El fiscal federal a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°1 de la ciudad de Buenos Aires, Ramiro González, y la cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), Alejandra Mángano, solicitaron al juez Sebastián Casanello, la elevación a juicio de una causa en la que se investiga a una organización criminal dedicada a explotar sexualmente a mujeres en “estudios webcam”.

La causa se inició en septiembre de 2021 a raíz de una denuncia realizada por una organización no gubernamental que explicó en su presentación que había asistido a un grupo de mujeres que solicitaron su ayuda. 

En esa oportunidad, sostuvo la entidad denunciante, las jóvenes manifestaron haber sido víctimas de explotación sexual luego de haber participado como “modelos web cam” de la empresa “Argentina Studios”.

A raíz de esto, se pudo identificar a los imputados, los “estudios webcam” y los diferentes hoteles vinculados con las maniobras ilícitas. El 13 de septiembre pasado, la fiscalía y la PROTEX solicitaron una serie de allanamientos en la ciudad de Buenos Aires y en Rosario, provincia de Santa Fe.

Cómo operaban los explotadores

Según consta en la investigación, la organización criminal se encargaba de captar a las víctimas a través de una oferta laboral engañosa que se publicaba en páginas web y redes sociales. La fiscalía remarcó que, a través de slogans como “sé parte de esta empresa, no lo sueñes, vivilo”, los imputados pretendían dotar a su propuesta de “profesionalidad” y “legalidad”. 

Así engañaban a sus víctimas ofreciéndoles grandes ganancias económicas en dólares por supuestas transmisiones eróticas durante jornadas de 8 horas, capacitaciones, libertad en los contenidos de las transmisiones e incluso fama. Luego de entrevistarlas, las invitaban a un hotel -administrado por los líderes de la organización criminal- donde se concretaba una “entrevista personal”, cuyo objetivo era perfeccionar la propuesta engañosa otorgándole una apariencia de “legalidad”.

Allí celebraban un “contrato de colaboración” en donde estaban estipuladas las presuntas condiciones contractuales, que contemplaban la extensión de la jornada laboral y la salvedad de que la parte empleadora no podía impartirle directivas ni ejercer sanciones.

Finalizado el proceso de captación, las víctimas comenzaban la etapa de “capacitación” o “coaching”, mediante la cual los imputados obtenían información personal, como sus miedos y vulnerabilidades, para posteriormente utilizarla en contra aquellas. A su vez, les asignaban un seudónimo o “personaje” para identificar su perfil en las plataformas, y el hotel o estudio donde realizarían las transmisiones.

En ese contexto, les presentaban a las personas denominadas “monitores”, quienes se encargaban de controlar en simultáneo las transmisiones que producían las víctimas, instándolas a que lleven a cabo actos de índole sexual e interactuando con los “clientes” o “usuarios”.

Según consta en el requerimiento de elevación a juicio, para lograr su cometido los imputados comenzaron a modificar las condiciones propuestas a las víctimas, exigiéndoles la realización de actos de índole sexual cada vez más explícitos en contra de su voluntad, tanto durante las transmisiones en vivo como en sesiones fotográficas. 

“Estas imágenes y videos quedaban bajo el dominio exclusivo de los ‘estudios webcam’ por lo que no solo las comercializaban una y otra vez sin ningún tipo de control, sino que también las podían usar para extorsionar a las víctimas con su difusión”, detallaron los fiscales en su dictamen. “Toda esta actividad -esto es, la explotación sexual vía streaming- se desarrolló bajo el control directo de los imputados”, agregaron.

Para sostener el sometimiento de las víctimas y su explotación, los imputados las denigraban con insultos, las incitaban a consumir alcohol y estupefacientes, las responsabilizaban por la falta de generación de ganancias y las endeudaban con la organización a modo de “inversión”, exigiéndoles la compra de lencería, indumentaria, cremas y vibradores, cuyo valor en dólares era descontado de sus ingresos.

La investigación permitió determinar que la explotación sexual de las víctimas no se limitó al “negocio sexcam”, sino que incluyó también “encuentros sexuales presenciales/pases” con personas del entorno de la organización. González y Mángano atribuyeron a uno de los acusados -quien oficiaba de “monitor”- el haber sometido a una de las víctimas a un aborto, sin su consentimiento, y a transmitirlo vía streaming con el propósito de incrementar las ganancias de la organización.