Gustavo Hornos llegó a la Casación Federal en 1995. Es uno de los integrantes más “antiguos”, de aquellos que fueron nombrados sin concurso y cuando la Cámara recién comenzaba por orden y creación del presidente Carlos Menem. No es la primera vez que preside el tribunal penal más importante por debajo de la Corte Suprema, pero nunca había sido cuestionado a este nivel.

Hombre de mucha experiencia que ha sabido fluctuar entre los distintos oficialismos, con mayor o menor sintonía. Sin embargo, la bomba que le estalló el mes pasado parece haber dejado esquirlas. Sus seis visitas a la Casa Rosada durante el gobierno de Mauricio Macri le valieron el reproche de sus colegas y las críticas furibundas del kirchnerismo y de algunos integrantes del Frente de Todos.

A este panorama se le agregó una denuncia en el Consejo de la Magistratura, el lugar donde se toman decisiones disciplinarias contra los jueces y que pueden derivar incluso en el inicio de un juicio político. No fue el único al que pusieron en la mira: Eduardo Riggi, otro de los llegados a Casación con Menem, también fue denunciado pero por su intervención en una causa que investiga si el gobierno de Macri “persiguió” al Grupo Indalo. 

Tanto Hornos como Riggi conocen de los tiempos del Consejo y apuntan a que baje la espuma. La denuncia del diputado Martín Soria contra Hornos le tocó a Diego Molea, flamante presidente del Consejo. Ahora, vendrá la etapa de las medidas de prueba, que derivará en un análisis de la situación. Si el expediente avanza, quién tiene a cargo la denuncia puede hacer un dictamen donde solicite una sanción, el juicio político o la desestimación. Cualquiera de esos caminos debe ser votado en una audiencia donde estén los 13 consejeros.

No sería tampoco el primer presidente de la Casación con un expediente abierto y una sanción. Juan Carlos Gemignani tuvo que renunciar a ese lugar unas semanas antes de que le fijaran una multa del 35% de su salario por maltratar a una secretaria. Entre los integrantes de Casación reina en este momento un clima de tensión y desconfianza, algo no muy sorprendente tampoco si se tiene en cuenta que casi todos los magistrados tuvieron conflictos entre ellos.

Hornos recibió el viernes el segundo pedido de apartarse de la Presidencia: se lo dirigió Ángela Ledesma, que llegó por concurso a la Casación a finales de 2003. “Ha generado un quiebre en la necesaria confianza que debe existir entre los jueces del cuerpo y su presidente”, dijo la jueza. “Este motivo constituye un impedimento para que me represente institucionalmente, razón por la cual le solicitó la renuncia”, fustigó. Su ex compañero de sala, Alejandro Slokar, ya le había solicitado lo mismo esta semana, “apelando a su responsabilidad para presentar la dimisión”.

Por ahora, las discusiones sobre qué hacer se dieron entre los jueces que mejor relación tienen entre ellos y en los acuerdos de superintendencia, de los que participan los presidentes de las cuatro salas. Además de Hornos y Slokar, de esos encuentros participaron Daniel Petrone, Liliana Catucci y Mariano Borinsky. Catucci y Petrone no le cuestionaron sus explicaciones (que las visitas eran parte de una relación social con Macri). Quizás por esto es que la vicepresidenta en la audiencia de esta semana se dirigió en tan duros términos a Petrone. 

Por ahora, los votos para que Hornos deje la presidencia no parecen estar, a pesar de los cuestionamientos. En caso de que se llame a un acuerdo plenario (una reunión de la que participan los 13 integrantes de Casación), se necesitan siete votos, siete magistrados que vayan en un mismo sentido. Quienes hacen los cálculos aseguran que no están tan lejos como parece.