En agosto pasado, el excandidato a concejal del PRO, Román Gutiérrez, aseguró a través de un video publicado en sus redes sociales que “hay que fusilarla a ella y a todos estos hijos de mil puta, también”.

“Ahí lo tienen a los negros planeros hijos de mil putas defendiendo a la cara de verga, a la conchuda, la hija de mil putas que hay que fusilarla a ella y todos estos hijos de mil puta también. Son cuatro pelotudos, ya se van a morir todos", dijo junto a una gran cantidad de improperios contra la figura de la vicepresidenta.

Gutiérrez es productor agropecuario y referente de la agroindustria. En las últimas elecciones se presentó como candidato a concejal pero no logró ingresar.

Días más tarde, un miembro de la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos de Pergamino denunció la situación y la fiscalía tuvo por acreditado que el imputado realizó las manifestaciones descalificantes hacia la vicepresidenta de la Nación, con el objetivo de incitar a la violencia colectiva, en virtud de lo cual solicitó la indagatoria del hombre.

En este escenario, el juez federal Villafuerte Ruzo analizó las pruebas colectadas, procesó sin prisión preventiva al hombre y lo embargó por la suma de 100 mil pesos. Para así decidir, el magistrado consideró que “al ser el imputado candidato a concejal por Juntos por el Cambio, además de integrar la Comisión de la Sociedad Rural de Pergamino y la Cámara de Contratistas de la Provincia de Buenos Aires, sus manifestaciones alcanzaron un alto grado de publicidad”.

Y agregó que los dichos del hombre “traslucen una actitud irreverente y de desprecio frente a la ley, todo ello sumado al tono provocador e imperativo de las alocuciones que fueron claramente dirigidas al público presente”, lo que “demuestra la idoneidad de sus palabras para generar el peligro requerido por el tipo”. 

En este sentido, el juez federal destacó que el derecho a la libertad de expresión no es absoluto y puede ser objeto de restricciones, plausibles de reproche ulterior, por su ejercicio abusivo.