La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó indemnizar a las hijas de Mario Roberto Santucho, fundador y líder del Ejercito Revolucionario del Pueblo (ERP), y condenó al Estado Nacional por su secuestro y muerte en manos del Ejército Argentino en la última dictadura militar.

Con la firma de Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, el fallo consideró que la causa no se encontraba prescripta e hizo hincapié en que el cuerpo nunca fue entregado y eso les impidió darle una sepultura digna a su padre.

“Sobre este punto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el derecho de los familiares de las víctimas de conocer dónde se encuentran los restos de sus seres queridos constituye, además de una exigencia del derecho a conocer la verdad, una medida de reparación, y por lo tanto hace nacer el deber correlativo para el Estado de satisfacer estas justas expectativas”, explicaron los jueces.

En ese marco, los magistrados remarcaron que cuando la fuerza fue desplegada desde una estructura del Estado “se configura la obligación -de carácter imprescriptible, dada la naturaleza de los ilícitos estatales- de reparar el perjuicio causado”. 

Al iniciar la causa, las mujeres detallaron que su accionar obedece a que “la familia Santucho sufrió lo peor de la dictadura, muerte, torturas, siendo menores junto con mis hermanos y primos, secuestrados para dejarnos en la Embajada de Cuba, donde finalmente nos exiliamos”, y, “al volver al país iniciaron un largo peregrinar en los estrados judiciales que aún no han obtenido resultado alguno siendo procedente, en consecuencia, esta acción de daños y perjuicios”.

La muerte de Santucho, 45 años después

Santucho murió el 19 de julio de 1976- en un enfrentamiento armado con integrantes de un grupo de tareas en la localidad bonaerense de Villa Martelli, aunque investigaciones posteriores determinaron que el jefe guerrillero llegó muy mal herido a Campo de Mayo, y el destino de sus restos aún se desconoce.

Ese mismo día, Luis Mattini fue designado al frente de una nueva conducción junto con Eduardo Merbilhaá, Jorge Oropel, Daniel Martín y Enrique Gorriarán Merlo.

Por decisión del dictador Jorge Rafael Videla sus restos nunca fueron entregados a la familia y permanece desaparecido hasta la actualidad.