.