La tensión entre las dos personas más cercanas al presidente trascendió las fronteras de los despachos. Karina Milei y Santiago Caputo ya no pueden acallar las voces que hablan de una feroz interna entre ellos y mientras la mujer permanece en palacio, el tuitero estrella del gobierno está de vacaciones -quizá forzadas- en el sur del país. 

Uno de los motivos de disputa tiene que ver con los negocios a los que pueden acceder en la cumbre del poder político. Aunque los presuntos negociados con los seguros durante el gobierno de Alberto Fernández asomaron como un escándalo, algunos miembros de la administración actual no quieren perder esa tajada. 

De haber querido hacerlo, habrían incluido la desregulación del sistema que obligaba a las reparticiones oficiales a contratar seguros con Nación Seguros en el DNU 70/23 o en la Ley Bases. El botín de Nación Seguros es codiciado desde hace meses por varios integrantes del Gobierno y para ello, previamente, había que despejar el camino de posibles competidores.

La puja política de funcionarios del riñón de Milei por hacerse del negocio de los seguros

Boston Seguros como el pato de la boda

El 16 de abril se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 183 / 2024 en la que la Superintendencia de Seguros de la Nación prohibía a Boston Compañía Argentina de Seguros S.A. a celebrar nuevos contratos de seguros.

La Resolución decretaba la inhibición general de sus bienes por "demora en el cumplimiento de sus obligaciones de pago de montos de condena derivados de sentencias judiciales firmes, y en algunos casos, inclusive resultaría afectado el patrimonio de sus propios asegurados". Además, para entonces Boston Seguros registraba un sinnúmero de cheques rechazados por falta de fondos y pedidos de quiebra en el marco de la Justicia Nacional en lo Comercial.

El 23 de julio se publicó la Resolución 335/2024 en la que finalmente se revocó la autorización de Boston Seguros para operar, y esto implica su disolución automática y su inmediata liquidación forzosa, conforme lo previsto en el Código Civil y Comercial de la Nación y la Ley 19.550.

La debacle no es nueva. En 2020 el Grupo Campici compró la aseguradora Boston, que venía con severos problemas que aparentemente los nuevos compradores no pudieron solucionar. Campici tiene otras aseguradoras de grandes riesgos. 

El grupo liderado por Gonzalo Campici es desde 2018 un tentáculo que compra y vende aseguradoras, dejando en algunas tendales de denuncias que incluyen despidos de trabajadores. De todos modos, también en 2020 fue una de las empresas que además de estar en el negocio del seguro ofertó por OCA, con la intención de hacerse de la empresa de correo. El mismo grupo posee Escudo Seguros, empresa a la que también se le decretó la disolución en abril de 2023.

El grupo Campici es responsable de Caledonia Seguros, que está bajo observación. En marzo de 2023 los inspectores de la SSN tuvieron un extraño accionar: en tres días, inhibió y desinhibió a la aseguradora, luego de haber encontrado varias irregularidades. Caledonia fue una de las empresas en las que estuvo relacionado Alfredo Lijo, el hermano del candidato a la Corte Suprema de Justicia, Ariel Lijo. 

La puja política de funcionarios del riñón de Milei por hacerse del negocio de los seguros

Algunos aseguran que detrás de Boston Seguros y su caída habría estado la mano del viceministro de economía, Juan Pazo, y mano derecha del primo de Santiago, el ministro Luis Caputo. Los primeros días de agosto directivos de Campici se entrevistaron con Santiago Caputo para contarle que la decisión de la Superintendencia de Seguros de la Nación, que dirige Guillermo Plate, tenía que ver con la intención de Pazo de quedarse con la firma. Según el portal La Política Online, la gente de Boston Seguros le habría dicho al asesor estrella que "Boston tiene un crédito por 16 mil millones. El rumor en el mercado es que Pazo pretende liquidarla para manejar la liquidación y administrar esos fondos".

El joven Caputo le habría pedido explicaciones al viceministro, un hombre que tiene intereses propios en el universo de los seguros: no solo fue superintendente de Seguros durante el gobierno de Mauricio Macri sino que creó Invernea S.A, una empresa dedicada a los fideicomisos de actividad agropecuaria en la que invirtieron compañías aseguradoras como Sancor, La Caja, Río Uruguay y Prevención ART. 

