El Ministerio de Defensa que encabeza Luis Petri oficializó la disolución de los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) de los archivos de las Fuerzas Armadas que durante años aportaron información vital para el esclarecimiento de varias causas de lesa humanidad, y anunció la creación de un sistema que estará a cargo de la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares de esa cartera que encabeza el general retirado Claudio Pasqualini, exjefe del Ejército durante el gobierno de Mauricio Macri.

Mediante la Resolución 680/2024 que lleva la firma de Petri, se determina la supresión de los ERyA y se establece que “el Sistema de Archivo de la Defensa será el encargado de preservar toda la documentación de valor histórico y/o judicial que haya elaborado el entonces Grupo de Trabajo (en relación a los ERyA)”.

La normativa establece que “los requerimientos efectuados por la justicia serán gestionados por la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares” que comanda Pasqualini, un militar retirado del servicio efectivo y partidario de la denominada postura de la “memoria completa” que pretende equiparar los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado con el accionar de las organizaciones guerrilleras de los años ’70.

En los fundamentos de la Resolución, se indica que los ERyA funcionaban “inorgánicamente”, sin acatar “órdenes de un superior jerárquico; no funda o motiva los criterios de búsqueda ni utiliza el Sistema de Gestión Documental (GDE) obligatorio para todas las entidades y jurisdicciones que componen el Sector Público Nacional”.

“Las exorbitantes funciones atribuidas a este grupo de trabajo, sin control judicial alguno, violentan la división de poderes propias del sistema republicano de gobierno, asumiendo facultadas propias del Ministerio Público Fiscal, desvirtuando el principio de división de poderes”, se remarcó en la norma.

En ese sentido, la resolución sostiene que “la organización del Estado Argentino, es el Ministerio Público Fiscal el órgano competente para la investigación y promoción de las acciones judiciales orientadas al juzgamiento de los delitos ante el Poder Judicial de la Nación, encontrándose constitucionalmente vedado al Poder Ejecutivo el ejercicio de funciones jurisdiccionales”.

Además, se considera que estos equipos funcionan “en evidente contradicción al Reglamento del Sistema de Archivos de la Defensa”.

Estos argumentos están en línea con conceptos que Petri había formulado en abril pasado, cuando anunció el despido del personal que trabajaba en los ERyA, y puso a este grupo en un virtual estado de desguace.

“Son grupos que tiene una visión macartista sobre las Fuerzas Armadas y que se extralimitan en sus funciones”, afirmó el funcionario en declaraciones periodísticas.

Al conocerse la intención de disolver los ERyA, 36 fiscales federales de todo el país, que intervinieron en causas de lesa humanidad reclamaron en una nota enviada a Defensa que se revea esta medida, al ponderar el trabajo que estos equipos realizaron para esclarecer investigaciones clave para el proceso de Memoria, Verdad y Justicia.

“Es un grupo que realiza aportes proactivos para la instrucción de causas muy importantes. Sin sus aportes, todo hubiera sido más difícil establecer justicia”, le confió a Data Clave uno de los fiscales que había firmado esa petición presentada en Defensa.

A partir de ahora, cuando la Justicia realice un requerimiento de información documental referido a una causa de lesa humanidad, será Pasqualini el encargo de tramitar las solicitudes.

Pasqualini es yerno de un represor condenado por la Masacre de Margarita Belén, Athos Renés. La hija de este represor y esposa del general retirado, María Laura Renés, compartió en las redes sociales mensajes que aluden a los condenados por crímenes de lesa humanidad como presos políticos.

El militar egresó como oficial en 1982, pero no combatió en Malvinas. Llegó a la jefatura del Ejército en febrero de 2018, por disposición del ministro de defensa macrista Oscar Aguad, de extracción radical, como Petri.

Desde los organismos de derechos humanos consideraban que Pasqualini tenía una visión “revisionista” sobre la violencia política que asoló Argentina en los años ’70.

En octubre de 2019, el jefe del Ejército logró que Macri encabezara un acto para recordar el intento de copamiento del Regimiento de Monte 29 de Formosa por parte de Montoneros.

En esa ceremonia estuvo presente la actual vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien lideraba el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv).

De aceitados vínculos con represores condenados por delitos de lesa humanidad, Villarruel es hoy la principal inspiradora de las políticas negacionistas que aplica en Gobierno de Javier Milei sobre los crímenes del terrorismo de Estado.