Hubo un tiempo que no fue hermoso y que en la Argentina existía la pena de muerte. La última vez que se aplicó para delitos comunes fue en 1916, cuando se fusiló a dos condenados por homicidio donde estaba la vieja penitenciaría nacional, en el actual espacio que ocupa la Plaza Las Heras.

Dictadura mediante, de todos modos, se continuó aplicando por motivos políticos, como lo fueron los fusilamientos del 9 de Junio de 1956 a los líderes del movimiento encabezado por el general Juan José Valle y que Rodofo Walsh relató en Operación Masacre, respecto de los civiles ajusticiados en un basural de José León Suárez.

Pese a los adalides de la mano dura, en la mayor parte de la sociedad argentina existe un consenso para que la pena máxima no se vuelva a aplicar. Pero no es así en todo el mundo, donde los estados siguen matando a ciudadanos por diversos delitos.

Así lo advierte un informe de Amnistía Internacional, que recopila las ejecuciones que se realizan en todo el mundo desde 2010, con la intención de crear conciencia para que los países dicten la abolición de esta práctica aberrante.

“Se sabe que el año pasado se llevaron a cabo al menos 579 ejecuciones en 18 países, lo que supone un aumento del 20% respecto al total registrado en 2020⁠. Gran parte de este incremento correspondió a Irán, que ejecutó al menos a 314 personas (frente a las 246 de 2020), su mayor número de ejecuciones desde 2017. Esto se debió, en parte, a un notable aumento de las ejecuciones relacionadas con las drogas, lo que supuso una flagrante violación del derecho internacional, que prohíbe el uso de la pena de muerte para delitos distintos a los que impliquen homicidio intencional. Mientras tanto, en Arabia Saudí se duplicó con creces el número de ejecuciones, una sombría tendencia que continuó en 2022 con la ejecución de 81 personas en un mismo día en el mes de marzo”, resume el trabajo de la organización dedicada a la defensa de los derechos humanos.

“Tras el descenso de sus cifras de ejecuciones en 2020, Irán y Arabia Saudí volvieron a incrementar el uso de la pena de muerte durante el año pasado, llegando a violar sin reparos las prohibiciones establecidas en el derecho internacional de los derechos humanos. Su afán por poner a trabajar al verdugo no parece que haya remitido en los primeros meses de 2022”, dijo Agnés Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

El informe de Amnistía sostiene que muchos estados siguen aplicando la pena de muerte no sólo en casos de delitos comunes, sino por motivos políticos y con juicios que carecen de las garantías más elementales para las defensas. La “vuelta a la normalidad” tras la pandemia por el coronavirus en todo el mundo durante el 2020, generó también que volvieran a crecer las ejecuciones estatales durante el último año.

Vuelven a crecer casos de pena de muerte en el mundo (y cuándo se aplicó en la Argentina)

Pena de muerte en la Argentina

La pena de muerte fue abolida por primera vez por la Asamblea del Año XII en las Provincias Unidas del Río de la Plata, aunque luego se volvió a aplicar en la Argentina para delitos comunes y disputas políticas en varias oportunidades, hasta que una ley del Congreso ordenó su abolición definitiva en 2008.

Aunque la Constitución de 1853 prohibió la pena de muerte y la provincia de Buenos Aires hizo lo propio en 1868, fue reimplantada en el Código Penal que se sancionó en 1886.

Se aplicó entonces por última vez para delitos comunes en la mañana del sábado 22 de julio de 1916, cuando los calabreses Francisco Salvatto y Giovanni Lauro fueron fusilados en el patio de la Penitenciaría Nacional.

Los dos inmigrantes fueron culpables del homicidio a cuchilladas de Frank Carlos Livingston, en lo que se conoció en la prensa de la época como “El crimen de la calle Gallo 1680”, en referencia al domicilio de la víctima, donde encontró la muerte.

Livingston, que era contador del Banco Hipotecario, amante de las carreras de caballos y un hombre de un pésimo carácter, fue asesinado el 20 de julio de 1914, en el hall de su departamento, en Barrio Norte.

En lo que en un principio parecía un homicidio en ocasión de robo, tan habitual en estos tiempos, no era tal. Varios detalles llamaron la atención de los detectives, por ejemplo que algunas pisadas con sangre iban hacia el interior de la casa. O que a la víctima le faltaba dinero, pero no todos los objetos de valor que tenía en la ropa. Además, los homicidas habían olvidado los cuchillos que usaron en el crimen en el lugar, pero estaban limpios. Además eran muy característicos, como los que se utilizaban para filetear pescados.

La tarea del comisario Samuel Ruffet, permitió descubrir la trama detrás del horrendo crimen. La esposa de la víctima, Carmen Guillot de Livingston, con la ayuda de su empleada Catalina González, había contratado a los asesinos.

Catalina había tenido un romance con uno de los calabreses. Su patrona estaba harto de los golpes, el desprecio y la tacañería de su marido: apenas le daba dinero para mantener a sus cinco hijos. Entre las dos planearon el crimen. Hasta que Ruffet dio con los sospechosos. La empleada confesó cuando fue interrogada por primera vez. Guillot fue condenada a prisión perpetua y Catalina recibió 15 años. Francisco Salvatto y Giovanni Lauro murieron bajo las balas de los penitenciarios.