La Corte Suprema de Justicia tiene cuatro magistrados, (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti) desde 2021 cuando Elena Higthon de Nolasco se jubiló. Esa vacante está disponible desde entonces pero el derrotero para designar cargos judiciales de las máximas autoridades viene desde antes.

Primero hay que mencionar el artículo 99 de la Constitución Nacional en su inciso 4 que impone como requisito para el nombramiento de un magistrado en la Corte con el “acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto”.

En este punto, hay que remarcar la fragilidad numérica del bloque de La Libertad Avanza que cuenta solamente con 7 bancas propias. El máximo de acuerdo alcanzado por el oficialismo para designar las autoridades llegó a 39 senadores. En esa oportunidad todos los bloques opositores por fuera de Unión por la Patria acompañaron la propuesta de la vicepresidenta Victoria Villarruel, aún si llegara a reeditar ese pacto, requerirá de votos de UxP.

Por sus antecedentes como juez federal, y a pesar de haber sido designado bajo el gobierno de Néstor Kirchner, el sentido común dice en la previa que Ariel Lijo no va a tener votos de UxP. La posibilidad de los dos tercios en ese caso es poco probable. El segundo designado, Manuel García Mansilla, podría cosechar acuerdo con algún sector peronista pero parte con una carga negativa: el voto femenino. La Corte quedaría íntegramente conformada por hombres, el oficialismo podría haber sumado adeptos en caso de designar variante femenina.

Desde Diputados, legisladores de espacios opositores se pronunciaron con críticas. La Coalición Cívica se opuso al nombramiento de Lijo con quien tienen una cruzada judicial y Margarita Stolbizer reclamó por el cupo. “Expresamos nuestro firme rechazo a la falta de equidad de género en los roles de liderazgo más significativos de Argentina”, dijo la diputada.

Los antecedentes

En 2015, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, envió el pliego de Roberto Carlés como candidato a ocupar la banca de Raúl Zaffaroni, quien se había ido tras haber cumplido 75 años. Por falta de acuerdo interno, lo retiró. Cuando estaba por finalizar su mandato, propuso a Domingo Sesín y Eugenio Sarrabayrouse para que ocupen los lugares de Zaffaroni y de Carlos Fayt, que aún no se había ido. Es más, el histórico juez se retiró a los 97 años tras la finalización del mandato de CFK.

Ya con cambio de gobierno, Mauricio Macri dio de baja las dos candidaturas y aprovechó la primavera de los primeros meses de gestión para enviar los pliegos de Rosenkrantz y Rosatti (luego de haberlos designado por decreto) y el 15 de junio de 2016 se dio la última votación en el Senado para designarlos magistrados a la Corte. En una votación con el peronismo dividido y el kirchnerismo aislado, el primero obtuvo 58 votos afirmativos y 12 negativos, mientras que el segundo contó con 60 positivos y 10 en contra. 

Fue la única victoria que se pudo llevar de su gestión. Ya en 2018, con la renuncia de Alejandra Gils Carbó a la Procuración general en diciembre de 2017, el expresidente envió el pliego de Inés Weinberg de Roca un 10 de mayo. Su nombre nunca fue puesto a consideración del recinto y quedó interinamente Eduardo Casal, un funcionario de carrera con quien Cambiemos nunca se sintió incomodo.

Para ese mismo lugar, el presidente Alberto Fernández quiso designar a Daniel Rafecas y envió un pliego al Senado que jamás vio la luz siquiera en la comisión de Acuerdos que estaba en manos del kirchnerismo con la senadora Anabel Fernández Sagasti, una de las manos derechas parlamentarias de la ex vicepresidenta. Sin pena ni gloria, y a pesar del apoyo de un sector de Juntos por el Cambio, el cargo nunca pudo ser ocupado por el gobierno del Frente de Todos.

De este antecedente, puede presumirse las razones por las que Alberto Fernández nunca envió un candidato para ocupar la silla vacía en la Corte.