"Recaudar y aguantar": el plan de Cristina Kirchner para financiar el retorno del peronismo al poder

“Hacer caja” para financiar “el proyecto” es un concepto intrínsecamente ligado a los “usos y costumbres” de buena parte de la dirigencia argentina. A estas alturas, nadie discute que para hacer política, es necesario contar con fondos que sostengan la plataforma de lanzamiento de cualquier plan para gobernar el país. Tal vez el exponente máximo de ese pensamiento fue Néstor Kirchner. Cuenta la leyenda que una tarde de abril de 1976, antes de cumplir el primer aniversario de casados, le dijo a Cristina en la galería de la casa platense de su suegra: “Necesito ser abogado para hacer plata porque quiero ser gobernador de Santa Cruz”. Tan mal no le fue.

Un ex funcionario que sobrevivió a los tres gobiernos  kirchneristas de la “década ganada” solía afirmar que "a Néstor sólo le interesaban la política y la guita vinculada al poder porque sostenía que si sos un seco, no te dejan sentar a la mesa grande". En su opinión, el expresidente "asociaba el dinero únicamente al poder, no lo disfrutaba, no se compraba pilchas de la puta madre, ni vivía viajando, ni comía en restaurantes de alta gama, ni andaba en autos carísimos. Él siempre tuvo una vida relativamente austera".

Javier Milei emprendió una decidida cruzada contra los fondos que el Estado nacional distribuye entre las provincias por dos razones fundamentales: la primera (y la más publicitada) tiene que ver con la necesidad imperiosa de reducir el déficit fiscal, que parece haberse transformado en el leitmotiv principal de su gestión; la segunda (y no por ello, menos importante), es cercenar recursos con los cuales los mandamases provinciales cimentan sus respectivas construcciones políticas. 

Desde su despacho en el Instituto Patria, Cristina Kirchner monitorea con mucha atención los movimientos beligerantes del gobierno mileista contra los gobernadores y mantiene reuniones y conversaciones a diario para analizar los pasos a seguir frente “a la sequía” a la que el Presidente “somete a las provincias” para “negociar en condición de superioridad un nuevo Pacto Fiscal”, explicaron a Data Clave desde el entorno de “la Jefa”.

La maniobra incluye una “trampa extorsiva” -al decir de varios legisladores de UxP- lanzada con habilidad el viernes por el líder libertario que consiste en supeditar la firma del ampulosamente denominado “Pacto de Mayo” -cualquier similitud con el Consenso de Washington NO es mera coincidencia- a la aprobación de un remozado proyecto de Ley de Bases con el que LLA piensa insistir, apoyado en un sector del PRO y del radicalismo.

Por eso -desde la perspectiva del kirchnerismo “paladar negro”- se hace imprescindible lograr un acuerdo parlamentario para recaudar y hacer frente a la crisis que viene. Entre las propuestas para las que estarían buscando voluntades figuran: un nuevo fondo federal de la soja, la coparticipación del impuesto PAIS y reflotar el FONID (Fondo Nacional Incentivo Docente) que quedó sin efecto en diciembre y el actual gobierno no reinstauró. “Es necesario dejarse de joder y armar las leyes que dijo la Jefa para recaudar y aguantar”, dijo uno de los dirigentes que más frecuenta las oficinas de la calle Rodríguez Peña.

Coparticipación ¿y después?

La coparticipación federal es el sistema mediante el cual el Gobierno central distribuye parte de la recaudación de algunos impuestos nacionales entre las provincias. Se trata de transferencias que se realizan de forma automática y a diario. Es decir, no requieren de una autorización previa ni son discrecionales, dado que se coparticipan a medida que los fondos ingresan a las cuentas del Estado nacional de acuerdo a un sistema de reparto preestablecido. 

La distribución no es caprichosa. Está regida por una ley aprobada en 1988, donde se dispone que, del total de impuestos coparticipables, el 42,34% se los queda el Gobierno nacional, el 56,66% se reparte entre las provincias de forma automática, y el 1% se reserva para el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que también se reparte entre las jurisdicciones. Esta es la llamada “coparticipación primaria”. Por su parte, los ATN son transferencias no automáticas o “discrecionales”, dado que se distribuyen según la voluntad del Ejecutivo nacional, pero sin seguir ningún criterio ni prioridad establecido de antemano. 

