La tensión estaba en el aire en París. El plenario del GAFI, tras un proceso de evaluación que duró más de un año, tenía la decisión en sus manos. Finalmente, Argentina esquivó la bala de la "lista gris", una categoría que castiga a los países que no cumplen con los estándares internacionales de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Fuentes oficiales confirmaron que, tras un largo proceso, el Gobierno de Javier Milei logró sortear el riesgo y evitar mayores complicaciones para la economía.

El GAFI había comenzado la evaluación en septiembre del año pasado, y en marzo de 2024 se produjo un momento clave. Una delegación de evaluadores viajó al país, reuniéndose tanto con representantes del sector público como privado, para analizar si Argentina cumplía con las 40 recomendaciones del organismo en materia de lavado de activos. A lo largo de tres semanas, se midió cada acción, normativa y protocolo. En ese entonces, las expectativas eran moderadas, pero aún quedaba mucho por ajustar.

En agosto, otra nutrida comitiva argentina, liderada por el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, viajó a Francia para seguir puliendo detalles con los evaluadores del GAFI. En esa reunión, las señales parecían positivas, pero un segundo borrador del informe arrojó preocupaciones. Durante las semanas siguientes, el documento circuló entre las 200 jurisdicciones que forman parte del organismo para recibir comentarios y observaciones.

La votación final se realizó esta mañana en París. La delegación argentina, que incluía figuras como el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Ignacio Yacobucci, y el vicepresidente de la misma entidad, Santiago González Rodríguez, esperó con cautela. La situación era delicada porque se estaban evaluando tanto las acciones del gobierno anterior, de Alberto Fernández, como las implementadas en los primeros meses del mandato de Milei.

“Gracias al arduo trabajo del Gobierno, evitamos caer en la lista gris. Atendimos todas las observaciones para fortalecer nuestro compromiso en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo”, declaró Cúneo Libarona, visiblemente aliviado tras conocerse el resultado. Las palabras del ministro dejaron claro que la batalla fue intensa y la presión, enorme. Pero la balanza terminó inclinándose a favor del país.

X de Mariano Cúneo Libarona

El rol judicial

Durante el plenario, que se celebra entre el 21 y el 25 de octubre en París, del que participa Juan Tomás Rodríguez Ponte, director ejecutivo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado como representante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se debatió y se aprobó el Informe de Evaluación Mutua de nuestro país.

El informe es producto de un largo proceso de evaluación, llevado adelante por el Estado argentino a través del Comité de Coordinación para la Prevención y Lucha contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, creado por decreto 331/2019, y del equipo evaluador del GAFI, integrado por representantes de distintos organismos del Estado Nacional, incluida la Corte Suprema.

El compromiso y apoyo demostrado por la Corte a través de la asistencia técnica de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado durante todo el proceso de evaluación, desde 2021 a la fecha, permitió contar con información fundamental del Poder Judicial en materia de información estadística. Eso posibilitó dar cuenta de la efectividad, principalmente en materia de investigación, procesamiento y sanción del delito de lavado de activos y el recupero de activos de esos delitos.

Durante las sesiones desarrolladas en París, la participación de Rodríguez Ponte en los grupos de trabajo y en las reuniones bilaterales mantenidas fueron decisivas para dar respuesta a las consultas efectuadas por las delegaciones de los países integrantes del GAFI. Ello permitió llegar a la reunión plenaria, en la cual se trató el informe final, sin cuestiones a debatir sobre estos puntos y permitieron obtener una mejora en la calificación que se había propuesto para las cuestiones en materia de cooperación internacional.

El compromiso demostrado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para trabajar en forma mancomunada con los distintos actores del Estado permitió dar cuenta del sistema de prevención y combate del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva con el que cuenta la República Argentina en su integridad, y resultó decisivo en las calificaciones obtenidas.

Sin lista gris

La comitiva oficial en París también incluía al secretario de Justicia, Sebastián Amerio; al presidente de la Cámara de Casación, Mariano Borinsky; al fiscal Diego Velasco, a cargo de la PROCELAC; y a otros funcionarios clave como Marcelo Ruiz, asesor del Ministerio de Justicia. La experiencia diplomática de Eugenio Curia, coordinador nacional del programa de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, fue vital para sortear los momentos más tensos del proceso.

Este desenlace es un respiro para la economía argentina, que se hubiera visto seriamente afectada por una caída en la "lista gris". El impacto en los mercados financieros, inversiones y el sistema bancario habría sido directo. La inclusión en esa categoría implica mayores controles y restricciones internacionales, lo que frena el flujo de capitales y daña la confianza de los inversores.

La decisión del GAFI no solo refleja el esfuerzo de las autoridades actuales, sino también las políticas implementadas en los últimos años. Sin embargo, queda claro que la supervisión continuará. El organismo internacional seguirá monitoreando de cerca los avances de Argentina en esta materia, lo que obligará al gobierno a mantener y profundizar las reformas para evitar futuras sanciones.