"Nada de lo que deba ser estatal, permanecerá en manos del Estado” fue el fallido del entonces ministro de Obras y Servicios Públicos, Roberto Dromi, al anunciar el primer mandamiento del decálogo menemista que marcó el paradigma de la década de los ’90, en la que todo lo privado era superior a lo público. El argumento fue el preámbulo de un descomunal proceso privatizador de empresas estatales y la fusión y disolución de diversos entes públicos, que incluyó YPF, los ferrocarriles, Aerolíneas Argentinas y las empresas de agua, luz y gas. 

En 1991 el Congreso aprobó la ley 24.065, que dispuso el Marco Regulatorio Eléctrico, y estableció los ejes de la reestructuración del sistema energético, que se desintegraría en tres segmentos: uno de generación, uno de transmisión y otro de distribución. La privatización de la empresa estatal Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (Segba) se concretó en julio de 1992 y a partir de ese momento se crearon siete unidades de negocios. Cuatro empresas encargadas de la generación eléctrica y tres distribuidoras: Edesur, Edenor y Edelap, con concesiones otorgadas hasta el año 2087. 

Privatizaciones: Menem, Cavallo, Duhalde y Dromi "Decalogo Menemista"

“La idea original era que las empresas no estén enlazadas, pero a través de los años los tres grupos tuvieron vínculos, tienen injerencia en la distribución y el transporte, y también con la generación eléctrica en distintos puntos del país”, explicó Osvaldo Bassano, director de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc). El plan -cuya ejecución debió haber sido supervisada por el ente estatal creado para controlar el cumplimiento de los compromisos asumidos- incluía la inversión de los privados en obras que permitieran renovar los equipamientos y las conexiones que ya estaban por entonces en déficit. Nada de esto se hizo.

“Hay conexiones de la década de 1940, 1950. Con Edesur y Edenor un poco se modernizaron, pero con parches”, agregó Bassano. Por su parte, el titular del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) Walter Martello, le explicó a Data Clave que la zona sur de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano es “el sector más complicado porque los materiales son obsoletos y cuando se producen los inconvenientes, las reparaciones siempre son parciales”. El funcionario apuntó que “como todos los cables están bajo tierra, cada reparación requiere romper veredas y calles y eso genera complicaciones que es necesario coordinar con las autoridades de cada municipio”.

Mientras imperó la convertibilidad, las empresas facturaban en pesos y giraban dólares que compraban gracias a “la magia del uno a uno”, con destino a sus casas matrices. Pero con el crack del 2001 y la pesificación, las tarifas quedaron desfasadas de los apetitos gananciales de los grupos económicos que las administraban. Y así nacieron los subsidios estatales, para tratar de compensar la “pérdida” de ganancias de las concesionarias. Igualmente, el reclamo empresarial de desregular el cuadro tarifario se mantuvo durante los tres gobiernos kirchneristas, siempre apoyado por la oposición macrista.

Claro que cuando llegó al gobierno en 2015, Mauricio Macri avanzó en la desregulación del mercado energético y produjo el mayor descalabro tarifario que impactó en los bolsillos de millones de usuarios, con incrementos que superaron el 3000%. A pesar de los aumentos, los cortes de luz continuaron durante la gestión de Cambiemos. “Hubo un aumento fenomenal de tarifas, Edesur tuvo años con ganancias, y un golpe durísimo para la población, porque la suba no fue bien segmentada y golpeó a la actividad productiva”, puntualizó Bassano.

“Enel” horno

Edesur pertenece a la empresa Enel, una compañía multinacional del sector de la energía y un operador integrado líder en los mercados mundiales de electricidad y gas. Según su página web, cuenta “con 70 millones de usuarios finales en todo el mundo, cuenta con la mayor base de clientes entre sus competidores europeos y es una de las principales compañías eléctricas de Europa, en términos de capacidad instalada”. El mayor accionista de la compañía es el Ministerio italiano de Economía y Finanzas, con el 23,6% de las acciones.  En Argentina Enel está presente desde hace casi una década y opera en todo el país a través de sus cuatro unidades de negocio: generación, transporte, comercialización y distribución. 

El grupo es titular del 75% de Edesur en forma directa e indirecta. En enero de este año, Francesco Starace, CEO de la corporación italiana, explicó por qué resolvieron dejar la Argentina con un contundente mensaje: "Tienen la regulación más bizarra del mundo". Cuando le preguntaron por la decisión, el ejecutivo señaló: "Así no se puede, vemos que a futuro eso va a funcionar con inversores locales", agregó en una frase que hizo recordar al grupo Eskenazi tomando el control de YPF porque eran "expertos en mercados regulados". 

"El accionista de Edesur decidió, hace un tiempo, vender parte de la empresa. Cuando pasa eso sabemos que se empieza a devaluar y dejan de invertir, no les importa más", dijo el ex secretario de Comercio kirchnerista y pre-candidato presidencial por el partido Principios y Valores Guillermo Moreno, en diálogo con el programa “Argenzuela” (Radio 10).

La actual administración tuvo distintos enfrentamientos con Edesur. En la pandemia, los intendentes pedían que se anule la concesión de la distribuidora. Luego, la polémica bajó. Martello remarcó que "el Estado se puede hacer cargo de una distribuidora, pero tiene que haber una ley, un acto administrativo, no proviene de la nada", explicó. "Y hay que estar atento a que no provoque un diferendo en el Ciadi (el órgano de resolución de conflictos del Banco Mundial", agregó.

¿Y entonces qué hacemos?

Para variar, en la coalición oficialista no hay una postura unificada respecto a cuál debe ser el camino a seguir. Todos coinciden en que la situación de Edesur “no dá para más”, pero las salidas del laberinto se bifurcan a la hora de preguntarse cómo se sale. Hay sectores del Frente de Todos que directamente postulan la necesidad de estatizar el servicio. “Necesitamos un sistema más manejado por el Estado, que le restará la nocividad que provocó la introducción del concepto de mercado sin controles en los servicios públicos", explicó a este portal un diputado del oficialismo ligado a los movimientos sociales.

El ENRE presentó esta semana una demanda penal contra los directivos de Edesur para que “respondan por la malversación de los fondos y los daños ocasionados por la falta de inversión que originan las deficiencias evidentes en el servicio”, que recayó en el juzgado federal de Julián Ercolini. Pero claramente eso es una medida defensiva que no resuelve el problema de fondo. “La empresa controlante ya anunció que se retira antes de fin de año y que ya puso a la venta su porcentaje del paquete accionario, algo que no preveemos que ocurra antes del invierno, cuando seguramente volveremos a tener un pico de demanda que va a originar nuevamente inconvenientes en la prestación del servicio y es lo que debemos evitar”, le dijo a Data Clave una fuente de la Secretaría de Energía.

Desde los despachos oficiales visualizan dos caminos: “uno sería enviar un proyecto al Congreso proponiendo quitarle la concesión a Enel, volver a ofrecer el ingreso de otros inversionistas y retener un porcentaje mayor de las acciones para tener más control estatal de la compañía; el otro podría ser aguardar la llegada de un nuevo grupo pero intervenir parcialmente algunas áreas de la empresa para garantizar la prestación de servicio, porque está claro que esta gente no tiene la más mínima voluntad de hacer las cosas bien”, detalló el funcionario consultado.