El gobierno de Javier Milei confirmó su intención de avanzar en la privatización de Aerolíneas Argentinas, una propuesta que ha generado amplio debate político y sindical. El mandatario adelantó que, de no prosperar la iniciativa en el Congreso, se procederá a entregar la empresa a sus empleados, aunque ya se habría ofrecido esta alternativa sin éxito. Este plan retoma viejas discusiones en torno al rol de la empresa estatal, el costo que implica para las finanzas públicas y los conflictos que ha provocado con los gremios aeronáuticos.

Uno de los pilares del plan de Milei es un proyecto presentado por el diputado Hernán Lombardi (PRO), que busca declarar a Aerolíneas "sujeta a privatización". La propuesta incluye la autorización para que el Ejecutivo establezca el marco legal para llevar adelante el proceso. Este texto cuenta con el apoyo del bloque macrista y de algunos sectores del radicalismo, aunque la resistencia en el Senado sigue siendo un escollo, especialmente entre legisladores alineados con el kirchnerismo.

El debate sobre la privatización de empresas estatales no es nuevo en Argentina, pero la discusión se ha intensificado con la postura del actual gobierno, que busca reducir el déficit fiscal mediante la venta de activos estatales. Durante la presidencia de Mauricio Macri, la idea de privatizar Aerolíneas se había deslizado tímidamente, pero nunca prosperó debido al fuerte rechazo social y gremial. Ahora, Milei parece decidido a retomar el camino, subrayando la importancia de deshacerse de una empresa que "no es necesaria", citando ejemplos de países como Brasil y Uruguay, que privatizaron sus aerolíneas de bandera.

El panorama político para avanzar con la privatización no es sencillo. El oficialismo necesitaría al menos 129 votos en Diputados y 37 en el Senado para aprobar la ley, algo que actualmente parece poco probable sin el apoyo de todos los sectores de Juntos por el Cambio y algunos aliados en la oposición. A pesar de las conversaciones con radicales y legisladores provinciales, la resistencia en el Senado, especialmente en los sectores del kirchnerismo, sigue siendo un desafío para el Ejecutivo.

Uno de los puntos más polémicos es el enfrentamiento entre el gobierno y los sindicatos aeronáuticos, especialmente la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), liderada por Pablo Biró. En los últimos meses, los gremios han realizado paros y medidas de fuerza que afectaron a miles de pasajeros. Biró acusa al gobierno de empujar el conflicto con el objetivo de capitalizarlo políticamente y justificar la privatización, comparando la situación actual con la década de los '90, cuando la privatización de Aerolíneas dejó secuelas negativas para el país.

El enfrentamiento entre el gobierno y los gremios no se limita a las declaraciones públicas. Recientemente, la Justicia ordenó la reincorporación de tres pilotos despedidos tras negarse a operar un avión con destino a Estados Unidos. La medida fue tomada por la jueza Stella Maris Vulcano, quien falló a favor de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. El conflicto gremial sigue escalando, mientras Aerolíneas apela la decisión y justifica el despido en los daños económicos que la negativa a operar generó para la compañía.

El escenario de traspaso de la empresa a los empleados, planteado por Milei, sigue siendo una alternativa sobre la mesa. Aunque el mandatario afirmó que los trabajadores ya habrían rechazado esta opción, el gobierno no descarta insistir si la privatización no encuentra luz verde en el Congreso. El modelo de traspaso a empleados ha sido utilizado en algunos casos en Argentina, como ocurrió con algunas fábricas recuperadas durante la crisis de 2001. Este esquema suele implicar una gestión cooperativa, donde los trabajadores se convierten en accionistas de la empresa, asumiendo tanto su administración como los riesgos financieros.

Mientras tanto, en las últimas semanas, el Ejecutivo ha mantenido conversaciones con al menos cinco aerolíneas internacionales interesadas en adquirir la empresa, pero no se han brindado detalles sobre el estado de estas negociaciones. Para Milei, el objetivo es claro: desprenderse de Aerolíneas Argentinas, ya sea mediante la venta a una empresa privada o con una transferencia a los empleados, y evitar que futuras gestiones utilicen a la compañía como “herramienta de políticas populistas”, según su creencia.