Los bloques de la oposición distanciados con el Gobierno de Javier Milei avanzan en la estrategia para llevar la próxima semana al recinto el proyecto que modifica sustancialmente la Ley 26.122 con el objetivo de poner límites a los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).

En comisión de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento, la oposición logró darle dictamen a un texto consensuado y dejarlo listo para el recinto. La reforma contó con el apoyo de los bloques Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre de los radicales díscolos. 

Fuentes parlamentarias confirman a Data Clave que el pedido de sesión se presentará en las próximas horas y que todo apunta a que haya sesión el próximo martes. El poroteo apunta a que la oposición logrará tener quórum sin inconvenientes y muy probablemente consiga media sanción en la Cámara de Diputados, algo que en el Gobierno lo saben.

Por su parte, el PRO no acompañaría la iniciativa opositora, en una nueva acción de congraciarse con el Gobierno. “Es una ley que hay que mejorar, pero hacerlo para limitar a un Gobierno con minoría parlamentaria no está bien”, aseguraron a este medio.

La sorpresa la dio el bloque radical que conduce Rodrigo de Loredo, quien presentó dictamen propio y eligió mantenerse en silencio hasta el momento de la sesión. Desde el espacio aún no confirmaron qué harán en caso de que la oposición consiga el quórum para tratar el proyecto.

El dictamen de mayoría de la oposición, que logró 39 firmas, establece que el Congreso tenga un límite de 90 días para aprobar o rechazar un decreto, con la particularidad de que el rechazo de cualquiera de las dos Cámaras sea suficiente para dejarlo sin efecto. Actualmente, los decretos quedan vigentes a menos que ambas Cámaras voten su rechazo, un procedimiento que en la práctica ha permitido que se mantengan aún con oposición significativa.

El artículo 99 de la Constitución Nacional permite que el Presidente emita un DNU en “circunstancias excepcionales”, aunque en la práctica este criterio ha sido flexible. Ejemplos recientes de DNU que generaron controversia incluyen el DNU 656, que otorgaba más de $100 mil millones en fondos reservados a la SIDE, y el DNU 70/2023, que modificó más de 300 normativas de regulación económica. La oposición considera que estas decisiones subvierten el rol del Congreso y facilitan un uso discrecional del poder presidencial.

El artículo 99, inciso tercero de la Constitución establece que el Presidente debe enviar cada DNU a una Comisión Bicameral dentro de los 10 días de su promulgación, lo que garantiza que al menos se revise la medida en el ámbito legislativo. La reforma propuesta busca agilizar este proceso y asegurar que cualquier DNU pueda ser controlado y evaluado en un plazo razonable por el Congreso. En caso de aprobarse la nueva ley, se modificaría de forma considerable el balance de poder entre el Ejecutivo y el Legislativo, consolidando una tendencia a fortalecer la función de control del Parlamento sobre los actos del Gobierno.