La Procuración General de la provincia de Buenos Aires autorizó a un fiscal general suspendido y procesado por delitos de lesa humanidad, para que pueda acceder a información sensible sobre causas judiciales que tramitan en el fuero criminal y correccional desde el sistema informático del ministerio público. Esto incluye domicilio de testigos, entrecruzamientos de llamadas, domicilios de víctimas, datos sobre futuros allanamientos y sus resultados, directivas policiales y conexiones entre distintos procesos.

Un oficio de la Procuración General dirigido a la Suprema Corte bonaerense -al que accedió Data Clave- habilita a Federico Nieva Woodgate para acceder al Nivel "B" del sistema penal informático de la provincia. El ex fiscal general de Morón está suspendido desde 2019 y procesado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, a la espera de su juicio político.

El pedido habría sido autorizado por funcionarios que responden al Procurador General Julio Conte Grand, a raiz de un requerimiento de la fiscal general interina Karina Iuzzolino, adjunta de Nievas Woodgate que actualmente lo reemplaza. "Es muy grave lo acontecido porque coloca al sistema de información judicial en estado de máxima vulnerabilidad", sostuvo una fuente judicial.

Nieva Woodgate está implicado en el caso de Ángel Georgiadis, un dirigente montonero que fue apresado en 1975 cuando manejaba un auto y sin querer se metió en contramano en una calle en la que había una comisaría. Efectivos policiales lo frenaron y como llevaba panfletos partidarios lo encerraron en el penal de Devoto. A fines de ese mismo año lo mudaron a la Unidad 9 en La Plata y finalmente en 1976 Georgiadis fue trasladado al Regimiento de Infantería Nº 7 para supuestamente ser interrogado.

En ese mismo lugar, a los pocos días, el dirigente montonero fue asesinado. Pero no se trató de un mero acto represivo propiciado por las Fuerzas Armadas: para su traslado a ese establecimiento militar hubo un aval judicial. Según reconstruyó la Comisión Bicameral que investigó el caso, el juez que habría permitido el traslado fue Nieva Woodgate que además tenía a Georgiadis detenido por “hurto automotor”, ya que el Citroën en el que lo detuvieron no le pertenecía.

El fiscal había sido juez de menores durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, luego entre 1976 y 1978 pasó por el Juzgado Nº 4 de Lomas de Zamora, más tarde fue nombrado fiscal de Cámara del departamento judicial de Morón y finalmente fue designado fiscal general, puesto del que fue suspendido.

El jurado consideró que los hechos precisados en la acusación confirmaban que Nieva Woodgate facilitó las detenciones ilegales de ciudadanos en la Provincia de Buenos Aires en comisarías de su jurisdicción durante la última dictadura y fue acusado de incurrir en impericias, negligencia, inacción e incumplimiento de los deberes inherentes a su cargo.

La autorización a Nieva Woodgate data del pasado 4 de mayo