Luego está la “coparticipación secundaria”, que define lo que se distribuye entre las provincias. Quienes reciben un mayor porcentaje de recursos son la Provincia de Buenos Aires (21,3%), Santa Fe (8,7%), Córdoba (8,4%), Chaco y Entre Ríos (ambas con 4,7%) y Tucumán (4,6%). Los porcentajes no están establecidos por criterios demográficos o de extensión territorial, sino que fueron definidos “políticamente” al momento de la aprobación de la ley.

Por más que la base sean los porcentajes dispuestos en 1988, hay leyes especiales que modificaron en la práctica esas proporciones, principalmente mediante la creación de nuevos impuestos o fondos complementarios. Modificar la distribución actual de esos fondos no es tarea sencilla, ya que requiere de la aprobación de todas las legislaturas provinciales.

El plan para “recaudar y aguantar”

El kirchnerismo sabe que, para vertebrar una estrategia nacional, necesita que las referencias provinciales del peronismo no se arrodillen frente a la Casa Rosada mendigando financiamiento para pagar las cuentas. Por eso su principal dirigenta -mucho más activa de lo que muchos suponen- dedica buena parte de sus días a insistir con la aprobación de tres iniciativas que “fortalezcan las arcas provinciales” y le den a los gobernadores “independencia para decidir sin el peso de la billetera nacional”.

Coparticipación del Impuesto PAIS

En consonancia con este concepto, la diputada nacional de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz había afirmado (en pleno debate por la ley Ómnibus y antes de su fracaso) que “el único artículo que vale la pena” es la coparticipación del Impuesto PAIS y remarcó que "fue la lucha de los gobernadores". 

Se trata de una batalla crucial y de fondo, que quedó desactivada tras el frustrado plan oficial para aprobar el mamotreto completo, pero que podría volver como iniciativa independiente, de la mano del kirchnerismo. De acuerdo con las previsiones para este año el Impuesto Pais recaudará ocho billones de pesos, por lo que un esquema de coparticipación le dejaría a las provincias entre 1,6 y 2 billones de pesos.

“Es razonable y natural que los gobernadores busquen alternativas para que el Gobierno nacional lleve adelante un acuerdo fiscal que evite que el mayor ahorro que el sector público tiene que hacer, recaiga sobre los gobiernos subnacionales, toda vez que este Gobierno se hace de recursos que no coparticipa”, había coincidido durante esas aciagas jornadas de debates y rosca Rodrigo de Loredo, el jefe del bloque UCR.

Coparticipación de retenciones

En 2009, tras los encarnizados enfrentamientos entre las organizaciones rurales y el kirchnerismo por aquel también frustrado proyecto basado en la Resolución 125, el gobierno de Cristina impulsó el Fondo Federal Solidario (Fo.Fe.So.), una “caja” financiada con el 30% de los derechos de exportación cobrados a las exportaciones de soja y que se transfería, de manera automática, a las provincias, en base a los índices de coparticipación; y que las provincias también tenían que derivar un 30% a sus municipios.

El apodo se lo ganó rápidamente, Fondo Sojero, que también tenía una particularidad en cuanto a su destino: su recaudación no podía utilizarse para gastos corrientes, sino que debía ser invertido en obras de infraestructura. La estrategia sirvió para romper la alianza entre el campo y los gobernadores por el malestar generado a raíz de la elevada alicuota de retenciones que, por entonces, alcanzaba el 35%.

La normativa recién se derogó en agosto de 2018. Pero ahora volvió al ruedo, de la mano del diputado Máximo Kirchner, quien presentó un proyecto de ley para crear lo que ahora se denominaría Fondo Federal para el Desarrollo Nacional, y que también tendría como destino financiar obras de infraestructura en provincias y municipios.

