La Cámara Nacional Electoral confirmó el procesamiento sin prisión preventiva de Mauricio Freddy Mendoza Michel, Camila Abigail Rojas Girón y Franco Martín Zamudio por amenazar a Sergio Massa y su familia durante la última campaña electoral, en 2023.

Se trata de la causa iniciada por Malena Galmarini, quien alegó actos de intimidación vinculados a la candidatura presidencial de su esposo, luego de recibir mensajes amenazantes a través de redes sociales. Algunos de ellos provenían de usuarios de Instagram identificados como “edencomoelpatio” y “mauriimendoza4″.

El fallo sostuvo que “se encuentra acreditado, al menos de momento y con el grado de certeza que esta etapa procesal exige (cf. artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación), “la materialidad de los hechos delictivos atribuidos, y la responsabilidad penal de los encausados”.

“La pesquisa se orientó, fundamentalmente y en lo que aquí interesa, a la comprobación de la existencia y autoría de los mensajes que habría recibido Tomás Massa a través de su cuenta de “Instagram”, y que fueran puestos en conocimiento de la justicia electoral por medio de las presentaciones de la denunciante”, agregó la CNE. 

Los camaristas explicaron que “se incorporó a la investigación un conjunto de elementos que vincularon a las personas procesadas con los hechos denunciados, y que en particular los apuntaban como los administradores de las cuentas desde las cuales se habían articulado los mensajes en cuestión. En este punto, es relevante señalar que no se trató de reacciones a mensajes de otros usuarios (“retweet”; “like” o “reposteo”, etc.) –conductas que merecerían una ponderación diferente sino de mensajes que fueron, en principio, de autoría de los imputados”. 

“Vale recordar que el propio Tomás Massa además de ratificar los hechos denunciados expresó que le “preocupa el día que alguno de los que manden mensajes diga lo voy a ir a buscar, entonces termina dando miedo que me lleguen amenazas de muerte”, concluyó la sentencia. 

El fallo resaltó que la tipificación como amenazas coactivas agravadas no pudo sustentarse plenamente debido a la insuficiencia de pruebas que indicaran que las amenazas se hicieron con el fin de obtener concesiones de funcionarios públicos. Por tanto, se decidió modificar la calificación a amenazas coactivas, ajustándose al artículo 149 bis del Código Penal.