En una movida que no pasó desapercibida, el Poder Ejecutivo prorrogó el Presupuesto Nacional 2024 mediante la decisión administrativa Nº3, publicada hoy en el Boletín Oficial. La medida, que lleva las firmas del jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo, desató fuertes cuestionamientos desde sectores opositores, quienes señalaron que la decisión ignora el debate parlamentario que exige la ley.

La norma no introduce cambios sustanciales y mantiene los recursos y créditos del Presupuesto 2023, aprobado bajo la administración del expresidente Alberto Fernández. Este esquema ahora sigue vigente con el objetivo, según el texto oficial, de "asegurar la continuidad y eficiencia de los servicios mínimos y esenciales a cargo de las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional".

Desde el PRO, tradicional aliado del oficialismo en algunos temas económicos, surgieron críticas hacia esta decisión. Voces opositoras calificaron la maniobra como una "puerta trasera para evitar controles", al no someter el nuevo presupuesto a la discusión legislativa.

Por su parte, el documento oficial también incluye nuevas obligaciones administrativas. Entre ellas, se establece que cada jurisdicción de la administración nacional deberá presentar informes trimestrales a la Secretaría de Hacienda sobre la evolución de su planta de personal y contrataciones.

Esta decisión llega en un contexto económico tenso, con un presupuesto ajustado que refleja la continuidad de políticas restrictivas y un esquema de gasto público enfocado en lo esencial. La prórroga busca evitar conflictos legislativos en un año que será clave para el gobierno de Javier Milei, cuyo equipo económico enfrenta la presión de estabilizar las cuentas públicas mientras implementa reformas estructurales.

El debate sobre la validez de esta prórroga está lejos de terminar. Si bien la medida tiene respaldo técnico en las leyes vigentes, sectores críticos señalan que el Ejecutivo está forzando los límites legales al no someter el presupuesto al Congreso, consolidando un modelo que podría generar precedentes institucionales riesgosos.

La decisión administrativa se suma a un panorama más amplio, en el que el oficialismo debe gestionar desafíos económicos y políticos complejos mientras avanza en reformas como la privatización de empresas estatales y cambios en los subsidios.