Funcionario del ANSES santiagueño investigado por violación y por truchar certificados de discapacidad
Se llama Marcelo Molina, es abogado y tiene CUD emitido por el mismo organismo que dirige, en el que se certifica que tiene un retraso mental leve. Es acusado por un caso de abuso sexual y ahora se conoció que cobra asignaciones por una supuesta discapacidad.
Una nueva polémica atraviesa a La Libertad Avanza, pero esta vez en Santiago del Estero: un funcionario de Anses es investigado por un caso de violación contra una adolescente de 16 años y por truchar certificados de discapacidad para cobrar asignaciones.
Su nombre es Noe Marcelo Alejandro Molina y llegó al poder de la mano del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encargados de apuntalar al partido político a nivel nacional para las próximas elecciones legislativas.
Molina es delegado de la oficina de la ANSES en la Banda del Río Salí y es acusado por haber obligado a una menor de 16 años a tener relaciones sexuales con él a cambio de una beca progresar, teniendo en cuenta su posición de poder como funcionario.
Pero eso no es todo. Ahora también es investigado por adjudicarse dos pensiones, según cuenta el medio santiagueño Nuevo Diario. Molina tiene el Certificado Único de Discapacidad (CUD) por un supuesto retraso mental leve y epilepsia y tiene vigencia hasta febrero del año que viene. Curiosamente esto coincide con el mismo período en el que fue nombrado director de Anses
En esa misma línea, se cuestionó la veracidad de su examen en el Tribunal Evaluador del Concurso N° 197 por Resolución ING N° 43/22 para el Ingreso Democrático e Igualitario al Ministerio Público Fiscal de la Nación en la que obtuvo 80 puntos de nota en opción múltiple; 100 puntos en informática y 88 como nota final. Como si esto fuera poco, el abogado Astolfo Montenegro también lo denunció penalmente por el delito de fraude a la seguridad social (artículo 174 inc. 5 y 268 del Código Penal) ante la fiscalía federal de la Dra. Indiana Garzón.
Además de cobrar una asignación por su supuesta discapacidad, también cobra una pensión por su hijo que tendría el mismo rótulo. En el escrito que presentó el letrado, advierte: "En el presente caso el Sr. Molina ha ocultado el dato de tener independencia económica de parte de quien percibe la prestación, violando dos de los requisitos para el acceso a la prestación asistencial, una es que esté bajo la dependencia económica de quien percibe la asignación; esto significa que, aunque tuviere algún ingreso dependa financiera y alimentariamente de quien es titular del beneficio que paga el Estado nacional".
En la denuncia que presentó Montenegro, advierte que no actualizó los datos del grupo familiar, donde se informa que posee bienes y que no tiene dependencia económica, algo que cualquier familiar con personas con discapacidad realiza mes a mes. Un trámite burocrático que sufren aquellos que solicitan la renovación del CUD.
Montenegro alega que Molina es "abogado independiente, y por lo tanto, no necesita cobrar asignación por hijo con discapacidad", dice y amplía: "Según la carta documento enviada al Nuevo Diario por Molina, por una publicación sobre su persona, él mismo en su carta documento describe que es un abogado que lleva causas civiles y penales de forma exitosa, lo que es incompatible con la dependencia económica del padre y de la percepción de una ayuda social estatal".
El letrado lo acusa de "perjuicio económico a la administración pública por percibir un beneficio de forma indebida". También de "conducta subjetiva en carácter doloso, que se configura con la intención de causar daño y obtener un beneficio indebido".