De una Asociación "sin fines de lucro" a ser funcionarios del Estado: el salto de los integrantes del IEES

En abril de 2023 el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES) que preside Patricia Bulrrich fue investigado por la Inspección General de Justicia (IGJ). La sospecha era que la Asociación Civil sin fines de lucro en realidad se usaba como fachada para, a través de ella, ingresar dinero en concepto de pago de cursos, seminarios y charlas para luego desviarlo como pago de honorarios a sus propios integrantes. El fin último habría sido financiar la campaña electoral de Patricia Bullrich que por entonces pretendía la presidencia del país. 

La causa que se inició como consecuencia de la investigación de la IGJ, lleva la carátula de "administración fraudulenta" y estuvo a cargo del fiscal Carlos Stornelli.  El juez Sebastián Ramos, en cuyo juzgado recayó la denuncia, ordenó en mayo a la Inspección que entregue el sumario a partir del cual se sustentó la denuncia y requirió un informe de los funcionarios del organismo que intervinieron en la investigación junto con el organigrama de la Inspección. "En caso de negativa falta de colaboración para el cumplimiento de la diligencia, el personal designado se encuentra facultado a proceder al allanamiento del organismo, con el objeto de secuestrar la documentación precedentemente detallada". Es decir, si la IGJ no entregaba la información requerida, la División Delitos Tecnológicos de la Policía Federal, designada para el operativo, tenía vía libre para allanar.

Y lo hizo. El 16 de mayo el juez, lejos de poner el foco en la denunciada, lo puso en el organismo denunciante y allanó las oficinas de la repartición del Estado, sin ningún contratiempo. "Jamás íbamos a pensar que éramos denunciantes, actores en una causa civil por la intervención del Instituto (IEES), denunciantes de una acción penal por violación a la ley de financiamiento de los partidos políticos y que íbamos a ser nosotros los allanados. Es el mundo al revés", dijo Ricardo Nissen, responsable de la IGJ por entonces.

Pero no conforme con la contraofensiva de Ramos que talló a su favor, Patricia Bullrich fue por más y contraatacó con una denuncia penal en contra del titular de IGJ, Ricardo Nissen. La presentación acusa al funcionario de usar su cargo para perseguir a quien se autodescribe como la "principal dirigente opositora" en 2023. 

La causa que debería investigar los fondos de IEES, sus ingresos como cursos y sus egresos para pagar viajes, hoteles, restoranes y costos de campaña de Bullrich y que, por entonces, dirigía Gerardo Milman y Damián Arabia, duerme el sueño de los justos. 

Quiénes fueron los aportantes a IEES

El Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad fue creado en 2006 bajo la denominación IDEAR, y siempre fue presidido por Patricia Bullrich. Hasta 2019 tuvo actividades módicas, que iban en coincidencia con los ingresos que declaró: ese año solo recaudó, en doce meses, 741 pesos. 

Pero el salto de calidad lo dio, con idénticas actividades, en 2022. De los 741 millones pesos de 2019 pasó a recaudar 85 millones. Con ese dinero, pagaron nueve millones por honorarios a Patricia Bullrich y a Gerardo Milman por servicios de asesoramiento: o sea, ellos dirigen, ellos se contratan, ellos se pagan a si mismos, en una Asociación sin fines de lucro. 

Entre las empresas y personas que aparecen contratando las supuestas capacitaciones, cursos y seminarios que ofrecía el IEES -y que dejó de ofrecer en octubre de 2023, coincidiendo con Bullrich fuera del juego electoral- hay más de una decena del mundo agropecuario, desde Aceitera Deheza hasta y un personaje conocido, David Lacroze Ayerza, que fue presidente de la Junta Nacional de Granos en 1980 y miembro de la comisión directiva de la Sociedad Rural, además hacerse notar por haber escrachado a CFK cuando viajaba a Cuba a ver a su hija. 

Tucano Tours facturó 1.760.000 pesos de un viaje a Miami, por invitación del Inter American Institute of Democracy - think tank vinculado al partido Republicano- y al que asistió Pato para contar cómo el "kirchnerismo es una fábrica de pobres". Nada que ver con estudios estratégicos de seguridad, el objeto del IEES. 

Son cerca de 400 firmas en total de todo tipo de rubros. La Cooperativa Empresa Eléctrica Godoy Cruz, por ejemplo, pagó 1.600.000 pesos como seminarios, en la misma fecha en que Patricia viajó a la región.  

Esto se repite en otros casos, como la aseguradora Mercantil Andina S.A: los mismos montos por distintos conceptos. También contrataron el supuesto seminario el Banco Galicia, Mirgor SA (el mayor grupo ensamblador de Tierra del Fuego, de Nicolás Caputo, amigo de Mauricio Macri), y Sar Suela SRL, que llegaron a pagar 9 millones. También figuran el Casino Melincué y el Casino Puerto Santa Fe. ¿Qué relación tendría la actividad de todas estas firmas con cursos de seguridad? 

