En un escenario de creciente descontento social, los movimientos piqueteros se preparan para retomar las calles de Buenos Aires en una nueva jornada de protesta. El reciente anuncio del veto total por parte de Javier Milei a la ley de movilidad jubilatoria ha encendido la mecha de una movilización que promete ser masiva. La cita será este miércoles 4 de septiembre, con una marcha que partirá desde el Congreso Nacional y culminará en Plaza de Mayo.

Encabezados por organizaciones nucleadas en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), como el Movimiento Evita, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y Barrios de Pie, los manifestantes se sumarán a los jubilados en una demostración de repudio a la reciente represión policial ocurrida el pasado miércoles frente al Anexo de la Cámara de Diputados. Las imágenes de agentes de seguridad forcejeando con personas mayores resonaron en todo el país, alimentando la indignación popular y las críticas hacia el Gobierno.

Daniel Menéndez, coordinador nacional de Barrios de Pie, expresó en los medios su descontento con las políticas del Gobierno: “El plan de este Gobierno se sostiene ajustando a los jubilados. La jubilación mínima hoy está en menos de 300 mil pesos. El Presidente se da el lujo de vetar la ley de movilidad jubilatoria para empujarlos aún más a la pobreza. Mientras tanto, abren un blanqueo y refuerzan las exenciones impositivas para los grandes capitales. Está muy claro que en el orden de prioridades, la casta está primero”. 

Los manifestantes, que en los últimos meses habían visto reducido su poder de convocatoria debido a las investigaciones por denuncias de corrupción y el manejo de planes sociales, parecen encontrar en el veto a la ley de movilidad jubilatoria un nuevo motivo para movilizar a sus bases. La situación, que parecía haberse enfriado por un tiempo, ha vuelto a cobrar relevancia en la agenda pública, especialmente tras la violenta represión de las protestas recientes.

La jornada de movilización también incluirá la participación de agrupaciones de izquierda como el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), el Polo Obrero, y el MST-Teresa Vive. Silvia Saravia, dirigente de Somos Barrios de Pie, no escatimó en críticas hacia el presidente Milei: “El cinismo de Milei no tiene límites. Su único plan es el ajuste a los que menos tienen”, declaró. Para los movimientos sociales, la actual administración ha elegido un camino de ajuste que no tiene en cuenta las necesidades de los sectores más postergados de la sociedad.

El Gobierno, por su parte, no parece dispuesto a ceder ante las presiones. El Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, ha confirmado que aplicará el protocolo anti piquetes para garantizar el orden público durante la movilización. En ocasiones anteriores, como cuando la Ley Bases fue sancionada en junio, estas medidas derivaron en enfrentamientos y detenciones, lo que sugiere un clima de alta tensión para la jornada de protesta.

En paralelo, el impacto del veto a la ley de movilidad jubilatoria se siente en las calles y en la política argentina. Para muchos jubilados, este veto representa una condena a vivir con ingresos que no alcanzan para cubrir sus necesidades básicas. La ley vetada garantizaba una actualización de los haberes de acuerdo con la inflación y los salarios, asegurando un haber mínimo superior a la canasta básica total para un adulto mayor. La decisión de Milei de rechazar la ley se justifica bajo el argumento de mantener el equilibrio fiscal, una prioridad para el Gobierno en medio de una economía en crisis.

Las organizaciones piqueteras no solo cuestionan el ajuste económico, sino también lo que consideran una estrategia de represión para acallar el descontento social. Según Menéndez, “ante cualquier reclamo de la sociedad frente a la miseria planificada, la única respuesta por parte del Gobierno es la represión”. 

Las investigaciones judiciales que señalan prácticas coercitivas por parte de algunos movimientos sociales para asegurar la participación en sus protestas han debilitado la credibilidad de estos grupos. Sin embargo, la indignación compartida ante el veto a la ley de movilidad jubilatoria parece estar revitalizando su capacidad de convocatoria, al menos en el corto plazo. La marcha de este miércoles será un termómetro no solo del ánimo social, sino también del peso que aún tienen los piqueteros en el entramado político argentino.

La movilización de este miércoles representa otra gran prueba para el protocolo antipiquetes desde que Patricia Bullrich asumió el Ministerio de Seguridad. Las autoridades anticipan que se reforzará la presencia policial en puntos estratégicos de la capital, en un intento por evitar que las protestas escalen en violencia. La tensión en las calles y la posible aplicación de medidas de fuerza hacen prever una jornada cargada de emociones y con implicancias significativas para la política.