El Gobierno enviará un proyecto de ley al Congreso para habilitar el juicio en ausencia, esto es cuando el acusado de un delito en la Argentina no es extraditado a nuestro país se pueda realizar de todos modos el proceso judicial.

El anuncio lo harán esta tarde los ministro de Justicia y de Seguridad, Mariano Cúneo Libarona y Patricia Bullrich, durante un acto que encabezarán a partir de las 14 en el Salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada.

El proyecto tiene un destinatario claro: los acusados iraníes por el atentado contra la sede de la AMIA en la calle Pasteur, que provocó 95 muertos, y del que se están por cumplir 30 años la semana próxima.

El marco legal del proyecto de juicio es que se aplicaría en delitos previstos por el Estatuto de Roma, el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional que señala cuatro crímenes centrales como genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión.

Hasta ahora el juicio en ausencia no estaba previsto en nuestra legislación. En el caso concreto del atentado contra la AMIA permitirá juzgar a los iraníes acusados, ya que su país se niega a entregarlos en un proceso de extradición.

La Ley de Implementación del Estatuto de Roma fue aprobada por la Ley Nº 25.390 en Argentina, por lo cual se permitirá juzgar a los responsables de la causa AMIA, el ataque terrorista que dejó un saldo de 85 muertos como consecuencia de la explosión de un coche bomba.

La iniciativa podrá ser aplicable en delitos contemplados por la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, aprobada por la ley 24.556. Además, las transgresiones establecidos en la Convención contra la Tortura y otros tratos penales crueles, inhumanos o degradantes, aprobada por la ley 23.338.

Además, se sumarán otros delitos graves como financiamiento del terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva o la trata de personas.

De acuerdo con el proyecto, podrá aplicarse contra un imputado declarado rebelde por la justicia que haya sido notificado de la existencia del proceso.

Asimismo, se deberá aguardar que pasen 4 meses del pedido de captura nacional e internacional sin que el imputado haya podido ser encontrado. En caso de aprobarse, la iniciativa aclara que podrá aplicarse en el que un país haya denegado o nunca haya respondido un pedido de extradición de la Justicia Argentina.