El recorte en la cobertura al 100% de medicamentos por parte del PAMI generó un amplio rechazo en la Cámara de Diputados, donde la Comisión de Acción Social y Salud Pública se reunió de urgencia para analizar el impacto de la medida. Según la nueva disposición, solo podrán acceder al beneficio quienes perciban ingresos menores a $389.398, no tengan más de una propiedad y posean un auto con más de diez años de antigüedad. Además, los jubilados deberán realizar un trámite presencial para acreditar su situación socioeconómica, lo que fue tildado como “perverso” y “burocrático” por legisladores de la oposición.

En el encuentro, del que no participaron representantes de La Libertad Avanza ni del PRO, se firmó un documento que califica la medida como “inhumana” y solicita su inmediata revisión. También se convocó al ministro de Salud, Mario Lugones, para que explique los fundamentos de la normativa en una nueva reunión la próxima semana. La Defensoría del Pueblo y el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, también fueron invitados a participar, con el objetivo de evaluar la presentación de un amparo colectivo que represente a los más de 5 millones de afiliados del PAMI.

“El acceso a los medicamentos no es un lujo, sino un derecho fundamental para garantizar una vejez con calidad de vida. Limitar esta cobertura, sumando trabas burocráticas, atenta contra la salud de nuestros adultos mayores”, señala el documento firmado por los legisladores, entre los que se encuentran Pablo Yedlin, Carla Carrizo, Margarita Stolbizer, Daniel Gollán y Mónica Fein, entre otros.

Pablo Yedlin, presidente de la Comisión, apuntó directamente contra el Gobierno: “Así como estamos, no podemos pasar el verano con miles de jubilados sin su medicación. Vamos a convocar al ministro, aunque no creemos que venga, pero no podemos dejar de insistir”. En la misma línea, la diputada Luana Volnovich anticipó que presentará un proyecto para garantizar por ley la gratuidad de los medicamentos.

Legisladores como Daniel Gollán y Pablo Carro criticaron la medida por considerarla un ajuste disfrazado de eficiencia. “Más ajuste a los jubilados para alimentar la especulación financiera”, sostuvo Gollán, mientras que Carro denunció que el presidente Javier Milei “abandona a nuestros adultos mayores, haciéndolos pagar el ajuste y exigiendo que demuestren su necesidad”.

X de Daniel Gollan

Por su parte, la diputada socialista Mónica Fein calificó la medida como un “acto de crueldad” y cuestionó que el Estado no utilice la información que ya tiene para evitar exigir empadronamientos. “No darles los medicamentos es un gerontocidio. Ellos ya aportaron toda su vida”, enfatizó.

Además, se discutió el impacto regional de la normativa, destacando la situación de los jubilados de la Patagonia, quienes, por percibir haberes diferenciales por ubicación geográfica, quedarían automáticamente excluidos del beneficio.

Mientras tanto, sectores del oficialismo intentaron justificar la medida. El PAMI emitió un comunicado argumentando que se trata de una “readecuación necesaria” en el marco de una gestión “planificada y eficiente”. Sin embargo, las críticas no cesan. Desde el Frente de Izquierda, Nicolás del Caño señaló que “la crueldad de Milei no tiene límites”, mientras que Christian Castillo recordó que a los jubilados ya les habían vetado un aumento previo de $15.000.

La polémica continuará la próxima semana, cuando las autoridades del PAMI y el ministro de Salud sean convocados nuevamente al Congreso. Paralelamente, los legisladores impulsarán el amparo colectivo, buscando proteger los derechos de los jubilados y garantizar su acceso a los medicamentos gratuitos.