Tras el operativo clamor impulsado por el kirchnerismo con el fin de colocar a Cristina Fernández como presidenta del PJ nacional, la expresidenta se prepara para recibir un fallo judicial bastante adverso: la confirmación de su condena a 6 años de prisión en la causa “Vialidad”.

En diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal Nº2, integrado por Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, condenó a la exmandataria a 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública con la obra pública en Santa Cruz.

Tras esto, Cristina buscó que los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña reviertan su condena mientras que la fiscalía pidió duplicarle la pena, debido a que había pedido una condena también por asociación ilícita.

La semana pasada, dos medios de circulación nacional aseguraron que en breve se conocería la confirmación de la condena. Esto coincidió con el levantamiento del perfil público de Cristina, que se había mostrado muy activa en redes y que además estuvo de recorrida en La Matanza; y se mostró desde el balcón del Instituto Patria durante lo que fue la masiva marcha en favor de un mayor presupuesto para la universidades públicas.

Ante este alerta de confirmación de condena, la defensa presentó una serie de escritos para demorar la posible decisión negativa. Uno fue para insistir con el apartamiento del juez Hornos, denunciado civilmente por violencia. La causa penal fue archivada hace poco días debido a que la víctima (una expareja del magistrado) no quiso instar la acción y no se puede avanzar sin su testimonio.

Además, consideró que se había dado una circunstancia gravísima al haberse filtrado los resultados de la deliberación entre los jueces, ya que sostuvo que esto es secreto dentro del expediente. Si bien todo indicaría que los planteos de la defensa serán rechazados, los magistrados deben reunirse para delinear lo que expresarán para desestimar las acusaciones.

Más allá de la condena a 6 años, el otro tramo de la condena que deja a Cristina en un lugar incómodo políticamente es la inhabilitación especial perpetua, que se fija de modo permanente para los delitos que involucran a funcionarios públicos. Justamente la defraudación en perjuicio de la administración pública la incluye como parte de la pena.

También está fijada para el cohecho (las coimas): “Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones”, dice en su artículo 256 el Código Penal. En esa misma línea, se encuentra el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, que tiene una pena prevista de prisión de uno a seis años de prisión.

¿A partir de qué momento comienza a correr la inhabilitación especial perpetua? Al ser parte de una pena/condena, solo quedará firme cuando sea revisada por todas las instancias correspondientes. En el caso de Cristina, la pena de prisión e inhabilitación solo podrá ser llevada adelante cuando la Corte Suprema de Justicia rechace el último recurso que presenten las defensas.

En este sentido, el antecedente más próximo es lo que sucedió con el expresidente Carlos Menem, que en 2017 fue candidato a senador. Su situación fue objetada debido a que tenía una condena por el tráfico de armas a Croacia y a Ecuador. “Surge claro de lo reseñado que el impedimento para el ejercicio del derecho a ser elegido sólo se verifica en el caso de la persona condenada por juez competente en proceso penal, entendiendo por tal a aquel sobre el cual pesa una sentencia condenatoria firme, pasada en autoridad de cosa juzgada”, dijo la Cámara Nacional Electoral en ese caso.

Cabe resaltar que Amado Boudou, condenado a cinco años y diez meses de prisión por el caso Ciccone, también tiene una inhabilitación perpetua. Esa causa quedó firme tras el rechazo de la Corte a intervenir en los pedidos de la defensa.