El gobierno de Javier Milei dio un paso decisivo en su política de privatización al anunciar el proceso de venta del paquete accionario mayoritario de cuatro hidroeléctricas estratégicas de la región del Comahue: Alicurá, Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. La decisión, formalizada mediante el Decreto 895/2024, estipula un plazo de 180 días para que la recientemente creada Agencia de Transformación de Empresas Públicas, en coordinación con la Secretaría de Energía, lleve adelante el concurso público nacional e internacional para la adjudicación de estas plantas.

El decreto fue firmado por el presidente Milei, el jefe de gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo. La normativa establece que las condiciones del concurso deberán incluir contratos de concesión, inventarios, normas de seguridad, manejo ambiental, y pautas sobre la operación durante el período de concesión, entre otros detalles que serán fundamentales para los futuros operadores.

Este proceso marca una continuidad en las políticas de privatización que han generado diversas reacciones en el ámbito político y social. Específicamente, los gobiernos provinciales de Neuquén y Río Negro han expresado reclamos históricos sobre el control de las hidroeléctricas ubicadas en sus territorios. Durante la administración de Alberto Fernández, se había explorado la posibilidad de una gestión estatal de las plantas en conjunto con las provincias, aunque sin éxito. Ahora, con la intervención del gobierno actual, esas expectativas parecen cada vez más lejanas.

Según informó el gobierno, las concesiones de las centrales hidroeléctricas del Comahue están vencidas desde hace años. Chocón, operada por la empresa italiana Enel, venció su concesión en 2022, mientras que Cerros Colorados, en manos de Aconcagua, y Alicurá, gestionada por la estadounidense AES, también están fuera de contrato. Piedra del Águila, operada por Central Puerto, tiene su concesión expirada desde 2023. Sin embargo, estas empresas siguen al mando de las plantas mediante prórrogas temporales, mientras se concreta su futura venta.

A nivel operativo, el decreto incluye una serie de anexos que deberán formar parte de los contratos que firmarán los nuevos concesionarios, asegurando que se cumplan con estándares de seguridad, manejo de aguas, protección ambiental y guardias permanentes, entre otros requisitos. Además, las transferencias necesarias de bienes, personal y contratos serán gestionadas por la Secretaría de Energía, para garantizar la continuidad del funcionamiento de las plantas.

Otro punto relevante es que el gobierno derogó el Decreto 19/2024, que otorgaba a la cartera de Energía la potestad de designar interventores o directores en las empresas con participación estatal. Este cambio normativo refuerza la intención de avanzar en la privatización sin intervención directa del Estado en las operaciones cotidianas de estas sociedades.

Este movimiento, que algunos ven como una señal del compromiso del gobierno de Milei con la desestatización, ha reabierto el debate sobre la soberanía energética en Argentina. Las provincias afectadas, especialmente Neuquén y Río Negro, mantienen su postura crítica frente a la posibilidad de que empresas privadas extranjeras o locales se apropien de recursos naturales considerados estratégicos.

En los próximos meses, se esperan avances concretos en la convocatoria a oferentes nacionales e internacionales interesados en adquirir el control de las hidroeléctricas. La normativa vigente establece que antes de la firma de los contratos, los documentos deberán ser revisados por la Procuración del Tesoro y la Sindicatura General de la Nación. Solo tras la revisión y posibles ajustes, se procederá a la formalización de los acuerdos.