“Con el solo propósito de mejorar la calidad institucional de la República, quiero pedirle al Congreso con muchísimo respeto que asuma su rol de control cruzado sobre el Poder Judicial”, dijo el presidente Alberto Fernández. Esta frase fue interpretada por algunos sectores del oficialismo como el anticipo de la llegada de un proyecto enviado desde el Ejecutivo para que desde el Congreso se haga un seguimiento a los jueces.

En los bloques parlamentarios desconocen de la letra chica del texto para crear una comisión Bicameral de seguimiento de la Justicia. A pesar de las interpretaciones que se hicieron de declaraciones públicas del senador Oscar Parrilli, la iniciativa no será presentada por el ex secretario general de la presidencia durante el gobierno kirchnerista. El proyecto es trabajado por los presidentes de ambas Cámaras del Congreso, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, junto con el Ejecutivo. Como anticipó Data Clave, cuando esté listo, ingresará por Diputados.

Allí los números han sido esquivos para el Frente de Todos en proyectos relacionados con la justicia. Massa nunca pudo poner en debate la reforma judicial del fuero federal ni tampoco el nuevo marco normativo para el Ministerio Públio Fiscal que tienen media sanción del Senado. Según pudo confirmar Data Clave, el titular de la Cámara baja se reunirá con Alberto Fernández este lunes para avanzar en la redacción y en la estrategia parlamentaria del polémico proyecto.

El trámite no es sencillo y el oficialismo está enmarañado en declaraciones cruzadas. El tema no se discute en armonía. El pedido del Presidente en la Asamblea Legislativa fue interpretada de distintas maneras por los legisladores. No hay un mensaje uniforme y eso denota tensión hacia el interior del bloque. No está claro cómo será el cuerpo que se quiere crear, las atribuciones que tendrá, ni tampoco cómo se conseguirán los consensos con la oposición. Los números para lograr la media sanción inicial no cierran.

El panorama para esta nueva medida según el cómputo de voluntades parece tener similitudes con las reformas congeladas. Desde Consenso Federal, la diputada Graciela Camaño apuntó: “A quién se le ocurre conformar una comisión que se exorbite de la propia Constitución. No lo van a poder hacer”. Adelantando la postura que mantiene su bloque, la legisladora criticó “niveles de pobreza increíbles, los precios suben todos los días, es abrumadora la situación económica y se tiran a la discusión pública cosas que no tienen sustento”.

Ante el rechazo unánime de toda la coalición de Juntos por el Cambio, el oficialismo vuelve a depender de lograr acuerdos con los bloques federales. La postura de Camaño es una señal pero no es definitiva. Sin embargo, en algo coinciden “el proyecto es humo del Gobierno para seguir polarizando con Juntos por el Cambio”, apuntan en off. Además, sumado a esto creen que colar este debate en un año electoral puede tensionar los consensos por otros temas como el proyecto de Ganancias. Un tema en el que todos los bloques tienen un principio de acuerdo.

En los distintos espacios que componen los dos interbloques de “la avenida del medio” creen que el proyecto para hacer un seguimiento de la justicia escapa de la agenda de las necesidades de “la gente”. En este sentido, acusan tanto al Frente de Todos como a Juntos por el Cambio, de “distorsionar” la atención pública lejos de los temas importantes. “Es una nube de humo”, coinciden. No son pocos los posibles dadores de los votos que faltan que creen que el proyecto corre riesgo de "morir antes de nacer". 

El reglamento en el Senado y el antecedente Vicentín

En caso de superar Diputados, el oficialismo tendrá la tranquilidad de los números que posee en el Senado. A pesar de esto, la disputa discursiva podría guardar un capítulo más para este “incipiente proyecto”. El foco de la oposición apuntará en la cuestión reglamentaria, para ver esto, hay un antecedente reciente con el intento frustrado del Frente de Todos de crear una bicameral para investigar a la empresa Vicentín.

A mediados del año pasado, la Cámara alta aprobó un proyecto del oficialista Oscar Parrilli para crear otra comisión Bicameral compuesta por seis diputados y seis senadores que tendría un objetivo particular: investigar la situación crediticia de la cerealera. El proyecto de ley apuntaba a las “presuntas irregularidades que pudieran existir en la relación crediticia entre el Banco de la Nación Argentina y la empresa Vicentin SAIC, posible defraudación y estafa comercial a acreedores, clientes de la firma y/o empresas de Cereales y Soja con las que competía”. La iniciativa tomó impulso en medio de la polémica por la expropiación pero nunca se trató en Diputados.

En esa oportunidad, la oposición votó en contra y dejó sentada su postura de que la creación del cuerpo con mayoría simple era una transgresión al reglamento. Es que el artículo 88 de la normativa interna indica que para la creación de comisiones bicamerales se necesitan dos tercios de los presentes en la votación. El Frente de Todos utilizó un recurso que también usó Cambiemos cuando fue gobierno: crear las comisiones por ley. 

En el Senado el oficialismo tiene número para aplicar nuevamente este criterio en el recinto, sin embargo, la discusión por el reglamento volverá en caso de pasar el duro escollo de Diputados. Un proyecto que, aún sin conocerse, ya atraviesa turbulencias en su viaje hacia al Congreso.