El salario docente se incrementó un 19% respecto de los $420.000 establecidos en agosto del año pasado. Sin embargo, la suba se ubica por debajo de la inflación acumulada en el mismo período, lo que generó un fuerte rechazo de los gremios del sector. La medida se definió de forma unilateral, luego de que la Comisión Negociadora del Convenio Marco no llegara a un consenso en la reunión que mantuvo a mediados de febrero.

Según la resolución firmada por el secretario de Educación, Carlos Torrendell, el nuevo piso salarial aplica a un maestro de grado común con jornada simple y sin antigüedad o su equivalente en horas cátedra. También establece que este monto será la referencia para las transferencias a las provincias adheridas al Programa Nacional de Compensación Salarial Docente.

El texto oficial argumentó que la medida busca garantizar un salario base para los educadores en todo el país. "Refleja la decisión política del Consejo Federal de Educación y del Gobierno Nacional de asegurar que ningún docente perciba una retribución inferior a la fijada", sostiene la normativa. Sin embargo, los sindicatos cuestionan que la determinación se haya realizado sin consenso y sin una nueva convocatoria a la mesa paritaria.

En el encuentro de febrero, participaron los gremios CTERA, AMET, CEA, SADOP y UDA, además de funcionarios del Ministerio de Trabajo y el Consejo Federal de Educación. Desde el sector sindical insistieron en que el diálogo fue insuficiente y que el Gobierno no atendió sus reclamos. La cifra que reclamaban los gremios no se detalló en el documento, pero la postura general era que el ajuste salarial debía superar la inflación.

El impacto de la medida varía según la jurisdicción. En provincias como Buenos Aires, donde un maestro de grado ya percibe un salario neto superior a $591.000, la suba no generará cambios en los haberes. 

Ante la falta de acuerdo, se espera que los sindicatos convoquen a medidas de fuerza en los próximos días. CTERA, el gremio docente mayoritario, ya advirtió que evaluará una nueva convocatoria a paros. En este contexto, el conflicto con el sector educativo podría profundizarse, a la espera de una respuesta del Ejecutivo.