Como la justicia no actuó, no solo Patricia Bullrich siguió con su carrera política y logró un puesto en el Estado, sino que la mayoría de los integrantes de IEES también ocupan cargos, en su mayoría, en el Ministerio de Seguridad. 

El diputado Gerardo Milman, además de ser la mano derecha y el armador político de Bullrich, era una figura fundamental del IEES cuando se despachó con aquella frase “cuando la maten voy a estar camino a la Costa”, dos días antes del atentado contra Cristina Kirchner.

Posteriormente salió a la luz que Milman tenía a su nombre un Peugeot Sport propiedad de la Metalúrgica Oliva Hermanos, una empresa que logró jugosos contratos con el Ministerio de Seguridad durante el macrismo, y cuando Bullrich y Milman estaban al frente de la cartera; y a a la que, encima, facturaba por servicios de asesoramiento mientras era diputado, algo incompatible con su función pública.

Como si esto fuera poco Milman, que llegó a tener 38 "asesoras" en la Cámara de Diputados, entre los que estaba su personal trainer, la señora de la limpieza de su casa, su chofer y una veintena de muchachas modelos e influencers de sitios porno de la web; recibía pagos del IEES. Bullrich le pagaba a Milman 357.000 pesos mensuales. 

Los datos los reveló en su momento el periodista Mauro Federico en el programa "Argenzuela", que conduce Jorge Rial, donde también quedó expuesto que IEES le pagaba por asesoramiento en seguridad a una mujer venezolana que vive en una zona de pobreza extrema del partido de Tigre y a una caterva de asesores y empresas de comunicación ligados a la campaña política.  

La justicia no solo les pidió explicaciones, sino que el gobierno de Javier Milei, en alianza con Patricia Bullrich desde el primer minuto en que ella quedó fuera de la competencia presidencial, les dio a todos espacio en el organigrama del Estado, ese mismo Estado del que reniegan. 

Quién es quién y qué cargos tienen en el Estado

Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad

Martin Siracusa, es Secretario de Coordinación Administrativa del Ministerio de Seguridad y quien maneja todos los fondos de la repartición. Ya había cubierto ese mismo cargo entre 2015 y 2017. Fue con Siracusa con quien el espía extorsionador Marcelo D´Alessio mantuvo intercambios entre julio y agosto de 2016: el funcionario recibió e-mails y llamados de D´Alessio, pero también él lo llamó. 

Otro dato curioso tiene que ver con la declaración jurada de Martin Siracusa: cuando asumió en 2015 tenía activos por cien mil pesos, unos siete mil dólares de esa fecha. Dos años después declaró un departamento, un auto y 28mil dólares en otros activos. 

Siracusa además está denunciado, junto a Patricia Bullrich, por la compra con sobreprecio del equipamiento para la reunión del G20 en Buenos Aires en 2018. Fueron 475 chalecos antibalas adquiridos a la firma ANTAAJ SRL que, además de comprarse con sobreprecios, llegaron después de la realización de la cumbre. La firma Antaaj pertenece a Alejandro Altoe quien, además, integra la comisión de la fundación Confianza Pública, que preside Graciela Ocaña, como para que todo quede en familia. 

Esta denuncia la llevó adelante la Oficina Anticorrupción por una investigación de la Sigen, y se tramita en el Juzgado 9 de Comodoro Py. Siracusa, y de acuerdo a la denuncia de la IGJ, emitió al IEES seis facturas por un total de $1.400.000 en concepto de honorarios.

Silvia Miriam Elisabeth Turetzky es contadora y fue personal del Ministerio de Seguridad durante la administración de Patricia Bullrich en el macrismo. Ahora, fue nombrada como directora general de Administración del Ministerio de Seguridad. Ella fue la que respondió a los pedidos de informes que hizo la IGJ a IEES en 2023. También es la tesorera de Unión por la Libertad, sello creado por Bullrich en 2003, cuando aspiraba a gobernar la ciudad.

Alberto Fohrig, fue nombrado director nacional de Cooperación Internacional del Ministerio de Seguridad. Durante la gestión macrista de Patricia Bullrich había sido Subsecretario de Planeamiento y Formación, también del mismo Ministerio. En la investigación de IGJ, Fohrig aparece como emisor de 10 facturas al IEES por un total de 1.590.000 pesos.

Adriana La Forgia, es Coordinadora de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Unidad G20”, un cargo creado especialmente. 

Carlos Alberto Manfroni fue designado jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, un puesto de absoluta relevancia. Manfroni y Bullrich tienen una relación de, al menos, 20 años. En 2003, Bullrich se presentó como candidata a jefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Su compañero de fórmula entonces era Manfroni. Cuando Bullrich llegó al Congreso, lo llevó consigo: fue su asesor en asuntos relacionados a corrupción.

