Después de las internas, las manifestaciones y los reclamos de la Policía Bonaerense, otros sectores comenzaron a levantarle la voz al gobierno de Axel Kicillof. El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires lanzó un comunicado esta semana donde dejó en evidencia el estado preocupante del sistema judicial de la provincia, con un alto porcentaje de vacantes. En ese mismo documento, hicieron hincapié en los “recortes presupuestarios” de los últimos años que produjeron “desfasaje con la inflación” y hasta hablaron de un “vaciamiento” del Poder Judicial.

Desde hace mucho tiempo, los salarios dentro del sistema judicial provincial son ostensiblemente más bajos que los que perciben los magistrados de la justicia federal y de la Ciudad de Buenos Aires. De acuerdo al documento del Colegio, la provincia de Buenos Aires tiene la mayor carga de trabajo del país pero ocupa el puesto 19 entre las 24 jurisdicciones en cuanto a lo salarial.

“El esfuerzo de las y los funcionarios y magistrados, que ha sido reconocido unánimemente y que está reflejado las estadísticas de funcionamiento del Poder Judicial - incluso durante la pandemia - no alcanza evitar que, antes o después, se degrade la calidad del desempeño del sistema si no se soluciona el problema de las vacantes”, marcaron en el documento. Pusieron como ejemplo la situación de los Tribunales de Trabajo, donde hay 42 vacantes entre 69 tribunales que están en funcionamiento.

Además, marcaron que los funcionarios y magistrados trabajaron con sus propios equipos durante la pandemia y que muchos “de los Colegios, Asociaciones y Uniones de magistrados y funcionarios” fueron los que compraron cámaras y equipamiento para poder sostener el teletrabajo, sin obtener ningún tipo de recupero salarial.

El tema de falta de recursos y desbalance salarial es el principal reclamo pero no lo único. A la supuesta falta de partidas presupuestarias para poner en marcha los cargos creados por ley, le sumaron el defectuoso funcionamiento del Consejo de la Magistratura provincial. “Al día de hoy se lleva más de un año sin votar ternas ni poner en marcha nuevos concursos (cuya duración estimada es de dos a tres años cada uno)”, resaltaron. Además, afirmaron que más de 100 cargos quedaron vacantes recientemente.

“El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires exhorta a las instituciones de los tres Poderes del Estado y del sistema de justicia arbitrar las medidas estructurales necesarias para detener este proceso de vaciamiento del Poder Judicial y garantizar a las ciudadanas y ciudadanos bonaerenses el acceso pleno a la administración de justicia”, cierra el comunicado.

El enfrentamiento no llega en el mejor momento. Hace 10 días, el Senado provincial (con mayoría opositora) aprobó 41 designaciones de jueces, fiscales y defensores provinciales sin que el Ejecutivo pudiera revisarlos previamente. Es habitual que, cuando cambia el signo político, los pliegos que quedaron pendientes de aprobación de la gestión anterior salgan del Senado y vuelvan hacia la Gobernación. Lo hizo María Eugenia Vidal en 2016 y a nivel nacional también Mauricio Macri. Incluso Alberto Fernández retiró del Senado pliegos de jueces, fiscales y defensores federales que habían quedado sin tratar.

Lo cierto es que más allá del pedido del Gobernador, el vidalismo hizo pesar su mayoría y aprobó todo lo pendiente. Esto molestó bastante en el oficialismo, que anticipó que se tomará “todo su tiempo” para dictar los decretos que los oficializan en los cargos. Incluso, existe la posibilidad de que algunos nunca sean ratificados, lo que abre una grieta también con el sector judicial: “Hay personas idóneas entre las postuladas que lejos están de este conflicto político”, sostienen.