En la madrugada del 19 de mayo de 2019, dos cadetes de cuarto año de la Escuela de Aviación Militar de Córdoba, perteneciente a la Fuerza Aérea Argentina, llegaron hasta una reunión organizada por otro grupo de cadetes.

En ese contexto y sin estar invitados, se acercaron a una chica de 19 años y le propusieron un encuentro sexual. Como la joven (cadete de segundo año de la EAM) los rechazó, la forzaron y abusaron sexualmente durante esa madrugada y la mañana siguiente.

Cinco años después, la Cámara Segunda del Crimen de Córdoba llevará a cabo el juicio a los dos exalumnos, que ahora tienen 31 y 32 años. En el medio de esa denuncia, se reveló un sistema donde la denunciante fue maltratada, hostigada y hasta expulsada de la Escuela por las autoridades que debían protegerla, según pudo averiguar Data Clave de fuentes judiciales.

La causa por abuso

Tras la denuncia que hizo la joven y a pesar de la reticencia con la que se manejaron las autoridades militares, la investigación quedó a cargo de la fiscal Alicia Chirino, ya jubilada, quien ponderó los testimonios, las pruebas de ADN y los peritajes psicológicos realizadas a la víctima. Con todo eso, requirió la elevación a juicio. 

En ningún momento de la investigación los acusados dieron alguna versión de lo sucedido. El proceso judicial estará a cargo del juez Sebastián Romero: por ahora, están previstas cinco audiencias, aunque puede prolongarse. La fiscalía será representada por el fiscal Martín Berger.

Responsabilidades y maltratos

Como consecuencia directa de la denuncia, la joven terminó apartada de la Escuela, a través de un mecanismo de sanciones que comenzaron luego de los hechos. Además, la madre de la joven denunció a empleados y funcionarios de la Fuerza Aérea por haber obstaculizado los trámites necesarios luego de la denuncia.

En ese contexto, se abrieron dos causas en el fuero federal: una estrictamente civil para resolver la reincorporación de la joven y otra por la responsabilidad y las omisiones que personal de la EAM pudo haber cometido. En ese último expediente, hay casi una docena de personas imputadas por no cumplir con sus deberes como funcionarios públicos. 

El paso a paso de los hostigamientos recibidos fue detallado en el caso que tuvo a su cargo el juez federal de Córdoba Miguel Hugo Vaca Narvaja por la separación de la denunciante de su puesto en la escuela de Aviación.

Un día después de ocurrido el abuso y tras poner en conocimiento de las autoridades lo sucedido, agresión, la joven recibió 12 sanciones de parte de sus superiores. No fueron las únicas: en junio también le aplicaron sanciones. En febrero de 2021, la denunciante pidió permiso porque fue citada a declarar por parte del Ministerio Público Fiscal de Córdoba. Sin embargo, fue sancionada con una “falta grave” por haber “mentido" para tener un franco, pese a que presentó la notificación judicial por correo electrónico.

“Entiendo que el acto de notificación de 9 sanciones en esa fecha, (un día después de haber denunciado un hecho de abuso sexual por compañeros de la misma fuerza) cobra efectos intimidatorios y de hostigamiento por la situación de vulnerabilidad de la amparista”, explicó el juez Vaca Narvaja en el expediente civil.

“Se destacan reiteradas sanciones que justamente le asignaban un bajo rendimiento. Pues, surge del sentido común el siguiente interrogante: ¿Cómo no tenerlo, después de haber denunciado haber sido víctima de una agresión sexual?. No hubo una respuesta adecuada de la Institución, a la situación de crisis”, analizó el magistrado en el fallo que ya quedó firme y donde se le ordenó a la Escuela que la reincorpore.

El juez federal también cuestionó a la Escuela de Aviación Militar por no contar con un protocolo para este tipo de situaciones. “De las constancias de la causa se refleja que ni las autoridades responsables legales de la Fuerza Aérea Argentina, ni las de la Escuela de Aviación Militar actuaron conforme protocolo para atención de víctimas que denunciaron una agresión sexual”, puntualizó.

“Por tal motivo debe señalarse que la amparista -alumna del año inferior que denunció a alumnos de años superiores- no recibió por parte de la demandada, la adecuada atención médica y mucho menos psicológica. Se verifica que la Escuela de Aviación Militar no actuó conforme la obligación de debida diligencia asumida por el Estado Argentino, el abordaje en este caso resulto ser agresivo, estigmatizante y derivó en revictimización de la amparista”, recalcó en otro tramo del fallo.

La "mala víctima"

Si algo quedó evidenciado en ese fallo, que podría servir con contexto para la causa penal por incumplimiento, es que los superiores de la joven no actuaron jamás cómo debían.

“Bajo la apariencia de un procedimiento legal administrativo de investigación, que contó con una profusa redacción de actas, lo que se llevó a cabo en realidad, fue poner en duda sus valores, estigmatizarla y construir una imagen negativa (“de mala alumna /irregular/sancionada/ amoral/ mentirosa”) de quién se anima a denunciar un hecho de abuso sexual que habría sido perpetrado por compañeros de la misma Escuela de Aviación”, recalcó el juez federal Vaca Narvaja.

La actitud “corporativa defensiva” de las autoridades militares quedó corroborada, así como también quedaron claros los "actos de represalia y revictimización" contra la joven.

“Es decir, de las constancias surgen que tanto a los y a las testigos del hecho como a los supuestos infractores, sólo se los indaga sobre cómo es o fue la cadete. Se advierte que a ninguno de los supuestos infractores se les pregunta sobre conductas mentirosas o amorales de ellos mismos. Por el contrario, a la única que se investiga en ese sentido es a quien denunció el hecho de abuso”, explicó el juez, lo que representa una clara afrenta a todos los compromisos que Argentina y el Estado Nacional ha contraído en cuestiones relacionadas a la prevención y sanción de actos de violencia de género.

“Pues entonces, las investigaciones realizadas por la Escuela de Aviación a fin de averiguar la verdad real sobre los hechos acontecidos el 19/05/2019 - tanto en la actuación disciplinaria como en la no disciplinaria- lo fueron sin tener en cuenta la perspectiva de género, y exponen a la supuesta víctima como “mentirosa” sentando las bases para el descrédito y veracidad de sus dichos, lo que va a dar paso a la aplicación de las sanciones”, concluyó el juez.