También acompañó a Bullrich en el Ministerio de Seguridad en la era de Macri: a 72 horas de asumir el gremio ATE lo denunció por recabar datos sobre "la filiación política, ideológica y sindical" de los trabajadores del Ministerio. Fue parte de su “equipo de crisis” por la desaparición de Santiago Maldonado y hacia el final del gobierno de Macri, se vio envuelto en otro escándalo después de que "El Destape" publicara que se había usado su usuario para ingresar a la base de la Dirección Nacional de Migraciones para espiar los movimientos de los camaristas Ana Figueroa y Mariano Llorens.

Manfroni escribió junto a la vicepresidenta Victoria Villarruel el libro "Los otros muertos", reivindicatorio de la dictadura y contra la prisión de los genocidas. Preside la "Fundación Ética Pública", que lucha contra la corrupción, pero se desconocen las actividades porque no tiene ni página web.

Fue redactor de la fascista Revista Cabildo, donde escribió: "La libertad y la democracia son obra de la hedionda Revolución Francesa, que para peor también fabricó el amor a la Humanidad, puro onanismo intelectual" y "El rock conduce al desesperado deseo de la muerte e induce al suicidio, como lo demuestran las letras de Spinetta, Moris y Charly García".

Gerardo Milman. Es diputado nacional y a quien, en las oficinas del IEES, el perito Jorge Adolfo Teodoro, también integrante de la Fundación, le borró el contenido del celular, del mismo modo que lo hizo con los de las asesoras Carolina Gómez Mónaco e Ivana Bodzewicz. 

Milman facturó a IEES 2.766.170 por supuestos servicios de "coordinación de equipos". El legislador tiene una causa por facturas dudosas, entre las cuales figuran las del Instituto. 

Jorge Adolfo Teodoro es el perito que borró el teléfono de Milman y jamás fue citado por la jueza María Eugenia Capuchetti, que investiga el atentado contra Cristina Fernández. Integra el IEES y también acompañó a Bullrich en el Ministerio durante el macrismo. Con Milei en el gobierno, fue designado por Bullrich como director de Tecnología de la Información de la Secretaría de Coordinación Administrativa del Ministerio de Seguridad.

Damian Arabia es Diputado nacional. Salió en varios medios por ser quien presentó la Ley Conan, pero anteriormente, por su suntuoso viaje a Venecia para presenciar el carnaval en la zona VIP de hoteles cinco estrellas mientras en paralelo posteaban acerca de la necesidad de que los argentinos hagamos sacrificios en post del futuro del país. Es enólogo, y durante toda la campaña presidencial de Bullrich fue su armador político y mano derecha. Bullrich y él se conocieron cuando el pibe tenía 18 años, y se transformaron en inseparables. 

Daniel Raúl Barberis. Es director general de Asuntos Prioritarios del Ministerio de Seguridad. Es psicólogo social y fue fundador de INADI e Integra la fundación "Mas Paz, Menos SIDA". Su historia es por demás llamativa: es hijo de Alba Castillo, una de las famosas "tías" peronistas que en los 70 trabajaron en los comités de ayuda a los presos políticos, entre ellos su propio hijo.  

Barberis fue integrante de FAP y durante la dictadura estuvo preso a disposición del PEN, acusado de "varios ilícitos", entre los que sobresalía el secuestro de un alto ejecutivo de la empresa inmobiliaria Kanmar.  Antes de ser legalizado pasó por el centro clandestino El Pozo de Banfield y por el Departamento central de policía. Tuvo como defensor a Pedro Bianchi, de quien dijo ignorar que era en realidad amigo de los genocidas. 

Antes de pasar a las huestes de Patricia, fue secretario de Carlos Ruckauf. Bajo la órbita de Pato fue el encargado de guionar a los gendarmes para que se ajusten a la versión oficial en la causa por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. 

Gustavo Luis Gavassa.  Contador, nombrado como Subsecretario de Gestión Administrativa de la Secretaría de Coordinación Administrativa del Ministerio de Seguridad. 

Marcelo Alejandro Rozas Garay es un coronel retirado y fue nombrado, por el gobierno de Milei, como Subsecretario de Planeamiento y Coordinación Ejecutiva en Emergencias del Ministerio de Defensa, a cargo de Luis Petri. En su declaración jurada dice tener dos departamentos, una casa en un country, cocheras, y como dato de color, un solo automóvil: un Mehari. 

Fue el coordinador del equipo de Defensa Nacional de Juntos por el Cambio y por supuesto, recorrió el país militando a Patricia Bullrich como candidata a presidenta, con los fondos del IEES. 

Alfredo Martín Culatto. Es el responsable de la Unidad de Seguridad Productiva, una repartición creada para este nombramiento. 

Maximiliano Defranchi se presenta como abogado y consultor digital. Fue designado Coordinador de Comunicación Digital del Ministerio de Seguridad y fue uno de los que como consultor político para la campaña de Bullrich facturó para IEES, tal como consta en la denuncia de la IGJ. Emitió ocho facturas por un total de 525mil pesos en 2022.

Todos ellos cobran sueldos varias veces millonarios del erario público, en tiempos de "no hay plata", despidos y recorte del Estado.