“La propuesta es que sin aumentar la carga tributaria sobre el campo, que en vez del 30, sea del 60% de lo que recauda el Gobierno por retenciones a la soja lo que se destine a este fondo”, explicó a este portal un colaborador del legislador. Además, no se repartiría en función de los índices de coparticipación, sino de acuerdo al siguiente esquema:

• un 10% de manera igualitaria entre todas las provincias. 
• un 35% de acuerdo a la población provincial, en base a los resultados del censo 2022.
• un 35% distribuido según el porcentaje de la población de cada provincia en hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) existente en cada jurisdicción, respecto al total de la población en hogares con (NBI) en todo el país obtenido del último Censo.
• Un 20% distribuido entre las provincias en función del total de las toneladas de soja producidas en cada jurisdicción, en relación con el total de toneladas de soja producidas a nivel nacional, según los últimos datos disponibles de la Dirección de Estimaciones Agrícolas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Este último ítem sería una de las principales novedades, ya que de alguna manera se cumpliría el reclamo que hace años mantienen las principales provincias productoras de soja sobre la gran cantidad de dinero que se va de sus territorios y no vuelve en obras.

Recuperar el fondo de incentivo docente

En Diputados ya hay cinco proyectos para reponer el Fondo Nacional de Incentivo Docente FONID y, si se logran aunar un texto en el Congreso, tendrían los dos tercios para aprobarlo sobre tablas.

Además de la iniciativa presentada por el hijo de la expresidenta, también hay propuestas del radical mendocino Julio Cobos (UCR), de Ariel Rauschenberger (UP), de Margarita Stolbizer (Hacemos Coalición Federal) y de Romina del Plá (Frente de Izquierda).

Se trata de una decisión de enorme impacto que ya que genera una estocada en el financiamiento de la educación, especialmente la pública, justo en los días previos al inicio del ciclo lectivo, motivo por el cual la comunidad docente ha iniciado un plan de lucha que ya tuvo un paro general el lunes pasado y prevé otro para este lunes.

En este contexto de extrema susceptibilidad y preocupación, se multiplicaron los proyectos de ley que buscan revertir la decisión de Milei y prorrogar el FONID por un plazo de entre dos y cinco años. El plazo de aplicación está vencido desde el 1 de enero pasado, si bien las leyes que lo contemplan, la 25.053 de 1999 y la 26.075 de Financiamiento Educativo (2006) se encuentran vigentes.

La resistencia bonaerense

Axel Kicillof está furioso porque Milei eliminó  el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires, creado también por un decreto de la administración de Alberto Fernández –luego ampliado por una ley del Congreso–, con el que buscó compensar en plena pandemia a la provincia en el reparto de la coparticipación. 

Solo en febrero, la provincia perdió una recaudación de $40 mil millones a causa de esta decisión del gobierno nacional. De acuerdo a un informe publicado por la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto anual será considerable: el organismo estimó en $873.765 millones la quita que padecerán las arcas bonaerenses.

Axel no se quedó quieto: además de la demanda presentada ante la Corte Suprema de Justicia, elevó a la Nación cinco reclamos administrativos por deudas y recortes de fondos, que incluyen la no ejecución de convenios del Servicio Penitenciario Bonaerense; otro que responde a la falta de pago en el Servicio Alimentario para comedores escolares; un tercer reclamo que corresponde al Fondo Compensador del Transporte; un cuarto pedido por el Fondo de Incentivo Docente (FONID) y finalmente otro reclamo por el no pago de transferencias acordadas en el Consenso Fiscal y deudas por los meses de noviembre y diciembre del año pasado y enero de 2024, relativo al Fondo para el Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires.

“Estamos ante un presidente que ha decidido reconfigurar un Estado. Se roba los recursos de las provincias. Para ser claros con esto: no son recursos ni de un gobernador ni de un gobierno, son del pueblo de la provincia de Buenos Aires”, planteó Kicillof hace días en un acto que organizó en La Plata para anunciar que Buenos Aires reclamará ante la Corte Suprema de Justicia la restitución del Fondo de Fortalecimiento Fiscal.