El Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) denunció ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Gobierno nacional por “restringir el derecho a la protesta” e iniciar “una escalada penal peligrosa y arbitraria”, al criticar las detenciones realizadas por las fuerzas de seguridad tras la represión a las protestas que se llevaron a cabo el miércoles pasado en la Plaza Congreso, cuando el Senado sancionó la Ley Bases.        

“El miércoles 12 de junio el Senado sesionó para discutir el proyecto de Ley Bases impulsado por el gobierno de Milei. Afuera, en las calles, miles de personas se manifestaban en oposición a esta iniciativa que implica graves retrocesos en materia de derechos”, señaló el CELS a través de un comunicado. 

El organismo defensor de los DDHH recordó que “alrededor de 35 manifestantes” y señaló que a través de la cuenta de X  “Oficina del Presidente” se calificó la manifestación como un "intento de golpe de Estado y de terroristas a las personas detenidas”.

“El fiscal federal Carlos Stornelli, siguiendo las acusaciones del gobierno, las imputó por delitos graves contra la seguridad pública, contra el orden público, atentado a la autoridad, lesiones, incendio, estrago, instigación, organizar grupos para imponer sus ideas o combatir ideas ajenas por la fuerza o el temor, perturbación del orden mientras sesiona el cuerpo legislativo”, se sostuvo desde el Cels.  

Para la entidad, las fuerzas de seguridad federales y la Policía de la Ciudad desplegaron “un enorme operativo y aplicaron el protocolo anti protesta para impedir la manifestación”. En el operativo de las fuerzas de seguridad se “utilizaron gases lacrimógenos, balas de goma, bombas de estruendo y camiones hidrantes”.

“El gobierno se amparó en incidentes ocurridos durante la manifestación para justificar detenciones arbitrarias y utilizar la calificación de ‘terrorismo’, se remarcó en el documento. El organismo consignó que “entre los detenidos hay vendedores ambulantes o personas que pasaban por las cercanías del Congreso”.

“La acusación del fiscal Stornelli no vinculó a las personas detenidas con hechos concretos. Algunos fueron trasladados a las cárceles federales de Marcos Paz y Ezeiza. Las calificaciones están en sintonía con los planteos de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que había pedido que se investigue a las personas detenidas por actos terroristas y por una ‘nueva modalidad de golpe de Estado’”, apuntó.

A última hora del viernes, la jueza federal María Servini dispuso la liberación de 17 personas, pero dejó en las cárceles federales a otras 16 “sin dar explicaciones concretas de por qué podrían fugarse o entorpecer la investigación”.

“Se limitó a reproducir las graves e infundadas acusaciones del fiscal que a su vez reproducen la posición del gobierno. En lugar de ejercer control judicial sobre el caso, convalidó la arbitrariedad”, objetaron desde el CELS en relación a la conducta de la magistrada.

En este contexto de “graves restricciones al derecho a la protesta, a la libertad personal y a las garantías judiciales”, la entidad confirmó que presentó una denuncia ante “la Comisión Interamericana y a los relatores especiales de Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y asociación, al de libertad de opinión y expresión y a la relatoría especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos”.

La intención es que todos estos organismos “soliciten a las autoridades nacionales adoptar las medidas necesarias para garantizar la libertad de las personas detenidas”.

“Así como solicitamos a la jueza Servini que controle las detenciones y también dicte la libertad de todas las personas encarceladas”, puntualizaron desde el CELS.