Congreso continua con el debate por la visita a represores y se aleja la posibilidad de sanciones
La Cámara baja discute la posible sanción a seis legisladores libertarios que visitaron a represores en la cárcel de Ezeiza. A pesar de la controversia, el jefe del bloque libertario descarta la posibilidad de que Javier Milei impulse medidas en favor de condenados por delitos de lesa humanidad.
La Cámara de Diputados de la Nación se prepara para un debate que promete ser acalorado. Este martes, las comisiones de Peticiones, Poderes y Reglamento, y de Asuntos Constitucionales se reunirán para discutir la creación de una comisión investigadora especial que evalúe la conducta de seis legisladores del bloque La Libertad Avanza (LLA) que visitaron a represores condenados en la cárcel de Ezeiza el pasado 11 de julio. Entre los represores se encontraban figuras infames como Alfredo Astiz y Antonio Pernías, responsables de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar.
La visita, organizada por el diputado libertario Beltrán Benedit, ha generado una fuerte polémica y reacciones en todo el espectro político. Los legisladores que participaron en el encuentro incluyen a Guillermo Montenegro, estrechamente vinculado a la vicepresidenta Victoria Villarruel; María Fernanda Araujo, Alida Ferreyra Ugalde, Rocío Bonacci y Lourdes Arrieta, quien recientemente abandonó el bloque para conformar el monobloque FE y también ha presentado un proyecto para la creación de una comisión investigadora.
El plenario de comisiones será presidido por Silvia Lospennato y María Eugenia Vidal, luego de que el presidente de la comisión, Nicolás Mayoraz (LLA), decidiera ceder la conducción ante el pedido de Unión por la Patria (UxP), debido a su participación en uno de los chats donde se organizó la visita. Los legisladores deberán decidir si optan por crear una comisión investigadora o si será la comisión de Asuntos Constitucionales la que analice directamente la conducta de los diputados implicados.
A pesar del peso de las denuncias y del repudio manifestado por organismos de derechos humanos, entre ellos Madres de Plaza de Mayo, representadas por Taty Almeida y Abuelas de Plaza de Mayo, con Estela de Carlotto, el consenso sobre la aplicación de sanciones severas parece cada vez más lejano. La posibilidad de aplicar las sanciones previstas en el artículo 66 de la Constitución, que permite la exclusión por "inhabilidad moral" de un miembro del Congreso, ha generado un debate profundo sobre los riesgos de afectar la representación popular.
En una entrevista, el jefe del bloque libertario, Bornoroni, minimizó las implicancias de la visita y descartó que haya sido parte de una estrategia coordinada por Javier Milei o el bloque. “No había conflictos, se generaron en base a mentiras que algunos empezaron a decir y terminaron en falsas denuncias”, afirmó Bornoroni, quien también señaló que la visita no tiene un carácter "antijurídico" y que sancionar a los diputados sería un “error grave”.
El legislador, al ser consultado sobre su postura personal respecto a la visita, enfatizó que cada legislador es libre de investigar y tomar decisiones en función de su rol. “Somos legisladores y para poder legislar se necesita investigar, ir a los lugares”, declaró, evitando una condena explícita de la acción.
Bornoroni también fue categórico al rechazar cualquier insinuación de que el bloque o Milei estén considerando proyectos para beneficiar a represores, asegurando que “no está en la agenda” del espacio político. En cuanto al terrorismo de Estado, declaró su condena, pero subrayó la necesidad de enfocarse en resolver los problemas actuales del país, como el hambre y la pobreza, en lugar de “volver 50 años para atrás”.
A nivel político, la situación ha generado una clara división. Mientras los bloques de Unión por la Patria y la izquierda han solicitado la expulsión de los diputados involucrados, otras fuerzas como el PRO, la Coalición Cívica y Hacemos proponen un repudio sin aplicar sanciones. El radicalismo, por su parte, aún no ha definido su posición.
La discusión sobre las posibles sanciones cobra relevancia en un contexto de creciente tensión entre las fuerzas políticas, donde la visita a represores se ha convertido en un símbolo de las divisiones ideológicas que atraviesan al Congreso. Los próximos pasos dependerán del consenso que logren los legisladores en las comisiones, aunque todo indica que la resolución del conflicto podría prolongarse.