Pero otras fuentes, en cambio, afirmaron a Data Clave que fue el propio Santiago quien pergeñó la caída. Quien habría logrado la prohibición de Boston para operar habría sido María Ibarzábal Murphy, Secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo. Ibarzabal, que viene de trabajar en el estudio Cassagne (donde se planeó la ley bases), es del riñón de Santiago Caputo y ocupa el rol que en principio se había pensado para Sturzenegger.

La puja política de funcionarios del riñón de Milei por hacerse del negocio de los seguros

Sturzenegger abre el juego

El miércoles 21 de agosto, pasadas las ocho de la mañana, Federico Sturzenegger publicó en X: “El Decreto 747/24 firmado hoy por el presidente @JMilei, deroga los decretos 1187/12, 1189/12, 1191/12 y 823/21 eliminando los privilegios de Nación Seguros, YPF, Banco Nación y Optar en las contrataciones públicas. Las empresas públicas deben SERVIR a los ciudadanos y NO SERVIRSE de ellos. Si estos privilegios a su vez servían para anidar corrupción o mantener a una casta política deben ser desterrados”. 

X de Fede Sturzenegger

Asimismo, agregó: “Se deroga el nefasto Decreto 853/23 que obligaba a comprarle los seguros a Nación Seguros. Tan grotesco era el sistema que se contrataba a un “broker” para que logre una contratación que era obligatoria por ley. El Decreto 1191/12 obligaba a comprar los pasajes con la unidad básica camporista de Optar SA. El Decreto 1187/12 que obligaba a los empleados públicos a cobrar los sueldos en el Banco Nación impidiendo un ingreso por la gestión de esas cuentas que es un ahorro para el Estado, y el Decreto 1189/12 que obligaba a comprar combustible a YPF sin que el Estado pudiera compulsar precios más baratos. Todos estos decretos implicaban una transferencia de recursos del contribuyente a estas empresas. Eso se acabó.  VLLC!”

El decreto 747/24 publicado este miércoles en el Boletín Oficial y firmado por Milei, Guillermo Francos y Sturzenegger, en su artículo 50, establece que “las empresas en las que el Estado Nacional sea parte accionista no gozarán de ninguna prerrogativa de derecho público ni podrá el mismo disponer ventajas en la contratación o en la compra de bienes y servicios, ni priorizar u otorgar beneficios de ningún tipo, alcance o carácter en ninguna relación jurídica en la que intervenga”.

Esta medida, en medio de la riña interna de distintos sectores del gobierno, suma un conflicto de intereses más en dos facciones que tienen un mismo interés: quedarse con el espacio libre que deja Boston Seguros. 

La puja política de funcionarios del riñón de Milei por hacerse del negocio de los seguros

Disputas por Nación Seguros

En el Saint Catherine Moorland, Santiago Caputo tuvo como compañeros a los hermanos Neuss, herederos de la compañía de gaseosas y de un conglomerado de empresas de energía, financieras e inmobiliarias. Desde entonces mantiene la amistad con Lucila, Germán, Patricio y Juan, con quienes además compartía los veranos de adolescentes en el exclusivo country Martindale, aunque ahora dos de ellos vivan en Miami. 

Asociado con ellos, que gracias a esa amistad están detrás de negocios energéticos, es que Santiago Caputo pretende quedarse con el control de Nación Seguros, un objetivo claro desde que entró a Casa Rosada en diciembre de 2023. Coinciden en la intención los primos Lule y Martín Menem, sobre todo por su vínculo con Osvaldo Giordano y el conocimiento que éste tenía de la trama de contrataciones, cuando dejó expuesta una matriz extendida de comisionistas enganchados a pólizas de la aseguradora del Estado.

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Los Menem creen que detrás del decreto está la mano de Santiago Caputo, enfrentado con Karina Milei quien, a su vez, apoyaría a los riojanos. La medida la anunció el mismo Sturzenegger a las ocho de la mañana del mismo miércoles en que, dos horas después y en el Congreso, se debatiría acerca de los fondos reservados de la SIDE. Martín Menem, presidente de la Cámara, se habría cobrado el favor al dejar caer, sin hacer nada para impedirlo, el DNU de la millonada de pesos que administra Santiago Caputo sin tener que rendir ninguna cuenta

Esto abre un frente que puede hacer que el secretario sin nombramiento termine dando explicaciones en la justicia; es que en tres semanas gastó ochenta mil de los cien mil millones asignados a la SIDE que ahora debería devolver.