Cómo funcionará la Comisión Bicameral para monitorear a la justicia que impulsa Alberto Fernández
Tras los anuncios del 1° de marzo, ministros y legisladores salieron a cuestionar el funcionamiento del Poder Judicial y a instalar la necesidad de avanzar en controles para las actividades de los jueces. Contrapuntos con la oposición y el pedido del Presidente a Sergio Massa.
”Con el solo propósito de mejorar la calidad institucional de la República, quiero pedirle al Congreso con muchísimo respeto que asuma su rol de control cruzado sobre el Poder Judicial”, dijo Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa. En el contexto de un duro discurso de casi dos horas de duración, la frase pudo haber pasado desapercibida para muchos. Menos para Sergio Massa, el titular de la Cámara de Diputados.
Dos horas después, ya de regreso a su despacho de la Rosada, el Presidente se comunicó telefónicamente con el tigrense y le pidió que encabece la iniciativa de conformar la Comisión Bicameral que controlará al Poder Judicial. Lo que el Ejecutivo pretende es constituir un espacio para monitorear las actividades de los jueces desde el Parlamento, con participación de ambos cuerpos legislativos y de todas las fuerzas políticas.
En declaraciones radiales este martes Oscar Parrilli fue quien dio los primeros indicios de lo que representaba esa expresión de Alberto Fernández en su discurso del 1° de marzo. "El Presidente dijo que el Poder Legislativo tiene que asumir el rol que le corresponde, de control de los poderes, y sugirió la creación de una comisión bicameral que se encargue precisamente de analizar, estudiar, discutir y poner en la muestra de la gente que la sociedad vea cómo está actuando el Poder Judicial y qué cambios hay que hacer para tener una Justicia independiente que falle en base a las pruebas y no responda a la presión de nadie", opinó el senador por la provincia de Neuquén.
Si bien las declaraciones iban en sintonía con el objetivo del Frente de Todos, adelantaban la jugada que Fernández y Massa pretendían desplegar una vez construidos los consensos necesarios con la oposición. Con las cartas sobre la mesa, dos ministros del gabinete nacional salieron también a reafirmar la necesidad de ejercer controles sobre las actividades de los magistrados.
El titular de la cartera de Interior Eduardo "Wado" de Pedro, al referirse a la necesidad de fortalecer las políticas de género y diversidad, sostuvo: "Existen muchísimos casos donde por inacción o ineficacia, algunos actores del Poder Judicial tienen responsabilidad directa con los femicidios". En esa línea, les pidió a los jueces "escuchar ese reclamo" porque "llegó la hora de que se transformen o se vayan de un poder que requiere perspectiva de género".
Más tarde la ministra de Justicia, Marcelo Losardo, minimizó el impacto del monólogo de Fernández en ámbitos jurídicos. "No hubo algo sorprendente en el discurso del Presidente, está cumpliendo con la promesa de modificar la Justicia" consideró en declaraciones radiales.
Como era previsible, la oposición reaccionó manifestando su oposición. "Quieren crear una comisión bicameral inquisidora de jueces y fiscales. Quieren atribuirse facultades que la Constitución le da al Consejo de la Magistratura y al Jurado de Enjuiciamiento", disparó Mario Negri, presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados. "Lean y respeten la Constitución, estamos cansados de las actitudes patoteriles", tiroteó desde su cuenta de twitter la titular del PRO Patricia Bullrich.
Finalmente se resolvió que la iniciativa para la conformación de la Bicameral sea cursada a través de un proyecto que no tendrá la firma del Presidente, pero sí contará con la supervisión de Massa y será redactado por diputados oficialistas, mientras que el Senado solo actuará como cámara revisora .
La Comisión que se creará no estará encabezado por el titular de la Cámara Baja, tendrá carácter de "permanente" y contará con aproximadamente doce miembros de ambos cuerpos legislativos. Tendrá facultades investigadoras, pero no podrá intervenir en las decisiones jurisdiccionales de los tribunales que estén bajo su control. La expectativa del Ejecutivo es que pueda empezar a funcionar antes de la finalización de 2021.