El Pacto de Mayo, firmado en 2024 por Javier Milei y 18 gobernadores, representaba un compromiso para impulsar una serie de reformas estructurales en Argentina. Entre sus principales puntos se encontraba la promesa de un equilibrio fiscal, la reducción del gasto público y la reforma tributaria. Además, se acordaba crear un Consejo de Mayo, un espacio donde el Ejecutivo, los legisladores y las provincias trabajarían de forma coordinada para transformar estas iniciativas en ley. 

Entre los gobernadores que estamparon su firma, destacan Jorge Macri (CABA), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Martín Llaryora (Córdoba), Leandro Zdero (Chaco) y Alfredo Cornejo (Mendoza), entre otros. A lo largo de los meses, la relación de Milei con varios de estos mandatarios provinciales ha experimentado fluctuaciones. 

Por un lado, los gobernadores alineados con Juntos por el Cambio, como Jorge Macri y Alfredo Cornejo, han mantenido un apoyo más estable al gobierno, aunque con diferencias que se han acentuado en temas de gestión y financiamiento. El caso de Cornejo es paradigmático, ya que fue uno de los candidatos para representar a las provincias en el Consejo de Mayo, una posición estratégica dentro del esquema del pacto. Sin embargo, no todos los firmantes han continuado en sintonía con el presidente.

A esto se suma el posicionamiento de Osvaldo Jaldo, quien fue uno de los primeros en firmar y que hoy le brindó diputados que le responden para sostener el veto al financiamiento universitario. Sin embargo, ha tenido tensiones con el Ejecutivo, especialmente en torno a la distribución de fondos federales y la autonomía de las provincias. Otro caso notable es el de Gerardo Zamora (Santiago del Estero), quien sorprendentemente firmó el acuerdo a pesar de su histórico alineamiento con el kirchnerismo. Pero en los últimos meses ha tomado distancia, manteniendo un perfil bajo en las decisiones claves del gobierno de Milei.

Entre los mandatarios que más se han distanciado, Gustavo Sáenz (Salta) ha pasado de ser un firme aliado a cuestionar públicamente algunas de las políticas económicas de Milei, especialmente las relacionadas con la reducción del gasto público, una medida que ha afectado a varias provincias del interior. Además, los debates en torno a la coparticipación federal han sido un tema recurrente de conflicto, ya que varias provincias consideran que el modelo propuesto por el gobierno central no les garantiza los recursos necesarios para su desarrollo.

Otro foco de tensión ha sido la reforma laboral, uno de los puntos más controvertidos del pacto. Gobernadores como Martín Llaryora (Córdoba) y Hugo Passalacqua (Misiones) han expresado su preocupación por los efectos que las medidas propuestas podrían tener en las economías regionales. La falta de acuerdos concretos en este ámbito ha enfriado las relaciones con la Casa Rosada, mientras que otros mandatarios, como Rogelio Frigerio (Entre Ríos), se mantienen en una posición de negociación, buscando preservar la estabilidad en sus provincias.

Por otro lado, Zdero e Ignacio Torres (Chubut) han seguido una línea de colaboración con el Ejecutivo, aunque con ciertas reservas. Ambos gobernadores han sido cautelosos a la hora de criticar abiertamente a Milei, buscando equilibrar sus responsabilidades locales con el apoyo al pacto. Sin embargo, las presiones internas de sus propias legislaturas provinciales y la creciente demanda por una mayor independencia fiscal están poniendo a prueba su lealtad.

En este contexto, la continuidad del Pacto de Mayo sigue siendo incierta. Aunque varios gobernadores siguen alineados con el gobierno, las tensiones se acumulan y las diferencias en cuanto a las prioridades políticas comienzan a fracturar el consenso inicial. La próxima reunión del Consejo de Mayo, prevista para el cierre de año, será clave para evaluar si el compromiso firmado en Tucumán tiene futuro o si se trata solo de un acuerdo simbólico sin proyección a largo plazo.