El Ejecutivo no ha tenido a lo largo de su mandato una buena relación con la Corte Suprema ni tampoco ha conseguido grandes victorias en Tribunales ni con los proyectos de reforma que ha encarado. “La Corte ha dictado una serie de fallos que son una intromisión a otros poderes. La Corte se extralimitó de un modo muy peligroso y grave”, dijo Alberto Fernández la última semana del año y hasta deslizó la posibilidad de un juicio político a sus integrantes. 

Eso se cristalizó la mañana de año nuevo: en una carta, Fernández directamente apuntó contra el presidente de la Corte Horacio Rosatti y aseguró que impulsará el juicio político contra él. “Es mi deber promover acciones cuando el sistema federal es puesto en crisis a través de una innecesaria medida cautelar y del indebido planteo de una ciudad autonómica”, recalcó.

No obstante, hay que destacar que el oficialismo no tiene los votos en el Congreso para llevarlo adelante: los dos tercios que necesita para ello son los mismos que no tuvo para impulsar su candidato a la Procuración General. En esa línea, tampoco pudo ocupar la vacante que dejó Elena Higton de Nolasco en noviembre de 2021.

Coparticipación de CABA

La cautelar que dictó el Máximo Tribunal y que generó el tsunami de críticas solo es un primer paso dentro del expediente que se maneja directamente en el cuarto piso del Palacio de Tribunales. La “competencia originaria” es lo que permite que los conflictos entre provincias o entre Nación y alguna jurisdicción sean tratados directamente por la Corte: no hay juzgado, no hay Cámara que intervenga.

En este sentido, al no haberse habilitado la feria judicial, todos los reclamos aún pendientes se tratarán en febrero. Por un lado, está el recurso “in extremis” del Gobierno Nacional junto con la recusación para los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Por el otro, están las diversas presentaciones que hizo CABA por el pago que propuso el Gobierno a través de bonos.

Una vez que se resuelvan esos planteos, tampoco hay una fecha estipulada para que se defina el fondo de la cuestión: ¿es inconstitucional la ley que modificó el porcentaje de fondos coparticipables para CABA? Nadie puede asegurar que se dé antes de diciembre de 2023, con lo que podría convertirse en un conflicto para el próximo Gobierno.

Consejo de la Magistratura

Otro de los puntos de discusión tiene que ver con el organismo clave para seleccionar y sancionar jueces. Tras las polémicas por la conformación, todavía no está claro quién de los senadores podrá integrarlo hasta 2026: las esquirlas del caso Martín Doñate dejaron al estamento político del Consejo de la Magistratura únicamente conformado en la actualidad por los diputados.

Incluso esa elección también tuvo polémicas e idas y vueltas, con una resolución judicial todavía abierta. Un expediente en Contencioso Administrativo Federal cuestionó la presencia de Roxana Reyes utilizando los mismos argumentos que la Corte esgrimió al sostener que la banca de segunda minoría no le correspondía a Unidad Ciudadana por integrar el Frente de Todos. 

En cuanto al expediente por la banca de Doñate, el Contencioso le dio la espalda a Luis Juez, que insiste con ocupar ese puesto como segunda minoría (en este caso, por el PRO). “La alusión a los bloques que conforman la mayoría y las dos primeras minorías remite necesariamente al derecho parlamentario que cada cámara dicta a tal efecto, y no al resultado de elección legislativa alguna”, se dijo en el fallo. Juez apeló al filo de la feria judicial y su reclamo será tratado ahora por la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

Está claro también que el conflicto terminará nuevamente en la Corte, que tendría que definir los alcances de su fallo. Mientras tanto, el Consejo se alista para funcionar con 16 miembros.

Los fundamentos de la condena a CFK

El 9 de marzo de 2023, el Tribunal Oral Federal 2 dará a conocer los fundamentos en la causa donde se condenó a la vicepresidenta a seis años de prisión. 

“Tenemos la certeza de que, mediante la tramitación de cincuenta y un procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en la provincia de Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional en los términos y condiciones establecidos por la ley penal”, explicaron los jueces Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu en una especie de “adelanto” que dieron de los fundamentos.

Ya desde la fiscalía anticiparon que recurrirán el fallo por haberse descartado la figura de la asociación ilícita. Las defensas de los condenados, entre las que está la de Cristina, tendrán diez días hábiles para revisar y recurrir el fallo, lo que permitiría que Casación intervenga en el caso. Los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo son quienes deben cumplir ese rol. Los dos primeros fueron duramente cuestionados por sus reuniones con Mauricio Macri tanto en Olivos como en la Casa Rosada. 

Además, están pendientes en Casación las causas Hotesur-Los Sauces y Memorándum con Irán, que tendrían definición en 2023 al respecto de la realización de los juicios. En ambas, Cristina fue sobreseída sin que se realice el debate oral.