La situación sociolaboral de los últimos años fue uno de los bloques más sólidos de la gestión económica, a pesar de un contexto macro que dista de ser ideal. Después del impacto de la pandemia los puestos de trabajo se recuperaron rápidamente, volviendo a récords históricos. Aun así, son múltiples las asignaturas pendientes. El mercado continúa con una marcada segmentación según la calidad del empleo y el poder adquisitivo de los salarios no logró revertir una tendencia a la baja que ya acumula seis años. La posibilidad de modificaciones estructurales del régimen laboral parece bloqueada por el año electoral.

Los números que contabiliza SIPA marcan 28 meses consecutivos con creación de empleo. Sobre fines del año pasado se volvió a superar la marca de los 13 millones de puestos de trabajo registrados, con un crecimiento del 8,5% acumulado desde fines del 2019. Algunas de las actividades más dinámicas por contribución al PBI también verifican una buena tendencia en el plano laboral. Por caso, el rubro de Comercio y Reparaciones ya tiene más de 1,2 millones de trabajadores registrados, con una suba del 5,6% desde 2019.

La industria trepa a 1,18 millones y sube 5,2% en cuatro años. Claro que este buen desempeño es heterogéneo en su composición. Mientras que el total de monotributistas consolidó un aumento de casi 20% en los últimos cuatro años, la cantidad de trabajadores privados en relación de dependencia solo subió 2,9%. El vaso medio lleno es que el empleo no para de subir. El vaso medio vacío es que la calidad de ese empleo hoy está mayormente precarizado.

El principal driver de la demanda de empleo sigue siendo el nivel de producción. Qué tan vibrante o aplacado está el mercado interno para determinado contexto. Tras dos años de recuperación económica el PBI es 4,7% mayor al del año 2019. El crecimiento fue bastante homogéneo entre sectores, pero tuvo principal foco en actividades mano de obra intensivas como el comercio (+13,7%), la industria liviana (+11,7%) y la construcción (+6,2%). Las políticas públicas en el marco de la emergencia sanitaria contribuyeron a amortiguar el desplome del consumo en el momento más crítico de la emergencia sanitaria.

El ATP (para formales), el IFE (para informales), la prohibición temporal de despidos, la doble indemnización, además de alivios en las cargas fiscales y exenciones tributarias locales, constituyeron un conjunto amplio de medidas para evitar una crisis de empleo. Por las características de nuestro mercado de trabajo, la recuperación de los puestos perdidos se extendió en una mayor cantidad de meses, pero la caída consolidada fue menor que en las economías comparables. Las barreras regulatorias operan como bloqueo parcial en un mercado laboral bastante más rígido que el promedio de la región.

La tasa de salida (bajas como porcentaje del total de ocupados) se mantiene en línea con el promedio de las últimas décadas, entre el 2% y el 2,5%. Las encuestas cualitativas sobre los empresarios marcan estabilidad en las expectativas sobre la evolución de su dotación de personal. La proporción de los que esperan ampliar su nómina de empleados alcanzó el 4,3% en la última medición, superando en más de un punto los registros de fines del año 2023.

De salarios y reformas

Surge de la estadística pública del Ministerio de Trabajo que 31,1% de las empresas realizaron búsquedas laborales en el primer trimestre del año. Este porcentaje contrasta contra un 24,4% promedio en el quinquenio previo. Los datos prospectivos ilustran que la economía está lejos de un escenario colapso laboral. A pesar del impacto de la sequía y la incertidumbre del año electoral, el escenario más probable sigue siendo un crecimiento suave y estable de la demanda de empleo, como ya se viene verificando desde el inicio del rebote en el 2021. El debate sobre el régimen laboral siempre está presente en los momentos electorales.

Hoy todo el espectro opositor plantea la necesidad de reformas de la legislación vigente. Las vertientes soft apuntan solo a mitigar la litigiosidad en el mundo del trabajo, que compromete patrimonialmente a las empresas y genera incertidumbre por los pasivos contingentes. Las posiciones más radicalizadas impugnan integralmente la Ley de Contratos de Trabajo y proponen una flexibilización plena de la normativa laboral.

Por el lado del oficialismo, no hay objeciones de fondo al funcionamiento del mercado de trabajo, pero sí una preocupación creciente por intentar encuadrar las nuevas formas de empleo (plataformas, gig economy, entre otros) que tienen dificultades de inserción plena de derechos. En cualquier caso, no parece haber lugar para reformas legislativas en una primera etapa del próximo gobierno. Serán debates que irán madurando en el tiempo, a una velocidad dependiente de los resultados y el saldo de la estabilización macro, que pasará a ser prioridad.

Otro aspecto pendiente es la recuperación de la capacidad de compra de los salarios, que era uno de los pilares del compromiso electoral de este Gobierno. La retracción de este período fue reducida, con un 5,1% promedio contra la inflación. Contrasta significativamente contra los casi 20 puntos de poder adquisitivo perdidos durante la administración anterior, concentrados en el último bienio de crisis devaluatoria.

La dinámica de estos últimos años fue asimétrica entre los diferentes grupos. Desde diciembre de 2019 a la fecha el sector privado registrado sufre un retroceso del -1,4% real, mientras que el sector público pierde - 0,8% real. Son bajas poco relevantes en relación al segmento no registrado, que se desploma un 22,2% acumulado contra la inflación.

Con todo, el efecto neto de la creación de empleo de estos años (significativamente al alza) y la merma de salarios reales (levemente a la baja) determinó un crecimiento de la masa salarial, que a la fecha escala a un 5% en relación a fines del 2019. Este saldo de la masa salarial no alcanza a explicar el crecimiento del consumo.

Otros factores pueden ser el aumento de la circulación del dinero por la inflación y el subregistro propio de la informalidad creciente. En los últimos días volvió el debate sobre la necesidad de otorgar una suma fija para todos los asalariados en relación de dependencia. Los meses previos fue resistido por los gremios con capacidad de negociación, sobre los cuales la medida representaría una distorsión de escalas. Habrá que esperar. Es un hecho que una recuperación de los salarios tiene como prerrequisito la estabilidad macro y eso va a necesitar un plazo de maduración conforme se implemente un plan integral de estabilización.